Rus presentó una ley para eliminar los "aguantaderos" del delito

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, presentó este miércoles el proyecto de ley conocido como "Ley Antiaguantaderos", una iniciativa que busca dotar al Estado de herramientas para intervenir inmuebles abandonados o utilizados como refugio para la comisión de delitos. Según explicó, el objetivo es recuperar esos espacios para los vecinos y evitar que se conviertan en focos de inseguridad.

"El barrio tiene que ser de los vecinos", afirmó la funcionaria al explicar el espíritu de la iniciativa. "En la medida en que tenemos aguantaderos, lugares abandonados o una mala urbanidad, eso fomenta e invita al delito. Es malo para la seguridad y por eso decidimos tomar las riendas de este tema", sostuvo en un encuentro con la prensa en la Legislatura.

Rus explicó que el Ministerio viene trabajando desde hace un año en esta política junto a distintos municipios y destacó que hasta el momento ya se realizaron 20 intervenciones, de las cuales 13 terminaron con la demolición de inmuebles considerados un riesgo para la seguridad.

"He estado en la mayoría de esos casos y hablo con los vecinos. La respuesta siempre es muy satisfactoria. Hay familias que me cuentan que no dejaban salir a sus hijos a jugar porque al lado había una casa abandonada donde se escondía gente, consumía alcohol o drogas. Recuperar esos espacios es devolverle tranquilidad al barrio", relató.

Convenios con los municipios

La ministra explicó que el proyecto de ley amplía el esquema de trabajo conjunto con las comunas para agilizar las intervenciones.

"La ley prevé convenios con todos los municipios para que puedan ejecutar las tareas materiales, como una demolición o un tapiado, utilizando sus propias cuadrillas y maquinaria. Las resoluciones administrativas seguirán dependiendo del Ministerio", indicó.

Desde que comenzó el programa, el Gobierno provincial ya abrió 54 expedientes administrativos vinculados con este tipo de inmuebles.

Rus remarcó que el sistema busca facilitar la participación de la comunidad y aclaró que no es necesario presentar una denuncia formal para iniciar una actuación.

"Nos interesa que la gente nos avise cuando detecta un lugar que genera inseguridad. No hace falta una denuncia; alcanza con que la comunidad se comunique con nosotros. También recibimos información de municipios y organizaciones", explicó.

En ese sentido, destacó el valor del aporte de los vecinos.

"El vecino es el que está las 24 horas ahí. Si nos dice que en un lugar se vende droga o que funciona como facilitador del delito, nosotros tomamos esa información y la investigamos. En general, el vecino está en lo correcto", aseguró.

Protección para los propietarios

Uno de los puntos que la ministra buscó aclarar es que la futura ley no apunta contra los dueños de los inmuebles, sino que pretende proteger sus derechos.

"Esta ley protege la propiedad del titular registral. No modifica la titularidad ni interviene sobre ella. Al contrario, evita que un inmueble termine siendo ocupado ilegalmente por un usurpador y después resulte mucho más difícil recuperarlo", sostuvo.

Rus explicó que antes de cualquier intervención administrativa el propietario es notificado y participa del procedimiento.

"En casi todos los casos hemos logrado contactar al titular y obtener su conformidad. Incluso muchas veces nos agradecen porque desconocían el estado del inmueble o no tenían recursos para recuperarlo", afirmó.

Como ejemplo, recordó situaciones en las que los propietarios no podían alquilar o vender una vivienda debido al deterioro o a la presencia de ocupantes ilegales.

"Después de la intervención, el inmueble queda saneado y el dueño puede disponer nuevamente de su propiedad. En algunos casos logramos incluso que los usurpadores se retiraran sin necesidad de judicializar el conflicto", señaló.

La funcionaria aclaró además que la demolición constituye la medida más extrema y sólo se aplica cuando existen informes técnicos que acreditan riesgos estructurales para terceros.

"Hay muchas alternativas antes de llegar a esa instancia, como el cerramiento o el tapiado del inmueble. La demolición se reserva para situaciones donde existe peligro para la integridad física de los vecinos", explicó.

Streaming desde la cárcel: "No vinimos a custodiar una falsa paz"

Durante la conferencia, Rus también fue consultada por el video viral en el que cinco internos realizaron un streaming en vivo desde una cárcel mendocina utilizando un teléfono celular, pese a que esos dispositivos están prohibidos.

La ministra defendió la política implementada desde el inicio de la gestión y recordó que cuando asumió existían miles de celulares habilitados dentro del sistema penitenciario.

"Esto hoy es noticia porque antes era la normalidad. Cuando llegamos, en diciembre de 2023, dije que no quería celulares en las cárceles. Hasta ese momento estaban habilitados judicialmente y nosotros dimos una batalla legal durante todo 2024 para terminar con esa situación", afirmó.

Rus sostuvo que eliminar los teléfonos de las cárceles implicó enfrentar resistencias tanto judiciales como internas.

"Nosotros no vinimos a custodiar una falsa paz, que era la que existía cuando los celulares circulaban libremente. Vinimos a interrumpir esa lógica y eso implicó una batalla muy compleja", expresó.

Según detalló, durante años hubo más de 16.800 celulares habilitados judicialmente dentro del sistema penitenciario, además de otros que ingresaban de manera irregular.

Para revertir esa situación, el Gobierno implementó un sistema de ingreso único con controles tecnológicos para todo el personal, profesionales y visitantes.

"En los últimos quince días evitamos el ingreso de 782 celulares. A eso se suman los teléfonos que secuestramos dentro de los establecimientos durante las requisas, que promedian unos 16 por día", precisó.

También destacó las inversiones realizadas para reforzar los controles.

"El gobernador permitió invertir en 300 cámaras, modernizar las comunicaciones con el sistema TETRA y avanzar hacia la instalación de inhibidores y nuevos escáneres. Todo eso forma parte del mismo plan", indicó.

Traslado para los cinco internos

Respecto de los presos que aparecieron en el streaming, la ministra confirmó que ya fueron identificados y enfrentarán sanciones disciplinarias.

"Son cinco internos. Ya tienen iniciado el sumario correspondiente, se notificó a los juzgados que intervienen en cada caso y, una vez que concluyan los procedimientos administrativos, serán trasladados a sectores con mayores restricciones y menos beneficios", informó.

Rus explicó que los detenidos permanecerán en el complejo San Felipe por su condición procesal, aunque serán reubicados en módulos de mayor seguridad.

"Las consecuencias están previstas dentro del sistema disciplinario. La falta no fue solamente tener un celular, sino también la conducta desplegada. Venimos trabajando desde hace tiempo con un sistema de clasificación de internos de alto perfil que hoy nos permite tomar este tipo de decisiones con rapidez", concluyó.