Mendoza aprobó la ley para demoler inmuebles usados por el delito
El Senado convirtió en ley el proyecto impulsado por el Gobierno provincial con 33 votos a favor y 2 en contra. La norma establece un procedimiento administrativo para actuar sobre inmuebles utilizados como "aguantaderos" y contempla la intervención de la Justicia cuando exista ocupación permanente.
La Legislatura de Mendoza sancionó definitivamente la denominada Ley Anti-aguantaderos, una iniciativa promovida por el Gobierno provincial para avanzar sobre inmuebles que sean utilizados por organizaciones delictivas para esconderse, almacenar elementos o desarrollar actividades ilícitas.
El proyecto obtuvo este martes 33 votos afirmativos y 2 negativos en el Senado, por lo que quedó convertido en ley luego de haber atravesado ambas cámaras.
Tras la aprobación, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, destacó el respaldo legislativo y definió el objetivo de la norma como una política destinada a atacar la infraestructura utilizada por el delito. "Ir sobre los lugares que el delito usa para esconderse, organizarse y operar", señaló la funcionaria.
Rus también agradeció a los legisladores que acompañaron el proyecto y sostuvo que la nueva legislación permitirá contar con "más herramientas para intervenir".
Qué cambia con la nueva ley
Hasta ahora, el Ministerio de Seguridad ya había realizado intervenciones sobre algunos inmuebles a partir de una resolución administrativa. Según información oficial, más de diez propiedades consideradas peligrosas para la seguridad pública ya fueron demolidas.
La sanción de la ley busca darle respaldo legal específico a este tipo de procedimientos y establecer un mecanismo formal para determinar cuándo corresponde intervenir un inmueble.
Para iniciar una actuación será necesario reunir informes técnicos, documentación policial y actas, que deberán sustentar la medida. Además, los propietarios deberán ser notificados.
La norma también contempla mecanismos para que los dueños puedan oponerse a la intervención y solicitar la revisión de la decisión adoptada por las autoridades.
La Justicia intervendrá en los casos de ocupación permanente
Uno de los aspectos centrales es que la legislación no autoriza desalojos por vía administrativa.
Cuando una propiedad se encuentre ocupada de manera permanente, será necesaria la intervención judicial. Para esos casos, la norma establece una articulación entre las autoridades de seguridad y el Ministerio Público Fiscal.
Las actuaciones podrán comenzar de oficio o a partir de denuncias o pedidos realizados por vecinos, municipios y otros organismos públicos o privados.
A su vez, cuando exista un riesgo grave para las personas del entorno o para la seguridad pública, se habilitarán medidas especiales destinadas a acelerar la respuesta de las autoridades.
Un registro para controlar los inmuebles intervenidos
La ley también crea el Registro Provincial de Inmuebles Intervenidos Preventivamente, que tendrá carácter reservado.
El objetivo será concentrar información sobre las propiedades alcanzadas por las medidas previstas en la legislación y permitir un seguimiento de cada inmueble a partir de las intervenciones realizadas.
De esta manera, el Gobierno provincial apunta a establecer un procedimiento con respaldo legislativo para actuar sobre propiedades consideradas vinculadas a actividades delictivas, diferenciando los casos que pueden resolverse administrativamente de aquellos que requieren necesariamente una decisión judicial.
Prensa Legislatura
