Caso Villouta: la querella busca revertir la prescripción de la condena a Verdenelli

La familia de Alan Villouta prepara una nueva ofensiva judicial para intentar revertir la decisión que declaró prescripta la condena contra Alejandro Verdenelli. El abogado Ariel Benavides, explicó en diálogo con el programa "A pesar de las llamas" por Radio Post que el planteo se concentrará en la interpretación de las normas procesales relacionadas con las notificaciones y el cómputo de los plazos de prescripción.

El recurso todavía se encuentra en elaboración y será presentado ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Benavides trabaja en su preparación junto al abogado Marcelo Pecci, mientras que el Ministerio Público Fiscal también analiza presentar su propio recurso.

El punto central de la discusión está en una resolución del 13 de abril de 2026, mediante la cual se rechazó el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Verdenelli. Según explicó Benavides, esa resolución se produjo apenas un día antes de que operara, de acuerdo con la interpretación que finalmente se adoptó, la prescripción de la acción.

La notificación que puede cambiar el cómputo

Para entender el planteo de la querella es necesario detenerse en la forma en que fue comunicada aquella resolución.

La Sala II de la Suprema Corte notificó electrónicamente la decisión a los abogados de Verdenelli, pero no realizó una notificación personal al condenado. Esa diferencia terminó siendo determinante para el cómputo de los plazos.

La querella pretende que la Suprema Corte adopte otra interpretación: que la notificación realizada a los abogados de la defensa sea considerada suficiente y que no resulte indispensable una notificación personal al condenado.

"La interpretación sería que tanto la resolución como la notificación a los abogados es suficiente más allá de la notificación personal al señor Verdenelli", explicó Benavides.

El abogado reconoció que se trata de una cuestión técnica, pero remarcó que la discusión puede resultar decisiva para determinar si la condena permanece vigente.

"Básicamente es una cuestión de notificación y de interpretación de una norma jurídica que ha sido objeto de muy variadas interpretaciones", señaló.

Prescripción de la acción y prescripción de la pena

Benavides también explicó que en el sistema penal existen dos conceptos diferentes: la prescripción de la acción y la prescripción de la pena.

Según detalló, la prescripción de la pena comienza a correr una vez que finaliza el período correspondiente a la prescripción de la acción. En ese marco, la querella pretende discutir la interpretación del artículo 66 del Código Procesal Penal y establecer desde qué momento deben comenzar a computarse esos plazos.

El abogado anticipó que ese será uno de los fundamentos del recurso de casación.

Un tema que no tiene una interpretación uniforme

La querella considera que su planteo tiene respaldo en antecedentes judiciales. Benavides recordó que durante una audiencia ya habían planteado como referencia el denominado precedente Chacoma, originado en Buenos Aires y posteriormente tomado como antecedente por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Por eso, rechazó la idea de que exista una interpretación única sobre este tipo de situaciones.

"No tiene una interpretación pacífica en tribunales del país para nada", afirmó.

La estrategia será entonces llevar esa discusión nuevamente ante la Suprema Corte para intentar evitar que la prescripción quede firme.

El Ministerio Público también prepara un recurso

La querella no será la única parte que buscará revisar la decisión. Benavides contó que el Ministerio Público Fiscal también está trabajando en un recurso de casación.

En ese contexto, mencionó la participación de la fiscal Susana Soletti y explicó que hubo reuniones para analizar las alternativas jurídicas disponibles.

Además, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, manifestó su intención de participar activamente a partir de las herramientas previstas por la legislación de asistencia a las víctimas de delitos.

Durante la reunión, según relató Benavides, la querella planteó la posibilidad de recurrir a la figura del amicus curiae, que permite a una persona o institución aportar argumentos técnicos ante un tribunal cuando existe un asunto de interés público.

"Es una forma de que el Ministerio o una institución pueda presentarse como amigo de la Corte para dar fundamentos técnicos apoyando una u otra postura", explicó.

De todos modos, aclaró que todavía no está definido si el Ministerio avanzará finalmente por esa vía.

La Corte no tenía un plazo para resolver

Otro aspecto que apareció durante la entrevista fue la demora de la Justicia en resolver las distintas instancias del expediente.

Benavides sostuvo que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la Suprema Corte no tenía un plazo establecido para dictar la resolución.

"La Corte no tiene un plazo para resolver. No existe un plazo", afirmó.

Por eso, consideró que no puede hablarse técnicamente de un plazo judicial vencido. Sin embargo, reconoció que durante las conversaciones mantenidas con funcionarios provinciales surgió la necesidad de discutir una reforma que establezca plazos para evitar que los procesos se prolonguen durante años.

Según relató, Mercedes Rus está impulsando un proyecto de ley en materia procesal para establecer esos límites. El abogado también mencionó la participación de Juan Carlos Jalif en las conversaciones y señaló que allí se discutió la dificultad de establecer plazos concretos.

En cualquier caso, aclaró que una eventual reforma tendría efectos hacia el futuro y no modificaría el caso de Villouta.

"La condena fue totalmente válida"

Benavides hizo especial hincapié en diferenciar el problema procesal actual del fondo de la causa.

Recordó que Verdenelli fue condenado en 2020, que esa condena fue ratificada posteriormente en casación y que finalmente fue rechazado el recurso extraordinario federal presentado por su defensa.

Por eso, para la querella, la discusión actual no significa que se haya cuestionado la validez de la condena.

"La sustancia, el fondo de la cuestión, es que la condena fue totalmente válida", afirmó.

El planteo que ahora intentarán llevar adelante consiste en discutir la interpretación de la norma procesal que terminó determinando la prescripción.

La condena y la prohibición para conducir

Durante la entrevista también se consultó a Benavides sobre las penas que había recibido Verdenelli.

El abogado explicó que la condena había sido en suspenso, en función de las normas aplicables a las primeras condenas y de las características del caso.

También recordó que existía una prohibición para conducir que se había impuesto preventivamente desde aproximadamente 2017, es decir, desde la época del accidente.

Esa medida tenía una duración de ocho años y, según explicó, para 2026 ya habría sido cumplida.

Benavides señaló además que el Ministerio Público había enviado oficios para determinar si Verdenelli había registrado multas de tránsito o si había incumplido la prohibición. De acuerdo con lo informado, no surgiría que haya vuelto a conducir durante ese período.

El impacto político y social del caso

La decisión judicial también generó una fuerte reacción política. El gobernador Alfredo Cornejo se involucró públicamente en la situación y desde el Gobierno provincial comenzaron a analizar mecanismos para acompañar a la familia.

Benavides consideró que esa reacción está vinculada con el impacto que genera que una muerte termine sin una condena efectiva como consecuencia de una cuestión procesal.

Para el abogado, el caso excede la discusión estrictamente jurídica porque la reacción alcanza al Poder Judicial, al Ejecutivo y a las instituciones que buscan acompañar a las víctimas.

"Una lucha más" para la familia

Finalmente, Benavides se refirió a cómo recibió la familia Villouta la situación y al camino que queda por delante.

El abogado reconoció que el proceso ha estado atravesado por distintas dificultades y sostuvo que la familia deberá afrontar ahora una nueva instancia de la disputa judicial.

Recordó las palabras de Andrés Villouta y Andrea, quienes asumieron esta nueva etapa como "una lucha más que van a afrontar".

En ese camino, aseguró que la querella continuará acompañándolos.

"Nosotros nos hemos comprometido a acompañarlos en esta tarea", afirmó Benavides.

Y definió el objetivo que persigue el equipo jurídico: "Seguir con la lucha para tratar de lo que nosotros entendemos que es hacer justicia".

La próxima instancia será, entonces, el recurso de casación que la querella prepara para intentar que la Suprema Corte revise la interpretación sobre las notificaciones y el cómputo de la prescripción. Para la familia Villouta, esa presentación representa una nueva oportunidad para evitar que la condena contra Verdenelli quede definitivamente extinguida por una cuestión procesal.

Editó Carina Pérez