Y un día Lucero volvió a Mendoza y no pudo evitar hacer una crítica a la 7772

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, volvió a Mendoza y llegó por primera vez con su nuevo rol de funcionario político de la administración de Javier Milei. El actual gestor público, dejó un recuerdo cuando desarrollaba su actividad privada.

Se trata de su primera experiencia como funcionario y, como tal, se cuida mucho de sus palabras, porque conoce los efectos que tienen en el sector privado. Por eso, la mayoría de sus intervenciones son políticamente correctas, y aunque en Mendoza intentó cuidarse, igualmente se manifestó en contra de la Ley 7.722.

Es que la historia de Lucero con Mendoza es casi paralela al inicio de la vigencia de la ley antiminera, ya que justamente en ese período, fue parte fundamental de la negociación entre Río Tinto y Vale para la compra de Potasio Río Colorado.

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El abogado, con amplia experiencia en el sector privado en representación, fusiones y adquisiciones de empresas, estuvo en ese proceso que terminó con la compra del yacimiento por parte la minera brasileña en el 2009 (por casi US$900 millones). Eso, dos años después de la entrada en vigencia de la ley antiminera, tal como la calificó el ahora funcionario.

No es un dato menor, ya que ese proceso en el que Lucero fue parte, fue una aventura que todos sabemos resultó mal para Vale. Del entusiasmo inicial pasó a frenar el proyecto en el 2012 y en el 2020 terminó por transferirlo a Mendoza, entregando activos por más de US$1.000 millones que dejó en el campamento que levantó en Malargüe. A eso, recordemos que sumó US$30 millones de bolsillo.

Vale apostó por los fertilizantes a pesar que no era su especialidad y lo hizo fuerte, proyectando una mina con una producción tremenda. Sin embargo, se encontró con una serie de dificultades que no pudo superar, terminando por frenar el desarrollo de la mina.

Luis Lucero fue clave en el proceso, porque viajaba personalmente a Mendoza a encargarse de los expedientes de la mina. El recuerdo que dejó no fue del todo agradable, cuentan los que lo atendían en sus visitas.

Entraba en vigencia la 7.722 y también comenzaba la debacle de la Dirección de Minería. Se inició un período abandono que se extendió hasta el 2024, cuando se le inyectaron recursos a partir del plan de desarrollo minero de Alfredo Cornejo.

En esos años era habitual que Lucero hiciera gestiones en la Dirección de Minería y en el Consejo de Minería (ahora minimizado a un rol consultivo). Por la forma en que lo recuerdan, no eran las visitas más agradables, especialmente en el inicio de un período negro para la minería mendocina. Por eso, al verlo de vuelta por la provincia, exfuncionarios de la época recordaron la figura del abogado en su rol privado.

Sus palabras sobre la 7.722

En el año 2011, Lucero era noticia en el mundo del derecho minero porque pasaba a ser socio de Marval, O'Farrell & Mairal como especialista en Derecho Minero. De hecho, cuando fue nombrado en abril de este año, en una nota de La Política Online recordaron su relación con el estudio (el cual dejó hace algunos años) porque -indica el artículo- las sospechas es que hubo muchos estudios de abogados involucrados en la redacción del DNU de Milei y muchas parte del texto se le atribuyeron al mencionado.

Ahora, viniendo del mundo privado, resulta lógico que ante una pregunta del periodista Julián Imazio en Séptimo Día de Canal 7, reconociera que le gustaría que Mendoza no tuviera una ley como la 7.722. Aunque logró evitar en primera instancia una respuesta, señalando que es una decisión provincial, finalmente dijo lo que pensaba.

Eso, por ejemplo, va de la mano con lo que decía justamente en el año 2012 a La Nación, justamente a partir del freno del proyecto Potasio Río Colorado por parte de Vale. Se refería a los riesgos que significa hacer minería, partiendo de la base que en la Argentina los recursos están en manos de las provincias y tienen la potestad de regular la actividad. "Esto es importante porque, si bien hay una norma de fondo, que es el Código Minero Nacional, el clima de inversión depende sustancialmente de lo que cada gobierno provincial decida en su jurisdicción", decía por esos años como abogado del estudio Marval, O'Farrell & Mairal.

Lucero tiene claro que el clima de inversión es complicado con normas como la 7.722, aunque en su nuevo rol de funcionario público, se cuidó de no opinar demasiado porque podría hacer ruido en medio del impulso del plan minero local. Eso, porque todo este proceso no considera -por ahora- la derogación de la norma que frenó el desarrollo de la actividad durante 17 años. De hecho, la instrucción es no nombrarla.

Digamos que por un momento pesó más su conocimiento de la industria y, sobre todo, del pensamiento de los inversores. Si hay algo en lo que Lucero tiene experiencia, es en la visión que tienen las compañías a la hora de invertir. Asesoró a compañías como Xstrata, Rio Tinto, Vale, Pan American Silver, Newmont y Glencore, por lo que tiene muy claro que una ley antiminera no es una cuestión fácil a la hora de conseguir inversiones.

Recordemos que la designación de Lucero tomó por sorpresa a todos, incluso a los mismos actores de la industria. Es que hasta la salteña Flavia Royón, a quien echaron tras el fracaso del primer intento por la Ley Bases, las negociaciones para la Dirección de Minería se hacían con los gobernadores, especialmente de San Juan, una cuestión que se mantuvo incluso cuando estuvo Macri, pero que se rompió con la llegada del nuevo director.