Cannabis y cáñamo: así serán los proyectos de investigación en Mendoza
La Provincia estableció el procedimiento que deberán cumplir los proyectos científicos y tecnológicos vinculados a estas actividades. La normativa define quiénes podrán participar, fija requisitos técnicos, crea un sistema de control permanente y establece un régimen de sanciones.
El Gobierno de Mendoza avanzó en la implementación de la Ley Provincial 9.617 al aprobar el protocolo que regulará la presentación, evaluación, autorización y seguimiento de los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y aplicación productiva relacionados con el cannabis medicinal y el cáñamo industrial.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 428 del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y busca establecer un marco uniforme para todas las iniciativas que se desarrollen en la provincia, garantizando criterios científicos, sanitarios y ambientales durante todo el proceso.
La reglamentación también incorpora mecanismos destinados a asegurar la trazabilidad de los materiales utilizados, las condiciones de bioseguridad y la fiscalización permanente por parte del Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial.
Qué instituciones podrán desarrollar investigaciones
La resolución determina quiénes estarán habilitados para presentar proyectos. Entre ellos se encuentran las universidades públicas y privadas con reconocimiento oficial, organismos estatales dedicados a la investigación científica y tecnológica, instituciones educativas, laboratorios autorizados y personas físicas o jurídicas que acrediten convenios de colaboración con entidades científicas reconocidas.
Las investigaciones podrán orientarse tanto al uso medicinal y terapéutico del cannabis como a aplicaciones veterinarias, nutricionales y cosméticas. Asimismo, se contempla el desarrollo del cáñamo industrial para la producción de fibras, biomateriales, bioplásticos, insumos para la construcción y otros productos de base biológica.
La normativa también habilita proyectos de innovación tecnológica, programas académicos, prácticas profesionalizantes y actividades de transferencia de conocimientos.
Evaluación científica obligatoria
Antes de recibir la autorización correspondiente, cada iniciativa deberá atravesar un proceso de evaluación técnica por parte de la autoridad de aplicación.
Durante ese análisis se evaluarán aspectos como la calidad metodológica del proyecto, su factibilidad técnica, los protocolos de bioseguridad previstos y el impacto potencial de la investigación.
Una vez aprobada la propuesta, será obligatoria su inscripción en el Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial mediante resolución ministerial. Solo después de completar ese trámite podrán comenzar las actividades de investigación.
Los requisitos para presentar un proyecto
La guía técnica aprobada por el Gobierno establece una estructura mínima que deberán respetar todas las investigaciones.
Cada presentación deberá incluir el título del proyecto, un resumen ejecutivo, la descripción y fundamentación del problema de investigación, el marco teórico, los objetivos, la metodología de trabajo, las consideraciones éticas, la bibliografía, el plan de ejecución con cronograma y recursos disponibles, los antecedentes del equipo responsable y los resultados esperados.
Además, la reglamentación incorpora pautas metodológicas para la formulación de hipótesis, la selección de muestras, la definición de variables y el diseño de investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas.
Controles periódicos y régimen sancionatorio
Los responsables de cada proyecto deberán presentar informes trimestrales sobre el avance de las investigaciones y permitir inspecciones técnicas destinadas a verificar el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad, la trazabilidad de los materiales empleados y la protección de la información obtenida.
La resolución también prevé un esquema progresivo de sanciones para los casos de incumplimiento. Las medidas podrán incluir apercibimientos, multas, suspensión de los proyectos, clausura de establecimientos o cultivos, decomiso de materiales y, en los casos de reincidencia o cuando exista riesgo para la salud pública, la revocación definitiva de la inscripción en el registro provincial.
