Revés para Argentina en EEUU: deberá pagar US$391 millones por la expropiación de Aerolíneas
Una Corte de Apelaciones confirmó la condena a favor del fondo Titan Consortium y dejó firme la obligación del Estado argentino de indemnizar por la estatización de la compañía aérea realizada en 2008.
La Justicia de Estados Unidos volvió a fallar en contra de la Argentina en el litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el recurso presentado por el Estado nacional y ratificó la sentencia que lo obliga a pagar US$390.907.115,55, más los intereses correspondientes, al fondo Titan Consortium.
La decisión confirma el fallo de primera instancia y representa un nuevo revés judicial para el país en una causa derivada de la estatización de la empresa aérea en 2008.
Según explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors especializado en los juicios internacionales contra la Argentina, el tribunal estadounidense dejó firme la validez del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial.
Un litigio que lleva más de una década
El conflicto se originó tras la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, que por entonces estaban bajo el control del grupo español Marsans.
La compañía inició un reclamo ante el CIADI, cuyos derechos fueron posteriormente transferidos al fondo Burford Capital -conocido también por su participación en el juicio por la expropiación de YPF- y, más tarde, al fondo Titan Consortium, que desde 2021 impulsa la ejecución del laudo en los tribunales estadounidenses.
El CIADI emitió un fallo favorable a los demandantes en 2017. Dos años después, en 2019, rechazó el pedido de nulidad presentado por la Argentina.
Posteriormente, en 2024, Titan Consortium obtuvo el reconocimiento judicial del laudo en Estados Unidos, lo que habilitó la condena contra el Estado argentino por US$390,9 millones, más intereses.
La apelación fue rechazada
Durante 2025, la Argentina apeló esa decisión argumentando que el reclamo debía considerarse prescripto, al sostener que correspondía aplicar un plazo de tres años.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia desestimó esa postura y ratificó el criterio de primera instancia, que fijó un plazo de 12 años para la ejecución del laudo arbitral.
De este modo, quedó confirmada la obligación del país de afrontar el pago por un total de US$390.907.115,55, monto al que deberán sumarse los intereses que correspondan.
La respuesta del Gobierno
Tras conocerse el fallo, la Procuración del Tesoro de la Nación informó que analiza las alternativas jurídicas disponibles con el objetivo de revertir la sentencia o, al menos, reducir su impacto económico.
A través de un comunicado, el organismo sostuvo que el litigio tiene origen en decisiones adoptadas por administraciones anteriores y recordó que el actual Gobierno recibió una elevada cantidad de demandas internacionales.
En ese sentido, afirmó que la Argentina heredó más de US$30.000 millones en pasivos derivados de juicios perdidos, una situación que atribuyó a "décadas de políticas estatistas" y al elevado costo institucional acumulado antes del cambio de gestión en diciembre de 2023.
