La justicia penal de San Luis, a merced de Rodríguez Saá

Hoy resulta que es lo mismo ser (..) ignorante, sabio o chorro, pretencioso estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. (Cambalache. Enrique Santos Discépolo)

El 1° de febrero de 2022 entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de San Luis -Ley VI-152-2021-. El nuevo código derogó el sistema inquisitivo donde las facultades de acusar y juzgar recaían en la misma persona -el juez de instrucción- y estableció el sistema acusatorio penal. Se trata de una evolución, sin dudas, dado que el sistema penal acusatorio reformula los roles que ocupan el juez, el fiscal y la defensa en el proceso. En rigor, en el sistema acusatorio el fiscal de instrucción es quien conduce la investigación de la causa y el funcionario a través del cual las víctimas pueden intervenir con mayor participación en el proceso. El juez de garantías, en tanto, es quien debe observar el proceso desde la absoluta imparcialidad, supervisando y resguardando las garantías individuales de las personas que sean investigadas como también las de las víctimas.

Este cambio de sistema penal determinó la necesidad de reformar Ley Orgánica de la Administración de Justicia de la Provincia de San Luis y en este sentido es que se sancionó la Ley IV-086-2021 que introduce cambios orgánicos y funcionales ajustados a las nuevas demandas del modelo acusatorio. En este orden, es que se estableció, entre otras reformas, la creación fiscalías y defensorías y la designación de 20 fiscales adjuntos y de 10 defensores adjuntos. La Ley referida introdujo, a estos efectos, una norma transitoria que rezaba lo siguiente: "El Poder Ejecutivo Provincial, con acuerdo del Senado, designará provisoriamente a los Fiscales Adjuntos y Defensores Adjuntos previstos en la presente Ley, hasta tanto se obtenga la designación por el procedimiento que establece el Artículo 196 de la Constitución Provincial, la que deberá realizarse dentro de los DIECIOCHO (18) meses desde el momento de sus asunciones, a cuyo vencimiento cesarán en sus funciones (...)". El 196 de la Constitución Provincial es el artículo que dispone que los magistrados de los Tribunales Inferiores y los funcionarios del Ministerio Público, son propuestos en terna por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y que éste es quien designa a uno de ellos con acuerdo de la Cámara de Senadores.

Nos encontramos a partir de aquí con un primer problema jurídico e institucional: la legislación citada establece una excepción al proceso ordinario de designación de funcionarios judiciales, obviando la intervención del Concejo de la Magistratura local, que es - como sabemos- el órgano constitucional que tiene a su cargo la organización y resolución de los concursos de antecedentes de los magistrados y la evaluación integral de la personalidad de los postulantes, habilitando la directa designación de los Fiscales y Defensores por parte del propio Gobernador Alberto Rodríguez Saá, sin más formalidad que el acuerdo del Senado local. Párrafo aparte: en el Senado Provincial no se prevé la representación de mayorías y minorías -uno de los dogmas principales de la democracia moderna-; se elige 1 único senador por cada uno de los 9 departamentos; ocupando en la actualidad el oficialismo provincial 7 de las 9 bancas, lo que le confiere quorum y mayoría automáticas y un dispositivo unanimista de poder, pues el Senado supo integrarse con 9 de 9 senadores del oficialismo.

Para que el desaire hacia el Consejo de la Magistratura no fuera tan grosero, el Poder Ejecutivo de la provincia publicó el decreto N° 195 MGJyC- 2022, en el cual dispuso que los postulantes a los cargos de Fiscales y Defensores Adjuntos debían formular su inscripción en el ámbito de los Colegio de Abogados de la Provincia de San Luis, sin mayores requisitos que el de acreditar 3 años de antigüedad en la matrícula profesional. Con lo que se le confirió a los colegios profesionales una suerte de poder administrativo y constitucional, al hacerlos intervenir en el proceso de designación de los próximos funcionaros judiciales. Párrafo aparte: el Colegio de Abogados de la Ciudad de San Luis, que concentra el grueso de la matricula de abogados de la provincia, tiene una agenda institucional intervenida por el Ministro de Gobierno de la Provincia; algunos de los miembros de su actual Directorio son funcionarios y empleados políticos del Gobierno provincial y las actuales autoridades se impusieron en las últimas elecciones por un puñado de votos a la oposición republicana gracias la asistencia logística y política del Gobierno, quien se ocupó de trasladar en combis a abogados que prestan labores en los departamentos del Poder Ejecutivo para sufragar en favor de las actuales autoridades.

Así las cosas, el Gobierno vía Nota Nro. 16/2022 le solicitó al Senado Provincial que preste acuerdo para designar un listado de 30 Fiscales Adjuntos y Defensores Adjuntos Provisorios para las 3 Circunscripciones Judiciales de la Provincia. Entre gallos y medianoche, con fecha 31 de mayo de 2022, el Senado de la Provincia dictó el Decreto-Acuerdo Nro. 1-HCS-2022 por el cual se prestó el Acuerdo solicitado para los 30 postulados. Y es aquí donde se presenta un segundo problema de gravedad constitucional e institucional: los abogados designados son profesionales que sin más requisitos que la antigüedad de 3 años en la matrícula profesional no observan una consecuente formación académica específica en materia de justicia penal, se encuentran casi al margen del ejercicio profesional en el ámbito del proceso penal, y, lo que es más grave, comparten el antecedente común de ser funcionarios de los departamentos ejecutivos del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá, con una activo trabajo político dentro del partido justicialista de la provincia.

Es así que dentro de este universo de empleados y funcionarios del poder político que pasarán a ocupar funciones en la justicia local se encuentran desde funcionarios de seguridad vial y defensa del consumidor hasta flamantes ex legisladores provinciales y ministros del Poder Ejecutivo. Con la vocación, quizás, de moderar el escándalo y expiar el pecado político original de los funcionarios designados, en la justicia provincial se instó la inmediata intervención de la Comisión Técnica Evaluadora del Consejo de la Magistratura, a los afectos de valorar a los postulantes designados en forma provisoria y procurar darles vía evaluación "legitimidad" epistemológica y técnica a los flamantes funcionarios. Y es así que 18 personas entre las que fueron oportunamente designadas no se presentaron siquiera a rendir el examen ante la Comisión Técnica Evaluadora y entre las 12 personas que sí concurrieron a realizar el examen 11 personas fueron declaradas no recomendables y solo 1 (uno) fue declarado recomendable, pero para el cargo de Fiscal, siendo que el acuerdo provisorio había sido otorgado para Defensor.

Los medios periodísticos independientes, reconocidos abogados y académicos de la provincia, los partidos políticos de la oposición y los ciudadanos de la provincia se expresaron - en las redes sociales- reprobando las designaciones y solicitando a los funcionarios que declinen de sus postulaciones con la finalidad de resguardar el correcto funcionamiento de la administración de la justicia y de garantizar la imparcialidad de la justicia penal y al Superior Tribunal de Justicia reclamando que disponga no tomar juramento a los funcionarios reprobados y designados atento la probada falta de idoneidad para acceder a dichos cargos. La buena fe y el sentido republicando de los ciudadanos de San Luis fue, empero, asaltado de nuevo cuando hace pocos días el Superior Tribunal de Justicia, por medio de los decretos Nº 156, 157, 158, 159 y 160 firmados por los ministros Carolina Monte Riso, Cecilia Chada, Jorge Fernández y Jorge Levingston, fijó para el 1º de julio los actos de toma de juramento de 9 Fiscales Adjuntos, entre quienes se encuentran algunos de los abogados que ni siquiera se presentaron a rendir la evaluación técnica!

Entre los funcionarios del Poder Judicial hay jóvenes que se vienen preparando desde hace años, cursando posgrados y maestrías para tener la oportunidad de desarrollar una carrera meritocrática dentro de la Justicia, nos indicaba un dirigente del sindicato judicial. "Estás designaciones violentan el horizonte de expectativas , la ilusión de que el compromiso y el profesionalismo serán reconocidos ... produce entre los compañeros un efecto desalentador y un sentimiento irritativo de injusticia y privilegio".

En uno de los capítulos del libro El último feudo (1995), el autor Miguel Wiñazki entrevista al filósofo Jorge Bolívar, asesor de Alberto Rodríguez Saá en los años 90, y le pregunta lo siguiente "Da toda la impresión de que la justicia en San Luis está subordinada al Ejecutivo", a los que Bolivar responde: "Lo que observo es que puede haber una preocupación permanente del gobernador de no tener un poder que lo obstruya, que le impida gobernar". Los acontecimientos recientes se inscriben en este derrotero del poder político provincial en el cual la justicia es un poder que no debe operar como contrapeso en el marco de un sistema republicano de gobierno, si no es que es un poder que entorpece e impide la realización de la lógica autocrática que se expresa en la concepción populista de poder a la que adhiere Alberto Rodríguez Saá, a la que debe añadírsele la orientación política y cultural que hubo asumido desde el año 2015 a esta parte el propio Gobernador, esto es, la kirchnerización en la forma de gobernar y el debilitamiento de la democracia republicana.

En definitiva la colonización de la justicia por parte del poder político pone en crisis los fundamentos del Estado de Derecho y las garantías de los ciudadanos, pues la situación que nos ocupa importa sin más la concesión discrecional del ejercicio de la acción penal en representación del Estado en manos de empleados y punteros del peronismo provincial, quienes de ahora en más van a tener a su cargo las garantías el debido proceso en causas donde se jueguen la vida y la libertad de todos los habitantes de la Provincia y en el caso de los Defensores en causas donde se debe asegurar el correcto ejercicio del derecho a la defensa de los sectores socialmente más vulnerables de la sociedad.

El célebre jurista Rudolf von Ihering escribió que "Un derecho ganado sin esfuerzo está en una línea con los hijos que trae la cigüeña; lo que ha traído la cigüeña lo puede volver a llevar el zorro o el buitre. Pero la madre que ha dado a luz el hijo, no se lo deja robar, y tampoco se deja arrebatar un pueblo los derechos e instituciones que ha tenido que lograr en sangriento trabajo". Como oposición política y sostenidos en la fuerza y determinación de todos los puntanos de buena voluntad no vamos a permitir que el "zorro" se lleve los derechos ganados por el pueblo puntano, derechos que fueron paridos allá lejos en el año 1855, cuando nuestros constituyentes adoptaron nuestra primera Constitución y sancionaron el principio de gobierno republicano y representativo y consagraron para la posteridad, entre otros, los principios de igualdad ante la ley e idoneidad para el acceso a las funciones públicas.

*Por Charly Pereira

Diputado Provincial

Fundación Nuevas Generaciones