Presupuesto nacional 2027: Educación frena la caída pero no logra salir del pozo

El proyecto de Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso deja al descubierto una señal mixta para el sistema educativo argentino: tras años de tijeretazo continuo, la inversión nacional amaga con una modesta recuperación, aunque todavía muy lejos de recomponer lo perdido en el último ciclo económico.

Según un exhaustivo informe del Observatorio de Argentinos por la Educación -firmado por los especialistas Javier Curcio, Tomás Besada y María Sol Alzú-, la partida global destinada a la función Educación y Cultura prevé un incremento nominal del 27,2% en comparación con la estimación de cierre para 2026. Al cotejar esta cifra con la inflación oficial proyectada del 20,5% para el próximo ejercicio, el resultado arroja un incremento real de apenas el 5,6%.

En cualquier contexto ordinario, un aumento real del gasto público en aulas y escuelas representaría una señal auspiciosa. Sin embargo, en la Argentina de los últimos años la cifra debe leerse en perspectiva. El ajuste iniciado en 2024 dejó marcas profundas: al comparar los recursos previstos para 2027 con la inversión que el Estado nacional ejecutó en 2023, la tijera sobre el presupuesto educativo muestra un recorte acumulado del 44,4%.

Un tobogán presupuestario

La trayectoria del gasto en educación viene en declive desde hace casi un decenio. Tras iniciar un claro sesgo descendente en 2018, la inversión del Estado tocó un piso histórico en 2020 con $11,4 billones (calculados a valores constantes de 2026). Luego de un repunte que alcanzó los $16,7 billones en 2023, los números se desplomaron en 2024 a $9,4 billones, para profundizar el ajuste durante 2025 y 2026, con asignaciones de $8,7 y $8,8 billones respectivamente. Para 2027, la proyección ubica el monto general rondando los $9,3 billones.

A la hora de interpretar estos números conviene recordar que la Casa Rosada solo financia cerca del 25% de la inversión educativa total del país. Como las provincias gestionan la educación básica, sobre los tesoros subnacionales recae el 75% restante, un universo del que actualmente no existen registros unificados.

Sin embargo, ese 25% bajo la órbita de la Nación resulta determinante para la infraestructura global del sistema. Históricamente, y a partir de la Ley de Educación Nacional de 2006, la Argentina asumió la meta de destinar un 6% del PBI a la enseñanza entre Nación y provincias -un compromiso que solo se alcanzó formalmente en 2015 y cuya obligatoriedad fue derogada en el presupuesto del año pasado.

En el plano estrictamente nacional, la masa de recursos invertida en relación con el producto bruto interno viene cayendo sin pausa. De representar un 1,52% del PBI en 2017, pasó a 0,86% en 2024 y a 0,78% en 2025. Para este 2026 que entra en su recta final se prevé un piso de 0,77%, mientras que la pauta de 2027 proyecta una tímida suba al 0,79%.

Pese al estrecho margen del equilibrio fiscal, Educación y Cultura figura entre las áreas con mayor consideración relativa dentro del Palacio de Hacienda: con su suba proyectada se ubica como la tercera función con mayor incremento del presupuesto nacional, aventajada únicamente por Salud (+39,8%) e Información y Estadística Básicas (+28%).

Ganadores y perdedores de la planilla oficial

Al hacer lupa sobre la Secretaría de Educación conducida por Carlos Torrendell, en el Ministerio de Capital Humano, las dinámicas internas muestran marcadas asimetrías. Su presupuesto general crecerá un 23% nominal respecto al cierre de este año, lo que implica una mejora real discreta de apenas un 2,1%. Aun así, la secretaría se cuela entre los cinco organismos estatales con mayores aumentos asignados.

Dentro de sus partidas, el Plan Nacional de Alfabetización se consagra como la nave insignia de la gestión de Javier Milei en la materia. Diseñado para garantizar que los alumnos completen el primer ciclo de primaria escribiendo y comprendiendo textos, el programa recibirá $773.830 millones. Esto supone un fuerte incremento del 38,3% nominal respecto de 2026, superando holgadamente la inflación esperada.

La columna vertebral de este plan seguirá siendo la universalización de la jornada extendida -un esquema heredado del gobierno anterior-, que absorberá $586.781 millones, es decir, un 75,8% de todos los fondos destinados a la alfabetización. La gran novedad para 2027 es la formalización de un programa de enseñanza de Matemática (aprobado en el Consejo Federal de Educación), aunque el texto enviado al Congreso no le asignó una partida presupuestaria específica para su ejecución.

En la vereda opuesta, las brechas entre la educación básica y la superior dejan al descubierto la zona más conflictiva del proyecto. Mientras las partidas para las escuelas crecen un 34% nominal (un 11,2% real), la partida para las universidades nacionales registrará un incremento del 20,9% nominal, lo que representa un estancamiento práctico con solo un 0,3% de mejora real.

El frente universitario, en punto muerto

Con estas cifras sobre la mesa, la iniciativa gubernamental esquiva el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso tras el veto del Poder Ejecutivo, la cual exige la recomposición de salarios docentes y becas por IPC desde diciembre de 2023. Mientras los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculan que se precisan $11 billones para garantizar el funcionamiento de las facultades, el proyecto solo contempla asignaciones por $7,3 billones.

La tensión por la escasez de partidas reabrió el debate entre los especialistas respecto a las prioridades del gasto público y el margen de maniobra fiscal.

"La buena noticia es que el proyecto frena la caída en la inversión educativa y da una señal positiva de reversión, incipiente pero por encima de otros sectores", analiza el economista Javier Curcio. No obstante, al evaluar la encrucijada universitaria, el coautor del informe es tajante: "La ley hay que cumplirla y el Gobierno tiene que generar espacio fiscal para eso. Se achicó la presión tributaria en espacios donde podría no haberlo hecho. El Ejecutivo puede reorganizar partidas, postergar rebajas en Bienes Personales o retenciones, o revisar impuestos a bienes de lujo. Priorizar la educación es una decisión política".

Por su parte, Marcelo Rabossi, docente e investigador de la Universidad Torcuato Di Tella, pone el foco en la fragilidad institucional de las casas de altos estudios: "El ajuste afectó especialmente a las universidades nacionales. Si bien en 2026 se observó cierta recuperación, esta se encuentra muy lejos de compensar la pérdida acumulada desde 2023. En 2027 el presupuesto universitario volvería a estancarse, lo que compromete seriamente la capacidad operativa del sistema".

Argentinos por la Educación, Clarín