En Diputados, La Libertad Avanza pisa el freno con propiedad privada

La Libertad Avanza concentrará sus esfuerzos en la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal antes de fin de agosto. La iniciativa sobre Propiedad Privada quedó momentáneamente relegada tras la media sanción obtenida en el Senado.

La Libertad Avanza definió el orden de prioridades para las próximas semanas en la Cámara de Diputados y resolvió avanzar primero con dos iniciativas consideradas estratégicas para el programa económico del Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal. En cambio, el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada quedó temporalmente en pausa.

La intención del oficialismo es obtener dictamen de ambos proyectos y llevarlos al recinto en la última semana de agosto, antes de que el Congreso concentre su actividad en el debate del Presupuesto 2027.

Mientras tanto, la iniciativa sobre Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado, comenzará su recorrido en Diputados. El presidente de la Cámara, Martín Menem, la giró a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, encabezadas por los diputados libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio.

Sin reabrir la discusión por Tierras Rurales

Aunque el proyecto aprobado por el Senado excluyó dos de los puntos impulsados originalmente por el Gobierno -las reformas a las leyes de Tierras Rurales y de Manejo del Fuego-, la Casa Rosada decidió no insistir con esos cambios durante el tratamiento en Diputados.

Ambos capítulos habían sido retirados durante el debate en la Cámara alta ante la falta de respaldo de bloques aliados y de varios gobernadores, quienes anticiparon su rechazo. Esa resistencia terminó condicionando la estrategia legislativa del oficialismo.

Tras semanas de negociaciones, el texto sufrió 17 modificaciones respecto de la versión original. Gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) mantuvieron su oposición a las reformas vinculadas con la venta de tierras a extranjeros y el manejo del fuego, lo que llevó al Gobierno a preservar el consenso alcanzado en el Senado.

De esta manera, el oficialismo buscará convertir en ley el texto ya aprobado, sin incorporar modificaciones que obliguen a devolver el proyecto a la Cámara de origen.

Los cambios que incorpora la ley

La iniciativa mantiene una profunda reforma del régimen de expropiaciones. Entre otros aspectos, establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse con criterios restrictivos y estar debidamente justificada, respetando principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad.

También modifica el esquema de indemnizaciones al disponer que se contemple tanto el valor objetivo del bien como su precio de mercado cuando pueda determinarse, además de incorporar el lucro cesante como parte de la compensación.

En materia de desalojos, propone agilizar los procesos judiciales mediante la utilización del juicio sumarísimo para inmuebles urbanos y rurales, reduciendo plazos y simplificando el procedimiento.

Asimismo, introduce cambios en el régimen de regularización dominial conocido como Ley Pierri. La principal modificación reemplaza el requisito de posesión vinculado a una fecha fija por un plazo móvil de diez años de posesión pública, pacífica e ininterrumpida antes de iniciar el trámite.

Las prioridades económicas del oficialismo

Mientras la ley de Propiedad Privada aguarda su turno, La Libertad Avanza concentrará sus esfuerzos en avanzar con la reforma del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal.

La primera iniciativa redefine el rol de la autoridad monetaria, fijando como objetivo exclusivo preservar el valor de la moneda y prohibiendo el financiamiento al Estado nacional, las provincias y los municipios. Además, impide la compra de títulos públicos en el mercado primario y endurece los requisitos para remover a las autoridades del organismo, exigiendo una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

Desde el oficialismo sostienen que se trata de una reforma destinada a fortalecer la independencia del Banco Central y limitar la posibilidad de utilizar la emisión monetaria para financiar el gasto público.

En paralelo, el proyecto de Inocencia Fiscal apunta a reforzar el denominado "tapón fiscal", restringiendo las revisiones retroactivas de ARCA y ampliando las garantías para quienes decidan exteriorizar ahorros e incorporarlos al sistema financiero.

Para aprobar ambas iniciativas, el Gobierno apuesta a reunir el respaldo del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. La meta de Martín Menem y del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, es avanzar con estos proyectos antes de que el debate del Presupuesto 2027 monopolice la agenda legislativa a partir de septiembre.

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