Tarea colateral: de los errores y dudosa legitimidad del DNU a la defensa del Decreto 555

Se trabaja en Casa de Gobierno en la justificación legal de la reinterpretación que Mendoza hizo del DNU presidencial. El equipo de Víctor Ibañez junto al gobernador Rodolfo Suarez abren el paraguas jurídico, mientras desde el peronismo local hay una tibia embestida por "desobediencia" a Buenos Aires.

El peronismo está utilizando las redes sociales, y aun no ha acudido a los tribunales, para denunciar la "desobediencia" de Mendoza al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 281, dictado por el presidente Alberto Fernández y sus ministros, y en el que incluyó a zonas de Mendoza en una nueva categorización, la de "Alerta epidemiológica".

Sin embargo, Mendoza resistió algunas de las obligatoriedades planteadas desde Buenos Aires para ser cumplidas aquí, con el argumento legal de que la Constitución sostiene que los DNU son una norma de "carácter general" pero que "debe compatibilizarse con las que están vigentes actualmente" en la provincia.

Asimismo, desde el Ministerio de Gobierno se trabaja en un paraguas legal, en el que se aduce -tal como lo menciona el Decreto 555 publicado anoche en Mendoza- que en el DNU, "en distintos pasajes, faculta a los gobernadores y gobernadoras de provincias '...para adoptar disposiciones adicionales a las dispuestas en el presente decreto, focalizadas, transitorias y de alcance local'", citando textualmente la norma nacional cuyas disposiciones encresparon al gobierno mendocino y cuyo cumplimiento parcial, lo hace con la oposición local y el gobierno con sede en Buenos Aires.

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Desde la Casa de Gobierno se demostró que el DNU presidencial tiene errores. Lo dijo el gobernador Rodolfo Suarez el sábado al referirse a la fórmula utilizada para determinar la gravedad epidemiológica por sectores, cuya metodología es distinta a la que se venía utilizando y cuya aplicación, no fue anticipada, comunicada ni advertida a Mendoza.

Como ejemplos, el DNU de Fernández no suma a Alvear, la zona más complicada por la aparición de numerosos casos de la cepa Manaos de covid-19. Y además, como ayer se lo explicó el titular de la DGE, José Thomas, a su par nacional, Nicolás Trotta, se incluyó equivocadamente a Las Heras en dos áreas epidemiológicas distintas.

En tal sentido, en el gobierno mendocino se preguntan si alguien puede obligar a cumplir normas erróneas.

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Más allá de eso, hasta ahora nadie habló de presentarse ante la Justicia como se está dando en la batalla legal en la Ciudad de Buenos Aires, pero tampoco se lo descarta.

En tal sentido, aparece como elemento uno de fondo: la resolución reciente de la Cámara del Crimen, que consideró abusivo el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del presidente Alberto Fernández en la gestión de la pandemia. La Justicia instó al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso para que a través de manera consensuada, en un plazo de 15 días, debata y sancione una ley que de una respuesta efectiva a la situación sanitaria que el atraviesa el país.

Fueron los jueces Magdalena Laiño, Ignacio Rodriguez Varela y Julio Lucini quienes o determinaron ante un habeas corpus presentado contra los decretos 235/2021 y 241/2021 firmados por Alberto Fernández el 8 y 16 de abril pasados, cuando se dispuso restricciones para la circulación y topes horarios. Son decretos que, como el último, limitaron la libre circulación de las personas y comprometen su la libertad ambulatoria.

"La Cámara explicó que si bien al comienzo de la pandemia puedo haber estado justificada la sola decisión presidencial, más de un año de declarada la emergencia se requiere retomar el sistema republicano institucional. Incluso le fijó un plazo de 15 días, demostrando la preocupación porque a la fecha los derechos fueron limitados por Decretos de Necesidad u Urgencia", dijo el abogado Christian Alberto Cao, que patrocinó el habeas corpus. El recurso fue presentado por la Fundación Apolo y Antonio Fratamico, con el patrocinio de Cao e Isaac Wieder.

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"Actualmente el Poder Ejecutivo continúa recurriendo, con un uso desmedido, al dictado de los DNU en los que se invoca la emergencia derivada de la pandemia del covid-19 para pretender justificar la necesidad de suspender, restringir y alterar el normal y libre ejercicio de ciertos derechos". Mencionaron además que "ya no es posible sostener que la herramienta legal utilizada sea respetuosa del principio republicano de gobierno y de todo Estado de derecho", dijeron los jueces de la Cámara del Crimen.

El caso de la "desobediencia" mendocina

En escena aparece ahora una disputa más política partidaria propia del año electoral, que práctica, en la búsqueda de encontrarle un dique de contención a los contagios.

Pero los argumentos que se planteen tendrán que ser aclarados por las dos partes que lo discuten, aunque se espera que no generen en la población mendocina a la incertidumbre a la que se sometió a los porteños, que no sabían qué hacer de un día para el otro, en varias oportunidades, debido a la discusión extrema, la tensión total y el cruce de medidas judiciales en jurisdicciones que se vetaban entre sí.

"Se puede estar o no de acuerdo con las decisiones que tomó el Gobierno Nacional, pero de ahí a incumplir un DNU es de una gravedad institucional nunca antes vista en la Provincia de Mendoza", escribió en Twitter el síndico del Banco Nación y exministro y extitular de la OSEP, Marcelo Costa, militante del Frente de Todos.

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Se quejó en la red, además, de que no lo acompañe en su idea la prensa: "¿Ningún medio o periodista de Mendoza va a decir la gravedad institucional que implicará la decisión del Gobierno de Mendoza al desobedecer un Decreto de Necesidad y Urgencia que, según la Constitución de Argentina y la Ley 26.122, tiene carácter de Ley?".

La única voz con autoridad surgida del voto popular desde el PJ es la intendenta de Santa Rosa, María Flor Destéfanis, que no está de acuerdo con todo lo decidido por Suarez y su equipo en el decreto 555, pero que no formula recriminaciones jurídicas ni amenaza con recurrir a la Justicia. Simplemente ofreció una opinión diferente y dijo lo que deseaba que hubiese ocurrido (lo podés leer aquí). La presidenta del partido y máxima referente mendocina, Anabel Fernández Sagasti, le regaló un corazoncito en Twitter, pero no avaló la postura rupturista de Costa, hasta ahora.

Por lo pronto, hay confianza en la calle Peltier de que hay argumentación suficiente para fundamentar una interpretación propia del DNU presidencial. Por otro lado, además, también hay confianza en que el propio Presidente sea quien busque los puntos en común, en medio de una situación de fragilidad en la que ejerce su mandato.


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