La Armada denunció pagos irregulares por casi $1.000 millones
Una auditoría interna detectó 645 acreditaciones de haberes que no coincidirían con las liquidaciones oficiales entre julio de 2022 y enero de 2026. La denuncia fue presentada por la propia fuerza ante el Juzgado Federal N° 2.
La Armada Argentina presentó una denuncia ante la Justicia Federal luego de detectar presuntas irregularidades en el pago de haberes a 23 personas. De acuerdo con la investigación administrativa, se realizaron 645 acreditaciones indebidas por un total de $981.148.567,88 durante el período comprendido entre julio de 2022 y enero de 2026.
La presentación fue realizada por el capitán de Navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, quien advirtió sobre "modificaciones efectuadas sobre registros y archivos destinados a la acreditación bancaria de haberes".
El caso comenzó a ser detectado en febrero de 2026, cuando una revisión de los haberes correspondientes a enero permitió identificar que cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos que no les correspondían. Esas personas devolvieron las sumas percibidas y, a partir de ese episodio, la fuerza amplió los controles sobre períodos anteriores.
La revisión posterior encontró diferencias entre las liquidaciones, los recibos de sueldo y los archivos enviados al Banco Nación para concretar los pagos. Entre las situaciones bajo análisis aparecen conceptos que no figuraban en las liquidaciones, importes incorporados a los lotes bancarios que no aparecían en los recibos, duplicaciones y acreditaciones a personas cuya relación con la Armada no pudo establecerse inicialmente.
Cómo se habrían modificado los pagos
Según la denuncia, los archivos generados por el sistema de haberes habrían sido alterados antes de su envío al banco. En algunos casos, se habrían incorporado acreditaciones por montos superiores a los que correspondían según las liquidaciones y, en otros, pagos que directamente no tenían respaldo en haberes liquidados.
La presentación también describe modificaciones realizadas después del proceso habitual de liquidación, que permitían incrementar transitoriamente determinados importes. Luego, los registros eran restituidos a sus valores originales para evitar que esas modificaciones quedaran reflejadas en los recibos disponibles en el sistema de haberes.
La investigación identificó entre los beneficiarios a personal militar en actividad y retirado, empleados civiles de planta permanente y contratados, personal civil jubilado y cuatro personas que no tenían ninguna vinculación laboral o funcional con la Armada.
Entre estas últimas figuran María del Carmen Prieto, con 46 acreditaciones por $152.259.495,86; Damián Andrés Santana, con 47 por $99.496.225,47; Amalia Cristina Díaz, con 46 por $91.978.048,38; y Natalia Carolina Yahia, con 45 por $90.466.948,33. En conjunto, las cuatro personas concentraron $434.200.718,04, según la documentación difundida sobre la denuncia.
Prieto aparece además como la persona que recibió el mayor monto individual entre los 23 beneficiarios identificados y, de acuerdo con la denuncia, es cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, el capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff.
La Justicia deberá establecer ahora cómo se produjeron las modificaciones, quiénes intervinieron, cuál fue el destino de los fondos y la eventual responsabilidad de cada una de las personas involucradas.
Defensa confirmó la investigación
El Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, confirmó que la Armada realizó una investigación administrativa y posteriormente llevó el caso a la Justicia.
Desde la cartera señalaron que "se inició una actuación administrativa que permitió determinar inconsistencias en las acreditaciones de sueldos" y que, una vez constatadas, se presentó la denuncia ante el Juzgado Federal N° 2 para determinar responsabilidades y garantizar el debido proceso.
Defensa sostuvo además: "La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para garantizar el cumplimiento de la ley".
La investigación judicial parte, por ahora, de un monto documentado de $981.148.567,88 y 645 acreditaciones correspondientes a 23 personas. Cualquier ampliación del perjuicio económico o determinación de responsabilidades quedará sujeta al avance de la causa.
