El Gobierno cede en el Súper RIGI y negocia el abastecimiento energético

La Libertad Avanza buscará este miércoles avanzar en el Senado con el dictamen del proyecto conocido como Súper RIGI, luego de aceptar modificaciones reclamadas por bloques aliados que destrabaron las negociaciones en torno a la iniciativa.

El oficialismo pretende que el proyecto pueda ser tratado en el recinto el próximo 10 de septiembre, en una sesión que también incluiría otras propuestas impulsadas por sectores aliados. Sin embargo, los cambios que se incorporarán al texto aprobado por Diputados obligarán a que la iniciativa regrese a la Cámara baja para su revisión.

La discusión comenzará a las 13, durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversiones y Legislación General, presididas por Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez (LLA).

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, aceptó modificaciones impulsadas por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, pese a que desde el Gobierno habían manifestado reparos frente a algunas de esas reformas.

Los principales puntos de negociación son la protección de la industria nacional y las condiciones de abastecimiento energético que deberán cumplir los grandes proyectos, especialmente los megacentros de datos vinculados con la inteligencia artificial.

La generación eléctrica, en el centro de la discusión

Uno de los principales focos de tensión está puesto en los proyectos considerados electrointensivos, que demandarán grandes cantidades de electricidad.

Los bloques provinciales plantean que estas nuevas industrias, particularmente los centros de datos destinados a inteligencia artificial, cuenten con sistemas propios de generación eléctrica. El objetivo es evitar que la mayor demanda de energía termine recayendo sobre las redes existentes de las provincias y pueda afectar el abastecimiento de los usuarios residenciales.

La cuestión adquiere especial relevancia porque el Súper RIGI busca precisamente atraer inversiones de grandes empresas tecnológicas, industrias vinculadas con la inteligencia artificial y proyectos relacionados con minerales críticos.

El dilema para el oficialismo consiste en encontrar un equilibrio entre las exigencias de las provincias y el objetivo de ofrecer un régimen suficientemente atractivo para captar inversiones. Desde el Gobierno existe preocupación de que una regulación demasiado exigente termine encareciendo los proyectos o desalentando a los inversores.

Para los gobernadores, en cambio, el problema es determinar quién deberá afrontar el costo de la infraestructura energética necesaria para abastecer a emprendimientos que pueden generar una demanda extraordinaria.

El reclamo de la industria nacional

El segundo cambio que está dispuesto a aceptar el oficialismo se relaciona con la participación de proveedores argentinos en los proyectos beneficiados por el régimen.

El texto aprobado por Diputados establece que los planes de inversión deberán asumir el compromiso de contratar proveedores locales por un mínimo equivalente al 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta nacional que pueda competir en condiciones de mercado en términos de precio y calidad.

Los bloques aliados pretenden precisar que esa protección se aplique específicamente a bienes efectivamente producidos en la Argentina.

El planteo fue respaldado durante la última reunión por Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la UIA, quien reclamó que el porcentaje del 20% se concentre exclusivamente en productos fabricados en el país.

"Hoy la industria es un sector transable que compite con el mundo y estamos a favor de una economía abierta, pero de forma inteligente", sostuvo.

La discusión excede el texto del proyecto y pone en juego una cuestión central sobre el modelo económico: si los beneficios extraordinarios otorgados a las grandes inversiones estarán destinados solamente a facilitar el ingreso de capitales o si también servirán para generar un impacto concreto sobre la producción y los proveedores nacionales.

Un régimen con fuertes beneficios

El Súper RIGI propone ampliar el esquema de incentivos para captar grandes inversiones mediante un conjunto de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

Entre los principales incentivos previstos se encuentra una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, acompañada por un régimen de amortización acelerada de las inversiones: 60% durante el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes.

El proyecto también contempla certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, con una alícuota única del 10%.

En materia de resultados negativos, establece la posibilidad de realizar la deducción de quebrantos sin límite temporal. A la vez, propone una reducción progresiva de la carga sobre los dividendos: del 7% inicialmente al 3,5% después de cuatro años de adhesión al régimen.

El esquema aduanero incluye la exención de derechos de importación, la eliminación de los derechos de exportación y la supresión de restricciones y cupos para operar.

También establece un esquema progresivo de disponibilidad de las divisas obtenidas por las exportaciones, que llegaría al 100% a partir del tercer año.

El proyecto vuelve a Diputados

El acuerdo alcanzado en el Senado permite al oficialismo avanzar hacia un dictamen, pero modifica la estrategia que había planteado inicialmente el Gobierno, que buscaba que el proyecto fuera aprobado sin cambios para evitar que regresara a Diputados.

Si el Senado finalmente incorpora las modificaciones, la iniciativa deberá volver a la Cámara de Diputados, donde los legisladores tendrán que resolver si aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara alta.

De esta manera, la discusión del Súper RIGI quedó atravesada por una tensión entre dos objetivos: mantener un régimen de incentivos suficientemente atractivo para captar inversiones de gran escala y, al mismo tiempo, evitar que esas inversiones generen costos adicionales para la industria nacional o para las redes energéticas provinciales.

Con información de NA, editó Carina Pérez