Diputados de la UCR responsabilizan al kirchnerismo porque YPF está camino al default

Para saber cuál es la situación financiera real de YPF, los diputados Jimena Latorre y Gustavo Menna (UCR) presentaron un pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional y al directorio de la empresa. El objetivo es que, a la brevedad, brinden respuestas concretas y detalladas que permitan conocer en profundidad cómo está actualmente la empresa.

La solicitud se fundamenta en lo trascendental que resulta YPF no sólo para el sector energético nacional, sino por las implicancias que el tema puede asumir en todo el sistema financiero nacional. Además, por la incidencia directa en la imagen y credibilidad de la Argentina en el plano internacional.

Es que, según fundamentan los diputados acompañados también por sus pares Alfredo Cornejo, Mario Negri, Roxana Reyes, Fabio Quetglas, Lorena Matzen y Facundo Suárez Lastra, la crisis financiera de larga data que tiene YPF es consecuencia de una deuda originada entre 2012 y 2015 y que alcanzó los 8.207 millones de dólares en el tercer trimestre del 2020. El 93% de dicha deuda se encuentra nominada en dólares a una tasa promedio del 7,5% y representa el 108% del patrimonio neto de la empresa, según informa el último balance trimestral.

El pedido, que fue realizado con el aporte de Jorge Lapeña, Alejandro Einstoss y Julián Rojo, que son representantes del Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi", y de Daniel Montamat, ex presidente y director de YPF, argumenta también que dicha deuda es objeto de una nueva renegociación, que intenta modificar el perfil de vencimientos de capital e intereses.

En ese contexto, siempre según las citadas fuentes, YPF ha lanzado una agresiva oferta al mercado que en primera instancia ha sido rechazada y coloca a la empresa petrolera camino a un default que, de concretarse, tendría importantes consecuencias. No sólo para el sector energético sino para el financiamiento del resto de los sectores económicos.

En medio de la negociación, determinaron además, el gobierno anunció el cambio del presidente de la empresa. Lo cual, aseguraron los mencionados legisladores, incorporó amplios márgenes de incertidumbre adicional al resultado de la renegociación.

Guillermo Nielsen, economista y especialista en finanzas que formó parte del equipo que renegoció la deuda con el FMI en 2005, será reemplazado por el diputado santacruceño Pablo González que ocupó varios cargos en la función pública pero no tiene experiencia en la materia.

"En este complejo contexto, la puja de poder que muestra el Frente de Todos está muy lejos de mostrar una solución que defienda el futuro de la empresa y los fondos actuales y futuros de los argentinos. Esa puja parece ganarla una Cámpora cuya única ambición son los cargos, la caja y el aparato dirigido a las próximas elecciones. Muestra de ello es la salida de Nielsen y la conquista de la presidencia no conformes con la gerencia de YPF. La carencia de estrategia y planificación y la debilidad de liderazgo de un presidente que cede un sector estratégico a los designios de la vicepresidente, amenaza con una nueva edición del desmanejo que afecto a YPF entre el 2012/2015 y augura un panorama de endeudamiento para los argentinos del que deben rendir cuentas ante el Congreso de la Nación", se explayó Jimena Latorre.

Por su parte, el diputado Menna señaló: "Una vez más el kirchnerismo está destruyendo YPF. Kiciloff pagó u$s 5.000 millones por la expropiación del 51% de la compañía (u$s 10.000 millones si se computa el costo financiero de los títulos de deuda que emitió para pagarle a Repsol). Ahora, toda la empresa vale u$s 1.500 millones y tiene deudas por más de u$s 8.207 millones".

Todo indica que YPF se encuentra en una encrucijada donde la combinación de precios administrados a la baja, decadencia productiva solo reversible a partir de inversión en explotación y exploración, la consecuente caída de ingresos y de flujo de fondos propio y la pesada carga de una deuda que no generó capacidad de repago, ponen a YPF rumbo a un posible default corporativo con efectos tanto al interior del sector energético como en la totalidad del aparato productivo nacional y con afectación directa del patrimonio del estado argentino como principal accionista de la empresa.