Imputabilidad y delito en jóvenes

La muerte de Kim, la niña de 7 años asesinada por dos adolescentes en un contexto de robo en Buenos Aires, ha vuelto a poner en el tapete el problema de la imputabilidad de menores de 16 años en Argentina. En la necesidad de dar respuestas rápidas, el debate público parece a veces considerar que el complejo problema de la seguridad tiene soluciones simples.

Es imposible no acompañar el dolor de una madre que en una situación cotidiana como la salida de un supermercado, pierde a su hija en manos de dos violentos. Ella es todas las madres y Kim es todos los niños. Por tanto, si atendemos al interés superior de la infancia que constituye una garantía constitucional, tenemos que pensar cómo proteger mejor a todos los niños. Si algún juez no hubiera liberado a algunos menores, hoy Kim estaría viva. Por lo tanto, si atendemos al espíritu de la Convención por los derechos del niño, las personas que son un peligro para sí mismos y para otros, deberían ser imputables. Porque para proteger a la sociedad, es indispensable investigar el delito y evitar reincidencias. Esa realidad constituye una consecuencia de la imputabilidad.

Imputabilidad e investigación

La investigación es fundamental, los pibes no roban autos para su colección particular. Lo hacen porque hay un mercado con autos robados cuya gestión no es responsabilidad de menores sino de adultos, en muchos casos de cuello blanco. En negocios de autopartes, de venta de drogas, o en los que surgen de los barrabravas; los adolescentes son mano de obra barata que hace más rentable el negocio. Por tanto, la imputabilidad a menores de 16 años, puede ayudar a investigar a bandas delictivas mayores que usan y se aprovechan de los chicos.

Sin duda, el problema de delito de jóvenes no se combate solamente con la privación de la libertad, hay que sumarle un abordaje profesional que permita la reeducación. En Mendoza, muchos jóvenes terminaron su escolaridad, aprendieron un oficio y salieron de un contexto delictivo por estar en el Cose. Sobran historias que son ejemplo, muchachos que encontraron un proyecto de vida en el deporte, en algún oficio, en la religión. Pero también están los otros, los que hacen más ruido, los que vuelven a sus barrios y a la cultura delictiva en la que se iniciaron. En ocasiones tienen sus padres presos y ellos son parte de los recursos que la familia necesita para sobrevivir. Aunque no faltan los hijos de padres trabajadores, desesperados e impotentes frente a un hijo que se unió a una banda o se inició en adicciones. Y la violencia juvenil empieza a ser el primer síntoma de una patología social que el sistema de salud mental no sabe o no puede resolver con sus recursos.

Imputabilidad y marginalidad

De ningún modo podemos obviar que el aumento de la marginalidad (no hablo de pobreza) genera el mejor caldo de cultivo para el delito juvenil. Con la globalización, jóvenes al margen de la escuela y de los controles de salud empezaron a unirse en barrios periféricos de las ciudades latinoamericanas, en un fenómeno que yo llamé de "cimarronización de los niños". Fui muy criticado por eso, es más fácil ser políticamente correcto y quedarse en la militancia lingüística que yo he llamado perversidad semántica: "no nombremos al Cose sino a la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil; no digamos que son menores, son niños, niñas y niñes; no hablemos de delitos sino de problemas con la Ley. Y en estas digresiones lingüísticas, olvidamos que un problema de semejante importancia y complejidad se aborda de manera sistémica y profesional, más que con voluntarismo sentimental o ideologismo. Se necesita algo más que palabras para cambiar la realidad.

En ese sentido, es valioso mencionar algunos programas modélicos como el Servicio Cívico Voluntario de Mendoza generado entre 2004 y 2007 durante el gobierno de Julio Cobos, que de algún modo intentó prevenir un problema mayor dando alternativas de formación y actividades para que la construcción de un proyecto de vida. Porque en el caso de que la economía mejore y existan posibilidades de empleo, muchas personas no podrán aprovechar esa oportunidad simplemente porque son inempleables.

Esos individuos que no pueden trabajar son la muestra más clara de un Estado y una sociedad que falló. De ahí que los países que han podido encarar mejor estos problemas lo han hecho con un abordaje sistémico. Tuve la oportunidad de verlo en algunas ciudades de EEUU, en Portugal o en República Checa, donde una sociedad que se compromete más allá del debate de la imputabilidad promueve buenos resultados.

Por ello, al considerar la conveniencia de bajar la imputabilidad, entendemos también la necesidad de un abordaje más práctico que teórico que comprometa a todos los actores: en la investigación de los delitos, en la conducción de los institutos correccionales, en la formación de los operadores ý educadores que están en contacto con estos jóvenes, en la justicia penal y de familia, en la creación de instituciones de salud mental que atiendan la problemática de violencia y adicciones, en el sistema educativo y por qué no decirlo, en la conducción de una economía que no siga generando marginalidad.