Malvinas: el Gobierno modificó el delito de injerencia extranjera
La iniciativa impulsada por Javier Milei limita las prohibiciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas, incorpora controles parlamentarios y redefine las penas por operaciones clandestinas promovidas desde el exterior. Los cambios buscan sumar el respaldo de los aliados para avanzar con el dictamen en Diputados.
El Gobierno nacional reformuló su proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional para superar las objeciones de sus aliados en la Cámara de Diputados. Entre los principales cambios, precisó qué empresas y proveedores podrán ser sancionados por actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas, modificó el delito de "desinformación masiva" e incorporó mayores controles del Congreso sobre las decisiones del Poder Ejecutivo.
La intención del oficialismo es conseguir el dictamen durante esta semana. Para este martes, a las 16, estaba convocado un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, con la participación de especialistas. El texto negociado todavía podía recibir nuevas modificaciones durante el debate.
El proyecto había sido anunciado por Milei a principios de septiembre, después de que el presidente estadounidense Donald Trump manifestara su disposición a revisar la posición histórica de Washington sobre Malvinas, en medio de sus diferencias con el Reino Unido por la falta de respaldo militar en Medio Oriente.
La iniciativa fue impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo y presentada en el Congreso por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, sin la presencia de representantes de la Cancillería. Los cambios se negociaron con legisladores aliados para reunir los votos necesarios.
Límites a las sanciones contra empresas y proveedores
Uno de los capítulos centrales del proyecto establece sanciones económicas y penales para quienes participen, sin autorización argentina, en la explotación de recursos naturales en Malvinas y en la plataforma continental.
La nueva redacción reduce el alcance de las prohibiciones sobre proveedores y accionistas de las compañías involucradas. Para sancionar a un proveedor, deberá demostrarse que los bienes o servicios que suministra son indispensables para la actividad ilegal y que conoce, o no puede razonablemente desconocer, el destino de esos recursos.
También quedan exceptuados determinados accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión que carezcan de poder de decisión sobre los activos.
Las multas fueron recalculadas. Para quienes celebren nuevos contratos con empresas sancionadas, la penalidad será de entre dos y cuatro veces el beneficio indebido obtenido. Si no es posible establecer ese monto, la sanción oscilará entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo, el doble de la escala prevista originalmente.
En paralelo, la pena mínima de prisión para los proveedores de bienes o servicios esenciales se reduce de cinco a dos años. El proyecto también incorpora un agravante para los delitos que ocasionen daños ambientales graves.
El dinero recaudado mediante las multas deberá destinarse al Ministerio de Defensa, para financiar el reequipamiento militar y el desarrollo de infraestructura estratégica.
El Congreso tendrá más herramientas de control
Otra modificación alcanza al Consejo de Seguridad Nacional, el organismo que presidirá Milei y que tendrá atribuciones para coordinar decisiones estratégicas en materia de defensa y seguridad.
El nuevo borrador establece una Comisión Bicameral de Seguimiento, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores. El Consejo deberá comunicarle, dentro de las 48 horas, las sanciones y medidas urgentes que adopte, así como las decisiones de rechazar inversiones extranjeras o impedir el vuelo de aeronaves y el tránsito de embarcaciones.
Cuando las medidas puedan generar un riesgo de guerra o represalias, el Congreso deberá intervenir de acuerdo con sus atribuciones constitucionales.
El texto también delimita las competencias del Consejo para impedir que intervenga en asuntos de seguridad interior, salvo en situaciones relacionadas con la protección de infraestructura crítica y la seguridad marítima.
En su integración aparece, además, una exclusión con implicancias políticas: Victoria Villarruel no figura expresamente entre las autoridades que podrán ser convocadas. La lista contempla al presidente provisional del Senado, al titular de Diputados y a los gobernadores, entre otros funcionarios. La vicepresidenta solo tendría asegurada su participación cuando debiera reemplazar constitucionalmente al Presidente.
El delito de «desinformación masiva» cambia de alcance
Uno de los puntos más cuestionados de la propuesta original era la creación de un delito de «desinformación masiva», que contemplaba penas de cinco a doce años de prisión para quienes, bajo instrucciones o financiamiento de un Estado extranjero, organizaran campañas destinadas a alterar elecciones o manipular la opinión pública.
La nueva versión elimina esa denominación y la reemplaza por el delito de «campaña de injerencia extranjera». Para que una conducta quede comprendida, deberá involucrar acciones clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas, además de ocultar el vínculo con un agente extranjero.
El texto incorpora, además, una exclusión expresa para el ejercicio de la actividad periodística y la investigación académica. También deja fuera la actividad diplomática, la expresión pública de opiniones de gobiernos extranjeros y la representación abierta de intereses.
Las penas de cinco a doce años se mantienen, aunque el oficialismo sostiene que la nueva formulación delimita mejor las conductas alcanzadas y busca evitar restricciones a la libertad de expresión.
Control de inversiones extranjeras estratégicas
El proyecto reformulado suma un capítulo que no estaba contemplado inicialmente: un mecanismo para revisar inversiones realizadas por Estados extranjeros o empresas bajo su control en sectores considerados estratégicos.
La lista incluye defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería e infraestructura crítica, entendida como instalaciones y servicios esenciales para el funcionamiento del país.
El Consejo de Seguridad Nacional podrá evaluar esas operaciones, mientras que el Presidente tendrá facultades para rechazarlas o exigir la desinversión mediante un decreto fundamentado.
La propuesta contempla una excepción para los proyectos que hayan solicitado adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) antes de la entrada en vigor de la ley. También incorpora una garantía para evitar que las atribuciones destinadas a proteger infraestructura crítica se utilicen para vigilar, restringir o bloquear contenidos de internet.