La postura de la Red por un parto y nacimiento respetado sobre la ley de obstétrica

Emitimos un descargo correspondiente a la nota publicada el día 16 de agosto en Memo titulada: "El proyecto para regular la obstetricia al que se oponen grupos feministas", relacionada con el proyecto de Ley presentado por la Diputada Ana María Andía, en el cual se busca regular la actividad profesional de las y los licenciados en Obstetricia de Mendoza.

Como Red por un parto y nacimiento respetado, nos gustaría aclarar ciertos puntos mencionados en dicha nota, ya que están faltando al avance de los derechos de las mujeres, evidencia científica, además de ser agraviante y poco certera.

En primer lugar, el título habla de la oposición de "grupos feministas", lo cual se contradice en el encabezado nombrando a "grupos mínimos" que se oponen a dicho proyecto. Es innegable el crecimiento de los sectores del feminismo en nuestro país (y en el mundo entero) que buscan la reivindicación de los derechos de las mujeres en sus procesos reproductivos y no reproductivos. Es al menos, discriminatorio que se refieran a estos movimientos activistas como grupo minoritario, ya que conocemos la importancia de estas fuerzas para el avance de los derechos en nuestra sociedad.

Coincidimos en la importancia de que las y los Lic. en obstetricia cuenten con una ley profesional propia, ya que, hasta el momento, son considerados/as "colaboradores/as de la profesión médica", pero también, es oportuno aclarar que el proyecto de ley de la diputada Andía -contrariamente a lo que el título del proyecto Ley describe- no otorgaría autonomía real a dicha profesión ya que expresa el art. 4 : "La atención del parto se deberá encuadrar en las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) aprobadas por la Resolución No 670/19 de la Secretaría de Salud de la Nación o norma que lo reemplace. En situación de emergencia obstétrica en la atención en el consultorio, o como situación de absoluta excepción en el domicilio de la persona asistida, se deberá convocar sin demora a un Servicio Médico de Emergencia con traslado". 

Este párrafo particularmente, es el que implicaría un retroceso en la profesión obstétrica ya que, según lo que la Diputada propone, los y las Lic. en obstetricia podrían "tener autonomía" siempre y cuando sea en ámbitos institucionales de gran complejidad. De esta manera, dichos profesionales se verán excluidos/as de instituciones de baja complejidad como lo son las de zonas rurales y en el ámbito domiciliario, en donde el rol de la partera es fundamental para las mujeres.

Si esta Ley se aprueba, las mujeres/personas gestantes y sus familias, sólo podrán ser acompañadxs y asistidxs por Lic. en obstetricia en maternidades con médicxs ginecólogxs, anestesistas, quirófano, banco de sangre, neonatólogxs y ambulancia durante las 24 hs. Lo cual significa no sólo un retroceso en los derechos de las familias a decidir cómo, dónde y con quién parir, sino también un acto inconstitucional, contradiciendo derechos adquiridos a partir de leyes nacionales y recomendaciones internacionales.

La Ley Nacional 17132 que rige actualmente el ejercicio profesional, define claramente los ámbitos en los que se puede desarrollar la práctica. Más precisamente en el Artículo 51 expresa: "Las obstétricas o parteras pueden realizar asistencia en instituciones asistenciales oficiales o privadas habilitadas, en el domicilio del paciente o en su consultorio privado, en las condiciones que se reglamenten". 

A pesar de ser una ley antigua y desactualizada, contempla todos los ámbitos en los que la mujer puede ser asistida por un/a Lic. En obstetricia, siempre y cuando sea una mujer sana y curse un embarazo de bajo riesgo. Otra de las leyes que estaría pasando por alto el proyecto de ley de la Diputada Andía es la 25929, más conocida como "Ley de parto respetado", la cual otorga derechos a las mujeres y personas gestantes a decidir cómo, dónde y con quién parir, haciendo uso de su autonomía y soberanía como sujetxs de derecho.

Con respecto a la seguridad de las instituciones para la asistencia de los partos y nacimientos, consideramos que no dependen del ejercicio profesional de las y los Lic. en Obstetricia, sino de las condiciones que el Estado debería garantizar para que las mujeres y sus bebés puedan acceder a una asistencia óptima y de calidad.

Esto deja en evidencia que nuestra provincia no está preparada para adherir a una normativa como lo son las CONE, ya que, debido a esta postura, se han cerrado maternidades (como ocurrió con la del Hospital Ramón Carrillo).

Por lo tanto, solicitamos una mirada más amplia e inclusiva en cuanto a la calidad de los servicios de maternidad de la Provincia, teniendo en cuenta la interseccionalidad y el acceso a los servicios de las personas gestantes de menores recursos, de zonas rurales y alejadas de las grandes maternidades.

Este proyecto de ley, al borrar toda posibilidad de intervención responsable de los/as licenciados/as en obstetricia en los domicilios, termina dando la espalda a aquellas personas gestantes, que no tendrán otra opción que parir sin ese acompañamiento y en condiciones totalmente inseguras.

Otro de los puntos a resaltar son las estadísticas que la Diputada nombra, ya que no tienen respaldo ni asidero científico. Usa términos obsoletos y sin sustento para justificar una visión patológica del proceso del parto y del nacimiento. Utiliza frases hechas y mitos tal como lo muestra en su expresión "(..)hay una cuestión medio vintage de revival", ignorando recomendaciones internacionales, opciones legítimas -como el parto domiciliario asistido por profesionales- y el parto en agua acompañado por Lic. en obstetricia, tanto fuera como dentro de las instituciones (Htal. Ramón Carrillo de Mendoza, Htal. Austral de Bs.As., Maternidad Roque Saénz Peña de Rosario, etc.).

Estas declaraciones no hacen más que demostrar una total desinformación, desactualización y prejuicios antiguos sobre los avances en materia de derechos y asistencia al parto.

Como bien dice la nota, existe un documento firmado por más de 47 organizaciones (provinciales, nacionales e internacionales), entre las que se encuentran Ni Una Menos, Xumek, Relacahupan y se agrega recientemente el pedido de Organizaciones de Mujeres Indígenas como ONPIA Argentina y Juana Azurduy. Por lo tanto, vuelve menospreciar y subestimar el reclamo de miles de mujeres y familias cuando agrega que "el quid de la cuestión es que ese pequeño grupo que sigue considerando que las CONE prohíben los partos en domicilios aunque no sea así, en realidad no quieren que la normativa avance porque cobran mucho dinero (fortunas) por hacer esta tarea que está desaconsejada hasta por el OMS."

Nos gustaría también poner en cuestión esta idea elitista y mercantilista que usa la Diputada para referirse al trabajo autónomo de las y los Lic. en obstetricia. La profesión de las parteras, así como cualquier otra, no debería ensuciarse con falsas acusaciones sin pruebas ni fundamentos. Las y los Lic. en obstetricia no usan su ejercicio profesional para "hacer fortunas", por el contrario, se encuentra dentro de una de las profesiones más denigradas por el sistema médico, tanto fuera como dentro de las instituciones.

Tratar de "criminal" a un/a profesional de la salud que acompaña a mujeres en sus decisiones personalísimas, no hace más que traer a la actualidad la tan conocida y temida "cacería de brujas", en donde el Estado, la Iglesia y los médicos acusaban, criminalizaban y asesinaban a las parteras por el sólo hecho de acompañar a otras mujeres en sus procesos de la vida sexual.

RED PARTO Y NACIMIENTO RESPETADO MENDOZA