Una mujer demandó a su abogado y al gobierno de Mendoza por daño moral al sentir que la indujeron a firmar un convenio con su exmarido que no la beneficiaba.
La senadora presentó un proyecto para que el Estado acompañe a las personas víctimas de violencia de género. Espera que sea tratado antes del cambio de gobierno.
El empresario Alejandro Cabanillas estaba preso por violencia de género, pero debido a la condena podía acceder a la libertad. El encuentro con un abogado le permitió tramitar el beneficio.
Bernardo Yazlli fue denunciado penalmente por abuso sexual y escrachado en las redes. A cinco años del inicio de la causa fue sobreseído, pero el daño permanece.
El delantero colombiano que juega en Boca fue sentenciado a 2 años y 1 mes de prisión por lesiones leves contra su expareja. No irá a prisión, pero Boca podría desafectarlo.
La solicitud del fiscal Oscar Ciruzzi incluyó también una serie de amenazas contra su exsuegro, contra una empleada de su exconcubina y un episodio donde intentó extorsionar a un hombre que fue contador suyo y al que le habría hurtado un celular.
Una anestesista y socia lo denunció por violencia de género. La Justicia consideró que la profesional sufrió problemas psicológicos y debe ser resarcida.
Aunque la Legislatura sancionó una ley en 2016 fomentando la creación de programas para ayudar a los hombres violentos, no había ninguno en la zona este. En qué casos el tratamiento será obligatorio.
El abogado Alfredo Bendini, junto a una decena de familiares de hombres acusados de violencia de género, reclamaron en la Legislatura el cese de prisiones preventivas.
Un hombre de 25 años le dio una puñalada a su hermano cuando se enteró que salía con su expareja. El sospechoso tenía antecedentes por violencia de género.
La directora del área, Belén Bobba, maneja un presupuesto infinitamente menor que el del Ministerio de las Mujeres pero le alcanza para ayudar a las víctimas de violencia de género y hasta a los agresores.
Micaela García fue violada y asesinada por un condenado que tenía libertad condicional. Nada de eso menciona la bibliografía del curso obligatorio para todos los agentes del Estado.
Debajo de la ministra Gómez Alcorta, hay 69 funcionarios de alto rango. En 2021 hubo un femicidio cada 29 horas y, en lo que va de 2022, uno cada 27 horas.