El contundente planteo de los abogados de la familia del militar venezolano asesinado en Chile

Desde la Fiscalía sostienen que el crimen tuvo motivación política y apuntan directamente al círculo interino de Maduro, concretamente a Diosdado Cabello, exvicepresidente de Venezuela.

Juan Carlos Manríquez, el abogado querellante de la familia del teniente Ronald Ojeda, exmilitar venezolano secuestrado y asesinado en Chile, confirmó que están considerando hacerse parte de la causa contra Nicolás Maduro en Estados Unidos

"Los nuevos antecedentes conocidos a propósito del encargo criminal que llevó al secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda confirman el marco conceptual de la acusación presentada en Chile", declaró, según difundió la prensa trasandina.

Cabe destacar que desde la Fiscalía sostienen que el crimen tuvo motivación política y apuntan directamente al círculo interino de Maduro, concretamente a Diosdado Cabello, exvicepresidente de Venezuela.

Cuando Maduro intervino ilegalmente en Chile para matar al Teniente Ojeda

"Confirman, a su vez, la acusación que presentó la familia del teniente Ojeda antes que Chile, Uruguay, Argentina o Ecuador ante la Corte Penal Internacional", afirmó.

El abogado además sostuvo que estos antecedentes "confirman, a su vez, las mismas cuestiones que están diciendo las dos acusaciones presentadas en Nueva York, tanto la primera como la segunda dan cuenta de nexos y lazos de una asociación criminal".

De igual manera, afirma que demuestran "un aparato organizado de poder financiado como consecuencia de una serie de delitos internacionales para amenazar, aterrorizar, ubicar, secuestrar y o eliminar eventualmente opositores políticos fuera de la frontera del Estado mandante".

"Para la familia Ojeda, estos antecedentes refuerzan lo que dijeron desde el primer minuto, que se trató de un crimen por encargo", declaró.

"Refuerzan, a su vez, la necesidad, como me lo han pedido, de volver a solicitar ante la Corte Penal Internacional las órdenes de arresto para las personas que falta detener y, en segundo lugar, comparecer como víctimas directas al amparo de la Convención contra el Crimen Organizado, los protocolos de Palermo 1 y 2, ante la Justicia de Nueva York, de los cuales Estados Unidos y Chile son partes signatarias".

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