Por qué es inviable el "plan de guerra" que proponen algunos para avanzar con Portezuelo

Existe una reacción ante el freno a Portezuelo del Viento: que Mendoza abandone el Coirco para avanzar con la obra. Sin embargo, es una opción inviable e incluso habilitaría a Nación a dejar de pagar su deuda.

Incluso desde 2020, algunos dirigentes mendocinos proponen abandonar el Coirco y avanzar sin más con la construcción de Portezuelo del Viento. El primero en plantearlo fue Omar De Marchi hace dos años, con aceptación en su momento de Rodolfo Suarez. Ahora, ante el freno definitivo a la obra, algunos reflotaron esa idea, como Julio Cobos, pero en caso de aplicarse, la represa no podrá llevarse a cabo y Nación tendría argumentos para interrumpir el pago de los U$S 1.023 millones.

Entre otras funciones, el Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) es el comité de cuenca que debe aprobar por unanimidad o vía laudo presidencial el desarrollo de obras sobre el cauce que comparten Mendoza, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Así lo establece su estatuto constitutivo de 1977. Pero como se planteó en su momento, Suarez podría desconocer este tratado y hacer Portezuelo del Viento respetando la utilización de un máximo de 34 metros por segundo del río Grande.

Sin embargo, si Mendoza desconoce el tratado del Coirco, no sólo no podrá hacer la obra, sino que dejaría de recibir los dólares que envía Nación e incluso podría haber un reclamo por lo ya depositado (U$S 422 millones). Esto es así porque la cláusula tercera del convenio firmado por Alfredo Cornejo y Mauricio Macri establece que "la Provincia se compromete a llevar adelante la ejecución de la obra conforme a las disposiciones acordadas en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado", es decir, el Coirco.

En otras palabras, si Mendoza no respeta las condiciones del convenio por el que deberá cobrar U$S 1.023 millones, Nación tendrá argumentos sólidos para justificar la suspensión del pago y reclamar lo ya cancelado. Distinto sería el caso si aquel convenio que firmó Cornejo y Macri en 2019 no hubiese incluido la cláusula sobre el Coirco. Sí podría eludir este comité de cuenca en caso de realizar otra obra hídrica de generación de energía sobre otro río, posibilidad que se previó en ese acuerdo.

La cláusula tercera del convenio entre Mendoza y Nación por Portezuelo, que actualizó el viejo acuerdo Cobos-Kirchner.

Por su parte, Suarez manifestó que esperará el texto definitivo del laudo presidencial que ordenará un nuevo estudio de impacto ambiental. En ese caso, ya anticipó que buscará un nuevo destino para los recursos que debe pagar Nación. Pero para ello deberá realizarse una adenda al convenio firmado en 2019, ya que en ese momento se determinó que los recursos sólo podrían utilizarse para construir Portezuelo u otras obras hídricas de generación de energía.

Qué dijo Cobos esta semana

Tras el anuncio que hizo esta semana Fernández en General Pico, La Pampa, el exgobernador Julio Cobos -que acordó con Néstor Kirchner la concreción de Portezuelo del Viento como un resarcimiento por la prórroga de la promoción industrial en los '90- pidió reflotar la idea de Omar De Marchi y abandonar el Coirco.

"Si esto sale como ha dicho el Presidente, yo creo que habrá que considerar lo que dijo Omar De Marchi, que es salir del Coirco, porque esta comisión interprovincial que se creó para el manejo del agua no tiene por qué impedir que nosotros podamos regular nuestros ríos ya que vivimos en un desierto, y necesitamos embalsar el agua para protegerla y utilizarla cuando la necesitemos", manifestó en una entrevista con FM Vos, de San Rafael.

En su momento, en el acta acuerdo que firmó Cobos con Kirchner y que fue ratificado por la Legislatura en 2007, no se mencionó la intervención del Coirco. Igualmente, nada se cumplió de ese convenio que, además de Portezuelo del Viento, incluyó el trasvase del río Grande al Atuel.

El acta acuerdo que nunca se cumplió.

En 2006, se estableció un monto total de 1.005 millones de pesos, unos 332 millones de dólares que Cornejo y Macri actualizarían 13 años después en 1.023 millones de dólares. También se fijó un plan de pago que nunca se cumplió: supuestamente, el resarcimiento nacional debería pagarse entre 2007 y 2013. Sin embargo, y a pesar de ser de un mismo color político, bajo la presidencia de Cristina Kirchner nada envió Nación a las administraciones de Celso Jaque y Francisco Pérez.

Los otros diques

¿Qué otros diques de generación de energía podría licitar Mendoza en el corto plazo y así respetar lo firmado entre Cornejo y Macri sin que el dinero se desvalorice? La respuesta es simple: ninguno. Por un lado, El Baqueano en San Rafael, sobre el río Diamante, demandaría una espera mínima, en el mejor de los casos, de dos años. Eso sin contar que La Pampa podría frenar la construcción por vía judicial, tal como hizo en su momento con El Tambolar en San Juan (ver aparte).

Mucho más complejo es el panorama del otro dique con mayor potencial de generación de energía, Uspallata (río Mendoza), mencionado en su momento como un eventual plan B a Portezuelo, pero cuyo inicio de obra demandaría un lustro. Este proyecto, que incluye la construcción de dos represas, hasta obligaría a construir una nueva ruta entre Potrerillos y Uspallata, ya que gran parte de la actual traza de la ruta 7 quedaría bajo el agua.

El Baqueano está proyectado sobre el río Diamante, en San Rafael.

Entonces, habría que pensar en otras alternativas. También hay radicales que por lo bajo sugieren que Suarez no debería tirar la toalla por Portezuelo del Viento. "Esperás un año y medio, cambia el Gobierno nacional, y tenés otra vez un laudo a favor de Mendoza para automáticamente adjudicar", señalan quienes ratifican que la provincia no puede quedar rehén del actual Gobierno nacional ni mucho menos de La Pampa.

Sin embargo, Suarez ha dado varias señales de que Portezuelo del Viento no se hará. Ahora, restará un debate serio para definir un nuevo destino para, nada más y nada menos que U$S 1.023 millones, con actores diversos que pongan sobre la mesa argumentos sólidos que prioricen el bien común, alejados de los lobbys corporativos que ya dilapidaron en Mendoza una indemnización de cientos de millones de dólares en los '90.

Esta nota habla de: