Qué cambios habrá en las empresas de seguridad privada desde el lunes
A partir del lunes 20 de mayo, entra en plena vigencia la Ley 9578 en Mendoza. Las empresas de seguridad deberán adaptarse a un nuevo marco normativo que incluye requisitos educativos, cambios en el uso de uniformes, habilitación para portar armas no letales y nuevas tarifas para operar legalmente.
Desde este lunes, las empresas de seguridad privada de Mendoza deberán cumplir con un nuevo paquete de obligaciones que modifica sustancialmente el funcionamiento del sector. Con la entrada en vigencia plena de la Ley 9578, sancionada en octubre de 2024 y reglamentada en febrero, se introducen cambios en materia de formación, uniformes, habilitaciones y control estatal.
Fin del plazo de adaptación y nuevo régimen
Este domingo vence el período de 90 días otorgado por el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial para que las firmas se adecuen a la nueva normativa. A partir del lunes 20 de mayo, será obligatorio que las empresas estén registradas en la Dirección de Seguridad Privada (DISEP), un nuevo organismo que reemplaza al antiguo REPAR-REPRIV.
El trámite de habilitación implica un desembolso cercano a los 2,2 millones de pesos, entre registros, seguros, cánones y permisos. Solo podrán operar quienes estén formalmente inscriptos y habilitados.
Formación obligatoria para el personal
Uno de los pilares de la reforma es la jerarquización del personal de seguridad. A partir de ahora, los agentes deberán acreditar el secundario completo, mientras que los directores técnicos tendrán que contar con título universitario en Seguridad.
Frente al alto nivel de informalidad y la falta de formación previa, se firmó un convenio con la Dirección General de Escuelas para que los trabajadores puedan finalizar sus estudios con modalidad flexible. El plazo para iniciar este proceso es de un año.
Las cámaras empresariales (CESIM y CAESIM) comenzaron a relevar el nivel educativo de los agentes para avanzar en planes de terminalidad.
Nuevo uniforme: color arena obligatorio
Otra novedad visible será el cambio en la indumentaria de los vigiladores. Desde este lunes, los uniformes deberán ser de color arena en camisas, chombas y camperas, con pantalón negro. La medida busca diferenciar claramente al personal privado de las fuerzas policiales.
El nuevo diseño debe ser registrado oficialmente, y su aprobación tiene un costo específico de $44.100.
Armas no letales bajo estricto control
La ley también habilita el uso de armas de baja letalidad, como tonfas, bastones, gas pimienta, armas neumáticas o dispositivos eléctricos tipo Taser. Sin embargo, su portación está condicionada a una capacitación obligatoria en instituciones con convenio con el Ministerio de Seguridad.
"No se entrega un arma sin formación ni evaluación emocional", remarcó Alejandro Antón, titular de la DISEP.
Empresas con seguridad interna y límite a las cooperativas
El nuevo régimen también abarca a las empresas que cuentan con seguridad interna. Aunque se les permite mantener un cuerpo propio de hasta 30 vigiladores, deben cumplir los mismos requisitos que una firma tercerizada. Si el plantel supera los cinco agentes, deberán tener un director técnico; en caso contrario, no están habilitados para prestar servicios a terceros.
En cuanto a las cooperativas de seguridad, la ley prohíbe la creación de nuevas, pero permite continuar operando a las tres ya existentes, con restricciones geográficas y funcionales.
Combate a la informalidad
Uno de los ejes más destacados de la reforma es la lucha contra la informalidad. Según estimaciones oficiales, hasta fines de 2024, el 60% del sector operaba de manera irregular. La nueva ley busca revertir esa tendencia con un sistema de fiscalización conjunto entre distintas áreas del gobierno, como la Subsecretaría de Trabajo y Diversión Nocturna.