Declaran como un caso de lesa humanidad la desaparición de Paulo Cristian Guardati

Después de casi 30 años de la desaparición de Paulo Cristian Guardati, ocurrida a manos de la Policía durante la madrugada del 23 de mayo de 1992, su madre, la incansable luchadora Hilda Lavizzari, de 78 años, ve una luz para dilucidar lo sucedido, ya que la Justicia Federal acaba de decidir que se trata de un caso de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. Así lo dispuso el titular del Juzgado Federal número 3, Marcelo Garnica.

De tal modo, se reabrirá la investigación en ese fuero. 

Volverá a repasar cada paso, como lo hizo en las últimas tres décadas, el abogado Carlos Varela Álvarez. Lo hará junto a Lucas Fallet y Enoc Ortiz, junto a Ignacio Aragonés, representante legal de la madre del joven desaparecido.

Varela Álvarez sostuvo, en diálogo con Memo, que luego de que la causa, que estaba en manos de la fiscal Claudia Ríos, no avanzara, "recurrimos al fuero federal, que ya investiga otras dos desapariciones forzadas de personas en Mendoza, las de Garrido y Baigorria".

"Hicimos la presentación y el juez federal decidió que se abra una investigación", sostuvoVarela.

Guardati, de 21 años, no fue visto después de haber sido detenido por la Policía en las inmediaciones de la escuela Profesor Anastasi, adonde había concurrido a un baile. Fue uno de los casos de desaparición de personas en democracia que ocurrió durante la gobernación del peronista Rodolfo Gabrielli, dos años después de las también desapariciones forzadas de Raúl Garrido y Adolfo Baigorria.

En 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por la desaparición de Guardati a manos de fuerzas de seguridad pública y ordenó que Hilda Lavizzari fuera indemnizada.

El caso fue y sigue siendo conmocionante y tuvo numerosos ribetes y vueltas. Durante un allanamiento en la casa del Cabo Godoy, se encontraron prendas de vestir similares a las que vestía el hombre que llevó a Guardati.

La investigación condujo al arresto e imputación del cabo Walter Godoy, mismo destino tuvieron tuvieron el cabo Oscar Ramón Luffi y los agentes José Antonio Aracena y Walter Rolando Páez. Todos fueron imputados bajo la figura de privación ilegítima de libertad y homicidio calificado en concurso real, debido a que los últimos tres se encontraban de guardia junto al principal acusado.

Los procesamientos fueron apelados, tanto por la Fiscalía como por los defensores de los detenidos, y la Quinta Cámara del Crimen declaró nulo todo el proceso y ordenó la libertad de los acusados. En noviembre de 1993 fue la fecha que fijó el tribunal para la presentación de más pruebas, aunque de no ocurrir esto, los cuatro imputados serían sobreseidos, hecho que finalmente ocurrió.

Ahora se abre una nueva posibilidad de encontrar la verdad sobre lo sucedido, casi 30 años después y con Hilda Lavizzari a la espera de poder cerrar una herida que permanece abierta: no saber qué pasó con su hijo.