Inseguridad: Argentina y la oda a la "teoría del caballo muerto"
En vez de aceptar el fracaso en materia de seguridad ciudadana, el funcionariato insiste en sostener el debate de técnicas inútiles para combatir el crimen y la delincuencia.
Con peleas mediáticas y en redes sociales sobre cómo administrar la seguridad ciudadana, los principales referentes políticos desempolvan viejas recetas para intentar solucionar un desastre social causado por ellos mismos.
Con frases hechas y viejos eslóganes como "mano dura" o que "la inseguridad es un fenómeno multicausal", por estos días la clase política se debate en público y privado sobre las mejores soluciones para terminar con la inseguridad.
Mientras esto sucede, siempre se impone la necesidad de crear comisiones especiales, se envían paquetes de leyes a las legislaturas pronvinciales o el Congreso y hasta se fantasea con crear cuerpos municipales de vigilancia ciudadana.
En la práctica real, mientras los tecnócratas miden fuerzas para buscar votos, en algunas jurisdicciones se fugan presos de comisarías y en otras, se acumulan cadáveres de personas asesinadas por violentos hechos delictivos.
La simulación incluye que algunos funcionarios se cuelguen medallas imaginarias, por el sólo hecho de presentar grandes instalaciones con sistemas de videovigilancia, mapas con monitoreo minuto a minuto, con zonas de calor delincuencial haciendo la mímica sobre un aparente control ciudadano, como si por el sólo hecho de filmar lo que pasa, lo terminaran por disuadir o erradicar.
El "Gran Hermano" de las calles, nutre de contenido a los noticieros de medios nacionales, diarios y redes sociales. Las persecuciones y arrestos pueden volverse virales, pero están lejos de resolver el problema de la falta de seguridad.
Las cámaras lamentablemente no filman el accionar de fiscales y jueces abolicionistas que consideran que los delincuentes son víctimas de un sistema social poco equitativo, que no les dio la posibilidad de progresar, insertarse y como consecuencia "no les quedó otra que delinquir".
Además, una cámara 360° no reemplaza a un agente de cualquier fuerza de seguridad bien formado, patrullando las calles, con respaldo jurídico para actuar en situaciones límite y con remuneraciones acorde a su responsabilidad.
Se insiste por estos días con que algunas de las soluciones mágicas para combatir la inseguridad pasan por bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para menores de edad; con reglamentar rápidamente las leyes de reiterancia y reincidencia como parche al código penal para acelerar la prisión preventiva de los que delinquen y tienen causas pendientes; otros quieren ponerle en el cinturón una táser o "arma no letal" a los preventores municipales y por último y tildados de "fachos", otros propusieron desde los 2000 para acá, la vuelta del Servicio Militar Obligatorio, derogado en 1994.
No obstante, se tuvieron que conformar con su deformación progre-woke, que resultó en el "Servicio Cívico", una capacitación voluntaria, remunerada que puede servir de formación para ingresar al universo de empleo público, privado e incluso para quienes quieran pertenecer a una fuerza de seguridad.
Los peores en el debate por la inseguridad son los chantapufis que ponen a la educación como el centro del problema y repiten como loros habladores que "los chicos deben estar en las escuelas y no robando en las calles", casi con el tenor científico de los que antaño descubrieron la pólvora o la penicilina.
Estos últimos, no reparan en que las escuelas, en muchos casos parecen cárceles por la garantía de estadía por 190 días, pésimas condiciones edilicias y con contenidos precámbricos; y las cárceles parecen escuelas de delincuencia, por el hacinamiento de cacos, violadores y estafadores.
También son los promotores de la importación del "método singapurense" para la educación. El problema es que la aplicación de ese sistema educativo per sé, no soluciona la inseguridad sino se acompaña de un sistema jurídico penal robusto y estricto, tal como hizo el país modelo asiático.
De hecho, Singapur exhibe una de las menores tasas de criminalidad del mundo, 0,07 homicidios intencionales cada 100.000 habitantes para 2023, último dato disponible.
En Argentina en 2024, aunque la tasa de homicidios se redujo a 3,8 homicidios por cada 100 mil habitantes desde los 4,4 en 2023, seguimos a un mundo de distancia con Singapur.
Por otra parte, en el país del sudeste asiático, la edad mínima de responsabilidad penal es de 10 años, además a los menores que delinquen, el régimen penal juvenil singapurense, permite apresarlos a partir de los 14 años de edad y como corolario del sistema penal, rige la pena de muerte para mayores de 18 años para délitos como el tráfico de drogas, secuestro, asalto grupal a mano armada seguido de muerte, disparo ilegal de armas de fuego, instigación al suicidio de menores de 18 años o incapaces y homicidios.
En cualquier caso, la discusión por la seguridad parece una oda eterna a lo que los cubanos llaman la "teoría del caballo muerto", una metáfora que describe cómo las personas, gobiernos e instituciones insisten en mantener sistemas o prácticas que no funcionan, en lugar de aceptar la realidad y hacer cambios necesarios.
En vez de darle sustento jurídico al accionar de las fuerzas de seguridad en las calles, se los capacita en cuestiones de género y derechos humanos. En vez de aplicar el código penal, se lo interpreta según doctrinas ideológicas; en vez de reclutar policías, se reclutarán preventores, que podrán usar armas no letales contra delincuentes que usan armas letales.
Por estos últimos casos prácticos, es que no debería extrañar que cuando los cacos bajen su intensidad en los atracos y asesinatos y los canales de TV se interesen por otros temas no relacionados a la seguridad ciudadana, las soluciones aparentes terminen por no funcionar. Argentina en la discusión por la inseguridad, es el día de la marmota.