El Gobierno centraliza la política exterior por Malvinas
El Decreto 983/2026 obliga a organismos de la Administración Central y descentralizados a informar a Cancillería sobre gestiones internacionales que puedan afectar la posición argentina, las negociaciones diplomáticas o el reclamo de soberanía sobre las islas.
El Gobierno nacional formalizó la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, una estructura que funcionará bajo la órbita de la Cancillería y que busca coordinar las actividades internacionales de los distintos organismos del Estado cuando puedan tener impacto sobre los intereses argentinos.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 983/2026, publicado en el Boletín Oficial, y pone especial énfasis en aquellas gestiones relacionadas con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con sus espacios marítimos e insulares.
El nuevo mecanismo establece que los organismos alcanzados deberán comunicar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto determinadas reuniones, contactos, comunicaciones, negociaciones y otras actividades que involucren a gobiernos extranjeros, organismos internacionales o sujetos de derecho internacional.
La obligación comprende aquellas actuaciones que puedan establecer o transmitir posiciones oficiales de la Argentina, influir en negociaciones diplomáticas abiertas o derivar en acuerdos, convenios, memorandos de entendimiento, declaraciones conjuntas o cartas de intención.
También deberán informarse las gestiones que puedan producir efectos diplomáticos, jurídicos, institucionales o políticos, comprometer las directrices de política exterior fijadas por el Poder Ejecutivo o afectar, de manera directa o indirecta, la posición argentina respecto de Malvinas.
Qué organismos quedan alcanzados
Para determinar el universo de organismos comprendidos, el decreto toma como referencia el artículo 8°, inciso a), de la Ley 24.156. Allí se incluye a la Administración Central y los organismos descentralizados, incluidas las instituciones de seguridad social.
Cada organismo deberá designar además un "enlace" con Cancillería, encargado de transmitir la información y facilitar la coordinación con el Ministerio cuando sea necesario.
En determinados asuntos considerados estratégicos o sensibles, el sistema contempla la posibilidad de incorporar a diplomáticos del Servicio Exterior u otros funcionarios especializados en política exterior.
Cancillería podrá advertir sobre determinadas gestiones
Con la información proporcionada por los organismos, Cancillería podrá actuar cuando considere que una determinada iniciativa puede afectar los lineamientos de política exterior, las relaciones internacionales, negociaciones diplomáticas en curso o intereses internacionales de la Argentina.
En esos casos, podrá emitir advertencias, recomendaciones u orientaciones debidamente fundamentadas. Si la importancia del asunto lo requiere, esas observaciones podrán ser remitidas a la máxima autoridad del organismo correspondiente.
El decreto, sin embargo, aclara que este mecanismo no convierte a Cancillería en una instancia de aprobación previa. Su intervención no supone autorizar o rechazar la actividad ni modifica las competencias propias del organismo involucrado.
Tampoco altera la dependencia jerárquica, administrativa o funcional de los funcionarios alcanzados por la medida.
El foco puesto en Malvinas
El decreto dedica un apartado específico a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Entre los fundamentos, el Gobierno sostiene que la defensa de los derechos de soberanía requiere una actuación estatal "coordinada y coherente", con el objetivo de evitar iniciativas, declaraciones o posicionamientos que puedan perjudicar el reclamo argentino.
Por ese motivo, deberán ser comunicadas las gestiones internacionales vinculadas con esos territorios o aquellas que "pudieran incidir directa o indirectamente en la soberanía argentina".
El Ejecutivo también plantea que el aumento de los contactos de los organismos nacionales con gobiernos extranjeros y entidades internacionales vuelve necesario contar con mecanismos de coordinación que permitan sostener una posición exterior uniforme.
La normativa contempla algunas excepciones. Quedan fuera del sistema las gestiones realizadas ante organismos financieros internacionales, bancos multilaterales de desarrollo y entidades similares, siempre que estén limitadas a cuestiones financieras, crediticias, presupuestarias, técnicas o vinculadas con la ejecución de programas.
También continuarán bajo sus respectivas normas las actuaciones alcanzadas por regímenes especiales de reserva, confidencialidad o secreto.
El decreto lleva las firmas de Javier Milei, Diego Santilli, Pablo Quirno Magrane, Carlos Alberto Presti y Luis Caputo y comenzará a regir este sábado.
Con información oficial, editó Carina Pérez
