Ordenan a los organismos del Estado eliminar todas las normativas obsoletas

En el marco del proceso de desregulación impulsado desde el inicio de la gestión, el Gobierno nacional instruyó a todas las dependencias estatales a realizar una evaluación exhaustiva de la normativa vigente con el fin de detectar disposiciones obsoletas o innecesarias.

La medida fue oficializada mediante el decreto 90/2025, en el cual se ordena a las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° inciso a) de la Ley N° 24.156 a llevar a cabo un relevamiento normativo. El objetivo es identificar aquellas regulaciones que puedan ser derogadas por ser redundantes o por generar trabas burocráticas sin justificación.

Según la disposición, los organismos estatales tendrán un plazo de 30 días para presentar un informe ante el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Dicho informe deberá incluir un listado de normativas dentro de su ámbito de competencia, como leyes, decretos de necesidad y urgencia (DNU), decretos delegados, reglamentarios y autónomos. Además, deberán fundamentar qué regulaciones se proponen modificar o eliminar.

Para este análisis, el Gobierno estableció una serie de criterios a considerar, entre ellos:-Si la norma es obsoleta o redundante.-Si regula trámites o registros innecesarios.-Si impone restricciones que afectan la oferta de bienes y servicios o distorsionan el mercado.-Si genera sobrecostos al sector productivo o provoca escasez sin un interés público suficiente.-Si establece monopolios artificiales o barreras de entrada en sectores de libre competencia.

Desde el Ejecutivo argumentan que la iniciativa se enmarca en los lineamientos de Buenas Prácticas en Materia de Simplificación del Sector Público, establecidos en el decreto 891/17. Su objetivo, aseguran, es mejorar la eficiencia estatal, promover la transparencia y facilitar el desarrollo económico mediante la reducción de regulaciones innecesarias.

"La eliminación de normas innecesarias contribuye a un marco legal más claro, facilitando su interpretación y aplicación, lo que reduce la incertidumbre jurídica", sostienen en el decreto. Asimismo, advierten que la proliferación de regulaciones ha generado superposición y dispersión normativa, lo que afecta la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Con esta medida, el Gobierno busca agilizar la gestión pública, optimizar el uso de los recursos del Estado y garantizar normativas más efectivas y alineadas con las necesidades actuales del país.