Primer triunfo de COVIAR en su disputa con Nación
Un fallo del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza suspendió los efectos de la resolución que buscaba eliminar el financiamiento obligatorio del Plan Estratégico Vitivinícola. La medida cautelar permitirá a la entidad volver a cobrar las contribuciones mientras se resuelve el fondo de la disputa.
La disputa entre la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo con resultado favorable, al menos por ahora, para la entidad que coordina el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI). La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por la corporación y dejó sin efecto, de manera provisoria, la resolución oficial que buscaba modificar el sistema de financiamiento del organismo.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza en el marco de la causa iniciada por COVIAR contra el Estado nacional. Como consecuencia, la entidad recuperó la facultad de exigir el pago de las contribuciones obligatorias previstas por la ley que sostiene el funcionamiento del PEVI.
La resolución judicial tendrá vigencia inicial por tres meses, plazo durante el cual se analizará la cuestión de fondo planteada en el expediente. Mientras tanto, la corporación podrá reclamar los aportes que quedaron pendientes desde el 5 de mayo, fecha en que comenzó a regir la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura.
La controversia se originó cuando el Gobierno nacional impulsó una modificación del esquema de financiamiento de COVIAR con el objetivo de eliminar el carácter obligatorio de las contribuciones o convertirlas en voluntarias. Frente a esa decisión, el directorio de la entidad resolvió acudir a la Justicia para defender el mecanismo establecido por la Ley 25.849.
La presentación judicial contó además con el respaldo de varias provincias vinculadas a la actividad vitivinícola, entre ellas San Juan, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Entre Ríos, además de entidades empresarias que representan a bodegas y elaboradores de mosto.
Tras conocerse la decisión judicial, COVIAR comenzó a comunicar formalmente a las bodegas la reanudación del sistema de cobro. En ese marco, recordó que continúan vigentes tanto las contribuciones obligatorias como los mecanismos previstos para sancionar incumplimientos.
En una comunicación enviada al sector, la entidad sostuvo: "Se informa que, tanto el régimen de las contribuciones obligatorias como el procedimiento de paralización de trámites por ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para los supuestos de incumplimientos, institutos previstos en los Arts. 10 y 13 de la Ley 25.849, se encuentran plenamente vigentes".
El fallo judicial dispuso tres medidas concretas. En primer lugar, ordenó "suspender en forma inmediata la aplicación de todas las normas contempladas en la Res. SAGyP N° 55/2026 mientras se sustancia el presente amparo".
Además, instruyó al Instituto Nacional de Vitivinicultura a continuar suministrando a COVIAR la información necesaria para determinar quiénes deben realizar los aportes obligatorios previstos por la legislación vigente.
Por último, la resolución dispuso "la continuidad de la aplicación del Art. 13 de la Ley 25.849 respecto de los incumplimientos de las contribuciones obligatorias, tanto las que se hayan devengado con anterioridad al 5/5/2026, como las que se devenguen con posterioridad, mientras esté vigente la protección cautelar".
La decisión judicial representa un alivio para la corporación y para los sectores que respaldan el Plan Estratégico Vitivinícola, ya que garantiza temporalmente la continuidad de una de sus principales fuentes de financiamiento. Sin embargo, la controversia está lejos de concluir. El debate sobre la validez de la resolución impulsada por el Gobierno y el futuro del sistema de aportes deberá resolverse cuando la Justicia se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.
