Polémica en Chile por la grabación de una reunión reservada de Boric y legisladores
La ministra del Interior confirmó que varios medios de comunicación le señalaron que recibieron audios de una reunión que era cerrada. Anunciaron una denuncia.
La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, se refirió a una grabación que, según dijo, correspondía a planteamientos del presidente Gabriel Boric en una reunión privada con parlamentarios de la Macrozona Sur, la región en donde se desarrolla en conflicto con los grupos mapuches más radicalizados.
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En ese sentido, la secretaria de Estado indicó que -desde algunos medios de comunicación- informaron que "tenían un registro de la reunión" lo que consideró "de las cosas más insólitas que hemos visto en una reunión con el presidente de la República".
Agregando que el mandatario "ayer estaba muy impactado de que algo así hubiera pasado después de una reunión de las características que tuvimos porque fue una muy positiva reunión".
En esa línea, aseguró que no es la primera reunión con parlamentarios de la zona y que en la última hubo "colaboración" y "valoración de los avances que se han tenido, énfasis para la nueva etapa porque efectivamente ha habido un cambio en la situación en la zona.
Por lo que la grabación "está fuera de los códigos de una reunión y de los planteamientos de esa reunión donde todo el mundo aseguró que esto no iba a suceder (...) nos tiene muy desconcertados y preocupados".
Denuncia penal
En voz del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, el Ejecutivo trasandino anunció que interpondrá una denuncia por la filtración a medios de comunicación de las declaraciones de Boric en el palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.
Son 18 los parlamentarios del regiones de La Araucanía y Biobío que estuvieron en la cita. El ministro Elizalde informó que se comunicará con cada uno para comunicarles sobre la denuncia.
Según expresa La Moneda habría una grabación de audio de la cita, lo que sería constitutivo de delito.
José Antonio Villalobos, abogado y ex fiscal de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, señaló a Emol que "si una personas está en una situación de privacidad y no está autorizando a que la graben, si una persona intercepta, graba o reproduce cualquier comunicación de carácter privado, incluso fotografías, (...) todo lo que tenga que ver con privacidad y en un lugar privado, la ley sanciona como un delito".
En ese sentido, detalló que en el Código Penal se "establecen penas incluso privativas de libertad, de reclusión menor en cualquiera de sus grados, o sea, la pena puede llegar hasta los cinco años de privación de libertad y además adiciona una multa que va de 50 a 500 unidades tributarias".