El Gobierno apunta al precio de los cigarrillos: investigan diferencias entre kioscos y tabacaleras

La Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) puso en marcha un operativo para controlar con mayor precisión cuánto pagan realmente los argentinos por los cigarrillos. El organismo comenzó a enviar notificaciones a kiosqueros de todo el país para que informen los precios de venta al público de cada marca que comercializan. Detrás de esta medida se esconde una sospecha: que los valores cobrados en los puntos de venta no coinciden con los informados oficialmente por las tabacaleras, lo que podría derivar en una menor recaudación de impuestos.

El tributo en cuestión es el Impuesto Interno al tabaco, que establece una alícuota del 73% sobre el precio final de los cigarrillos. Según la ley, las empresas fabricantes deben declarar ese valor al Estado, y los puntos de venta están obligados a respetarlo, sin aumentos adicionales. Sin embargo, relevamientos oficiales detectaron que en muchos casos los kioscos venden los productos con sobreprecios que superan incluso el 100% respecto del precio declarado por las empresas.

La Secretaría de Industria y Comercio realizó un estudio en marzo y halló una diferencia promedio del 114,5% entre los precios que figuran en la lista oficial de ARCA y los que efectivamente pagan los consumidores en la calle. Esto abrió dos hipótesis para el organismo recaudador: por un lado, que los kioscos estén cobrando más de lo permitido; por otro, que algunas tabacaleras -sobre todo pymes- estén declarando valores de venta por debajo de los reales para pagar menos impuestos.

El mercado tabacalero argentino está compuesto en un 65% por grandes firmas como Massalin Particulares y British American Tobacco, mientras que el 35% restante corresponde a empresas más pequeñas. Según estimaciones del sector, se venden unos 38.000 millones de cigarrillos por año en el país, lo que generó una recaudación de más de 1,4 billones de pesos durante 2024.

En la práctica, los precios pueden variar significativamente. Un mismo paquete de 20 cigarrillos puede costar $4200 en estaciones de servicio, mientras que en kioscos cercanos el valor puede escalar a $5000 o más, lo que representa una diferencia de hasta el 19%. Desde el sector kiosquero argumentan que ese margen adicional es necesario para sostener la rentabilidad del negocio, y sostienen que la ley permite un margen de variación de hasta el 20%.

ARCA, por su parte, evalúa si algunas empresas están abusando de ese margen legal para declarar precios artificialmente bajos. La normativa establece que si el precio declarado es inferior en más del 20% al precio real del mercado, el Estado puede fijar un nuevo valor de referencia sobre el cual cobrar el impuesto.

ARCA obliga a los kioscos a respetar el precio de los cigarrillos puesto por las tabacaleras 

Para controlar mejor esta situación, las estampillas que las tabacaleras colocan en cada paquete incluyen un código QR que puede escanearse con una app oficial llamada "Verificar". Esto permite conocer el precio declarado del producto. Pero en muchos casos, lo que el consumidor paga supera ampliamente ese valor.

Tabacalera Sarandí, una de las empresas señaladas, deslindó responsabilidades en los minoristas, argumentando que es muy difícil controlar el precio en los puntos de venta. También criticó la política de precios de referencia, a la que acusa de favorecer a las grandes compañías. Un relevamiento oficial mostró que, para algunos de sus productos, la diferencia entre lo declarado y lo observado en góndola llega hasta el 92%.

Otras empresas, como las multinacionales Massalin y BAT, también admiten que existen diferencias, pero aseguran que sus precios de referencia contemplan un margen razonable para los eslabones de la cadena de distribución.

Mientras tanto, ARCA ya puso en marcha un nuevo relevamiento y espera las respuestas de los kiosqueros para definir si habrá sanciones o ajustes impositivos. 

Editó: Carina Pérez