El Gobierno busca reconstruir la confianza: ¿lo logrará?
En su columna habitual en Radio Post, el periodista económico Ismael Bermúdez, con las disposiciones que elevan los montos mínimos de reporte y simplifican la declaración del Impuesto a las Ganancias, el Ejecutivo intenta alentar la formalización y repatriación de capitales. Sin embargo, persiste la desconfianza estructural en el sistema financiero y tributario.
El Gobierno nacional oficializó un paquete de medidas fiscales que, según el ministro de Economía Luis Caputo, buscan "recuperar la presunción de inocencia" de los contribuyentes y facilitar la circulación del dinero fuera del circuito informal. La estrategia apunta a generar condiciones más favorables para que los argentinos "saquen los dólares del colchón" y los integren al sistema.
Entre las principales reformas, se destaca la decisión de elevar a 50 millones de pesos el umbral a partir del cual los bancos y escribanos están obligados a informar operaciones a la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA). Hasta ahora, transacciones por montos mucho menores ya activaban alertas y requerimientos justificatorios, lo que generaba malestar y desconfianza entre usuarios bancarios. "Antes, hasta una transferencia familiar era vista como sospechosa", graficó el periodista Ismael Bermúdez en su habitual columna en Radio Post.
Además, desde el próximo año se implementará un régimen simplificado de liquidación del Impuesto a las Ganancias. La novedad es que será el propio fisco quien informe al contribuyente los ingresos registrados y el tributo estimado a pagar, sin necesidad de declarar consumos, patrimonio o movimientos adicionales. Una simplificación que apunta a reducir la carga administrativa tanto para ciudadanos como para las autoridades.
Sin embargo, más allá de la intención oficial de alivianar el vínculo entre contribuyente y Estado, persisten señales de cautela. Tal como advirtió Bermúdez, "la ley penal tributaria sigue vigente", y su reforma no será inmediata. Por lo tanto, muchos ciudadanos con activos no declarados o resguardados fuera del sistema podrían temer represalias legales si intentan regularizar su situación sin un marco de seguridad jurídica consolidado.
El segundo obstáculo es la memoria colectiva. En Argentina, el recuerdo de episodios como el Plan Bonex (1989) o el corralito y corralón (2001) aún pesa. "Para muchos, incluso con fondos legales y declarados, depositar dinero en un banco sigue siendo un acto de riesgo", señaló el periodista. "La historia reciente enseña que, frente a cualquier turbulencia cambiaria o falta de reservas, el temor a una confiscación vuelve a escena", agregó.
El Gobierno busca revertir ese proceso con medidas que reduzcan la vigilancia automática y la burocracia tributaria. Pero como advierten los analistas, la clave no estará solo en los decretos, sino en la capacidad de reconstruir la confianza en el sistema. Sin eso, las reformas corren el riesgo de aplicarse solo sobre "el chiquitaje", mientras los grandes capitales seguirán prefiriendo el anonimato de la informalidad o la distancia de cuentas en el exterior.
Editó: Carina Pérez