Pozos de Agrelo: Marinelli defendió los permisos precarios de agua tras el fallo
El superintendente explicó que las empresas solo podrán acceder a permisos precarios de uso del agua y deberán pagar deudas para seguir produciendo. Durante la entrevista con Radio Post también respondió cuestionamientos sobre la legalidad del mecanismo y sobre las irregularidades que originaron el conflicto.
El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, defendió el camino que analiza el organismo para aplicar el reciente fallo judicial sobre los pozos de Agrelo y explicó cuáles serán los pasos que podrían seguir quienes actualmente utilizan esas perforaciones.
Durante una entrevista con el programa "A pesar de las llamas" por Radio Post el funcionario remarcó que el organismo debe cumplir la resolución judicial, aunque admitió que el tema abre debates técnicos, jurídicos y políticos.
"Los fallos de la Corte se acatan. No voy a entrar ahora en esa disquisición. Lo cierto es que tenemos que cumplir el fallo", sostuvo Marinelli.
El titular de Irrigación explicó que los productores involucrados deberán definir en los próximos días si aceptan el esquema que se aplicará a partir de la sentencia.
"Ahora tienen diez días para notificarnos si se avienen al fallo. Si quieren seguir trabajando esas tierras como lo vienen haciendo, tienen que venir al fallo", señaló.
Según detalló, la salida que analiza el organismo es permitir el uso del recurso bajo un sistema de permisos precarios, sin derecho definitivo al agua.
"Van a estar en precariedad, en no tener nunca una concesión ni un derecho definitivo", afirmó.
En ese marco, quienes acepten ese régimen deberán regularizar su situación económica con Irrigación.
"Tienen que pagar las deudas que tienen y el Fondo Potrerillos, que es la inversión que hicieron las propiedades de la cuenca en obras hacia atrás", explicó.
El funcionario precisó que el permiso sería temporal y condicionado al comportamiento del acuífero.
"En el río Mendoza son por diez años. Se da un permiso precario por diez años y después se evalúa", indicó.
Y advirtió que ese derecho podría modificarse si cambian las condiciones del sistema hídrico.
"Si baja el volumen de agua en el acuífero, se les puede bajar la cuota anual que tienen. Y si el acuífero tiene problemas serios, se revoca el permiso", sostuvo.
Durante la entrevista, Marinelli también destacó que el fallo introduce un criterio que considera relevante para la gestión del recurso hídrico.
"Por primera vez un fallo interpreta que el agua es una sola, más allá de que sea superficial o subterránea", afirmó.
Según explicó, esa mirada coincide con los enfoques modernos de administración del recurso.
"El agua viene de la misma fuente. En Mendoza es la nieve de la cordillera o los glaciares; después corre por superficie o se infiltra en el acuífero", señaló.
Cruce con Arce por la legalidad y las irregularidades
Durante el diálogo, el periodista Marcelo Arce planteó dudas sobre la legalidad de avanzar con un esquema de permisos precarios mediante una resolución administrativa y cuestionó que se habilite una salida para empresas que, según el propio fallo judicial, actuaron de forma irregular.
Ante esa observación, Marinelli defendió el mecanismo que analiza Irrigación.
"No se está burlando la ley. Se está dando una condicionalidad al otorgamiento del servicio", respondió.
El superintendente insistió en que el organismo debe limitarse a ejecutar lo dispuesto por la Justicia.
"Piense lo que piense, lo tengo que hacer porque es legítimo y es legal. Esa es mi tarea", sostuvo.
Arce también cuestionó que se permita continuar con el uso del agua a empresas que habrían cometido irregularidades en el proceso original de otorgamiento de los pozos.
Sobre ese punto, Marinelli explicó que el conflicto surgió por la forma en que algunos solicitantes habrían logrado avanzar en el orden de prioridad.
"Buscaron la forma de saltear a los que estaban anotados antes y tenían preeminencia en el derecho", afirmó.
Según explicó, durante su gestión se intentó ordenar la situación del acuífero a partir de estudios técnicos y de un proceso de regularización de solicitudes.
"Se determinó que el sistema estaba en equilibrio restringido: no se puede otorgar agua libremente, pero tampoco está prohibido hacerlo", explicó.
En ese contexto, aseguró que muchas de las perforaciones otorgadas durante su gestión respondieron a pedidos que habían sido postergados en administraciones anteriores.
"Se pidió que se ratificaran todos aquellos que habían sido salteados en las gestiones anteriores para anotarlos y cumplir con esos derechos", indicó.
Durante la entrevista también surgió el nombre del exintendente de Tupungato, Gustavo Soto, vinculado a uno de los terrenos del área.
Marinelli aclaró que el dirigente no posee derechos de agua otorgados.
"Soto tiene un permiso de perforación, pero no tiene concesión. Tiene un agujero con un caño en la finca", afirmó.
Y agregó que el derecho al uso del recurso solo se otorga cuando existe un proyecto productivo aprobado.
"La concesión se otorga para un proyecto productivo determinado. Si no hay concesión, no hay derecho de agua", señaló.
Sobre las denuncias de corrupción que rodearon el origen del conflicto, el funcionario evitó profundizar.
"Ese tema sí me parece mal, pero yo no soy juez. Yo trato de abocarme a lo que me toca como responsabilidad", afirmó.
En ese sentido, remarcó que el debate político o judicial sobre esas irregularidades excede las funciones actuales del organismo.
"Más allá de que sea éticamente discutible o no, es un fallo de la Corte y nosotros tenemos que cumplirlo", concluyó.