Ir preso por una denuncia por violencia de género
El planteo y las respuestas de Emiliana Lilloy: "¿Por qué existe el mito de que ante la sola denuncia de la mujer el varón irá preso?, o dicho de otro modo -más acertado si se quiere- ¿por qué hoy se habla de dar validez o especial importancia a la palabra de las mujeres en la denuncia y en el juicio?".
La creencia de que ante la simple denuncia de una mujer hacia un varón determina que este vaya preso, así como la idea de que la palabra de la mujer por si misma es prueba suficiente de la existencia de determinados hechos, están extremadamente difundidas en la sociedad en estos días. Por más falsas que sean estas ideas o creencias, que la gente las crea y las reproduzca constantemente en charlas cotidianas, no resulta del todo descabellado.
Podríamos creer que esto es posible, sabiendo que hasta hace muy poco nuestra legislación privaba de valor a la palabra de la mujer, al punto de que las mujeres no podíamos ser testigos de ningún acto y ni siquiera teníamos derecho a dar nuestra palabra en ningún acto público que incumbiera a nuestra propia vida sin la anuencia de nuestro padre o marido. Pensar que la sola palabra de una mujer podría meter a la cárcel a un varón, sería privar de voz y derechos a los varones, como ya ha sucedido pero a la inversa.
La medición o validación de la palabra según el sexo o género de quien la emite, valorando una por encima de otra, es una conducta tan naturalizada (la del varón sobre la de la mujer), que no resulta tan extraño que en el camino a la igualdad, las personas fantaseen con que, lejos de lograr que los dichos de las personas valgan por igual y deban ser probados ante la autoridad, se crea que las cosas se han revertido y que ahora, al ser "el tiempo de las mujeres", pretendiéramos dar un retroceso legal social y cultural, para hacer lo mismo que hicieron con nosotras, privando de voz a los varones: el mito de la venganza femenina o la guerra contra los varones.
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Incluso aún hasta nuestros días, las mujeres occidentales deberíamos agradecer no haber nacido en países musulmanes en los que, en sus legislaciones actuales, la palabra del varón y la mujer se encuentra tasada, determinando que, para desmentir el dicho de un varón, deben hacerlo al menos dos mujeres, esto es, que la palabra de un varón vale el doble que la de una mujer o que la de la mujer vale la mitad.
Agradecer deberían quizás los varones también, vivir en sociedades laicas en que ninguna norma moral o religiosa los condena sin derecho a defensa, por el solo hecho de ser varones (como sí sucede actualmente a las mujeres en varios países del mundo) y saber, -para dejar de repetir esta falacia de que si una mujer te denuncia vas preso o de que si una mujer dice que sufre violencia inmediatamente el varón resulta condenado-, que existen las garantías de inocencia, de defensa, de debido proceso y, una serie innumerables de mecanismos procesales que garantizan tanto a varones como a mujeres que no serán condenados sin ellas y que los hechos denunciados deben ser probados.
Entonces ¿por qué existe el mito de que ante la sola denuncia de la mujer el varón irá preso?, o dicho de otro modo -más acertado si se quiere- ¿por qué hoy se habla de dar validez o especial importancia a la palabra de las mujeres en la denuncia y en el juicio?
Lo que sucede con los delitos que implican o que pueden llevarse a cabo en un contexto de violencia de género (lesiones, femicidio, abuso sexual amenazas y coacciones) es que estos últimos suceden generalmente en el ámbito privado o familiar, en los que resulta más difícil su comprobación. Asimismo, son los delitos a los que muy naturalmente se los llamaba "crímenes pasionales" o peor aún, "facultades correctivas del varón hacia la mujer como jefe del hogar" (instituido por la propia ley) que antes no eran investigados, o que, ante las denuncias de las mujeres, los órganos estatales "no creían en su palabra" o minimizaban su importancia.
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Hoy hemos avanzado dejando atrás esas creencias arcaicas que menospreciaban la palabra de la mujer y que la colocaban en la posición de animal doméstico sometida al arbitrio del varón, y los investigamos como lo que son, delitos. Y es a esto a lo que nos referimos con dar importancia a la palabra de las mujeres. Al derecho de que ante una denuncia los mecanismos del Estado sean activados sin dilaciones y sin prejuicios sobre la veracidad o no de los mismos por ser denunciados por una mujer en estos contextos naturalizados.
¿Y cómo lo hacemos?
Tenemos que saber primero que existe un andamiaje legal, tanto a nivel nacional como provincial que determina cuándo una conducta se considera delito, cuándo una persona queda detenida y/o presa o no y determina también, qué mecanismos de seguridad, prevención e investigación van a activarse frente a la denuncia del hecho. Todo esto, más allá de que exista la violencia de género o no.
En el caso concreto de una denuncia por violencia de género, en nuestra provincia se activan mecanismos previamente establecidos como el informe del EPI, que es una entrevista que pretende determinar si existen elementos de riesgo (tenencia de armas, reiteración de la conducta, consumo de alcohol y estupefacciones, tiempo que lleva la ruptura de una relación etc) que puedan brindar información sobre la posibilidad de ocurrencia de un hecho similar o de uno más grave en el futuro. Se realizan pericias psicológicas tanto a la presunta víctima como al presunto agresor, se realizan constataciones médicas de los delitos denunciados, se interroga a testigos, informan antecedentes etc.
Hasta aquí, ninguna persona está detenida, salvo que, por la gravedad del delito y las resultas de las acciones, pericias y demás mecanismos recién mencionados, existan indicios graves de la existencia del delito y de su autoría, todo esto, bajo el estricto cumplimiento de nuestras leyes.
Entonces, cuando hablamos de dar importancia a la palabra de las mujeres, de ninguna manera estamos diciendo que esta será prioritaria a la de los varones denunciados. Lo que estamos diciendo es que el Estado ya no puede mirar hacia otro lado considerando estas conductas como problemas familiares o prerrogativas del varón como pater familias, sino que debemos investigar a fondo estos delitos, partiendo de la declaración de la mujer, pero constatando por todos los medios y con debida diligencia, los hechos denunciados para su comprobación y efectivo tratamiento.
Nadie va preso por una simple denuncia, no en nuestro Derecho. Cuando alguien es privado de su libertad, existe una serie de elementos como la gravedad del hecho, indicios de peligrosidad o sospechas de fuga o entorpecimiento de la investigación, reincidencias, incumplimientos de órdenes judiciales previas, etc, o conductas que son detectadas infraganti y requieren la acción inmediata de la policía para proteger a las víctimas y a la ciudadanía en general.
Cabe aclarar que la distinción entre preso o detenido es objeto de otra nota o análisis. Así como también la problemática de la prueba en juicio en estos tipos de delitos. Lo que importa resaltar aquí, es que contamos con todo un sistema de leyes y procedimientos que garantizan tanto a varones como mujeres que no serán víctimas de arbitrariedades por el sólo hecho de que alguien les denuncie.
Pensar lo contrario es creer en un mito, ante la evidencia de que existe todo un sistema específico de constatación e investigación anterior a una privación de la libertad o detención. Una simple denuncia no deja preso a nadie por si sola, no se trata de "tu palabra contra la mía" y tampoco la palabra de la mujer es creída ciegamente, y menos aún, resulta irrefutable. Lo contrario sería pensar que vivimos en un país sin ley, es desconfiar en el sistema legal construido para proteger a las personas y que tiene por finalidad lograr una sociedad sin violencia, y en el caso concreto -habiendo logrado la mitad de la población ser artífice junto con los varones de nuestras normas legales- una sociedad sin violencia contra las mujeres.