El oficialismo mueve sus fichas para bloquear una sesión opositora en Diputados

La Casa Rosada puso en marcha una nueva ofensiva política en el Congreso. El Gobierno inició conversaciones con gobernadores y legisladores de espacios provinciales para intentar impedir que la oposición consiga el quórum necesario para abrir una sesión especial en la Cámara de Diputados prevista para el miércoles 9 de septiembre.

La jornada representa un desafío para el oficialismo porque el temario incluye dos asuntos especialmente sensibles para la administración de Javier Milei: la emergencia en discapacidad y distintas iniciativas destinadas a abordar el creciente endeudamiento de los hogares.

La convocatoria fue impulsada por un amplio abanico opositor, que incluye a Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, pero también consiguió el respaldo de bloques vinculados a gobiernos provinciales que mantienen canales de diálogo con la Nación.

Entre ellos aparecen representantes de Catamarca, Salta, Misiones, San Luis, Formosa, Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy. Esa composición convierte a los gobernadores y a sus diputados en actores decisivos para determinar si la sesión finalmente puede comenzar.

La estrategia de la Casa Rosada

El objetivo del oficialismo es concreto: impedir que estén presentes los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum.

Las negociaciones quedaron en manos de los principales referentes que el Gobierno utiliza para articular con las provincias y con los sectores dialoguistas del Congreso. En las conversaciones participan el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional Eduardo "Lule" Menem.

Desde el oficialismo confirmaron que ya comenzaron los contactos con las provincias con las que mantienen una relación política más cercana. "Seguramente habrá esfuerzos", reconoció una fuente oficial.

La definición de los gobernadores será particularmente relevante porque varios de sus legisladores podrían inclinar la balanza en uno u otro sentido.

Entre los mandatarios que aparecen en el centro de las conversaciones están Raúl Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Gustavo Sáenz, de Salta; Ignacio Torres, de Chubut; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Carlos Sadir, de Jujuy, y Hugo Passalacqua, de Misiones.

Las posiciones no son uniformes y dependen tanto de la relación que cada gobernador mantiene con la Nación como de las negociaciones políticas que comienzan a proyectarse hacia las elecciones de 2027. Para el Gobierno, evitar que las diferencias con las provincias se traduzcan en derrotas parlamentarias se convirtió en una prioridad.

Qué quiere tratar la oposición

Uno de los principales puntos de la sesión es la extensión por un año de la emergencia en discapacidad.

El reclamo llega en medio de las dificultades que atraviesan prestadores y organizaciones del sector, que denuncian demoras en el pago de aranceles, compensaciones pendientes y problemas vinculados con las pensiones.

El segundo eje está relacionado con el endeudamiento familiar. El debate cobra especial relevancia frente al aumento de la morosidad y a un universo estimado en alrededor de 5,6 millones de personas con dificultades para afrontar sus compromisos financieros.

Entre las iniciativas que podrían ser abordadas se encuentra un proyecto de la diputada Natalia Zaracho, que cuenta con el respaldo del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. La propuesta plantea declarar durante dos años la emergencia crediticia de las familias y establecer un régimen específico para las deudas acumuladas.

Las diferentes propuestas opositoras contemplan alternativas como mecanismos de refinanciación, límites a las cuotas en función de los ingresos y herramientas de mediación entre deudores y entidades financieras.

Un nuevo choque por el rol del Estado

El conflicto legislativo expone, además, dos visiones contrapuestas sobre cómo debe actuar el Estado frente al endeudamiento de los hogares.

El Gobierno sostiene que las deudas corresponden a una relación entre privados, principalmente entre los usuarios de crédito y las entidades financieras, y rechaza que el Estado deba intervenir directamente para resolverlas.

Por esa razón, el oficialismo busca impedir que los proyectos opositores avancen en el recinto. La estrategia también está atravesada por el antecedente de 2025, cuando el Gobierno sufrió la aprobación de iniciativas que consideró incompatibles con su programa fiscal.

En la Casa Rosada sostienen que aquellas leyes tuvieron consecuencias sobre las cuentas públicas y sobre el escenario financiero, y advierten que una nueva ofensiva legislativa podría generar un efecto similar.

En esa línea, Martín Menem cuestionó la convocatoria opositora y afirmó: "Están buscando que tengamos algún impacto del tipo fiscal para desestabilizar la economía".

Editó Carina Pérez, con información TN