Ética Pública evitó intervenir en el caso Burgoa
La Oficina de Ética Pública se desligó del episodio protagonizado por el concejal de Guaymallén, detenido por conducir alcoholizado. Argumentó que el control interno le corresponde al cuerpo legislativo local, que ya había archivado el intento de remoción.
La Oficina de Ética Pública de Mendoza decidió no avanzar con una investigación sobre el concejal de Guaymallén, Miqueas Burgoa, quien fue sorprendido conduciendo con 1,25 gramos de alcohol en sangre el pasado 10 de mayo, en General Alvear. El organismo, que encabeza Gabriel Balsells Miró, argumentó que corresponde al Concejo Deliberante evaluar el comportamiento ético de sus miembros y no consideró necesario intervenir.
La resolución se conoció días después de que el propio Concejo Deliberante rechazara iniciar un proceso de remoción contra Burgoa. En esa sesión, el edil incluso votó a su favor, forzando un empate que fue resuelto por la presidenta del cuerpo, Verónica Cancela, también en apoyo al cuestionado concejal. La maniobra generó una fuerte controversia política y expuso la interna del radicalismo local, con sectores enfrentados entre el intendente Marcos Calvente -quien pidió la salida de Burgoa- y el exintendente Marcelino Iglesias, que respaldó su permanencia.
El dictamen de Ética Pública, firmado por el director de Investigaciones Administrativas, Sebastián Giordano, consideró que el órgano competente primario ya había actuado y sugirió no interferir. Citó el artículo 29 de la Ley de Ética Pública Nº 8.993, que faculta al organismo a no intervenir si ya existe un procedimiento específico en curso.
No obstante, el informe incluyó una advertencia. Señaló que los funcionarios deben observar una conducta ética constante, "las 24 horas del día, los siete días de la semana", y recordó que pueden ser removidos por su propio cuerpo incluso si no hay delito penal de por medio.
Caso Burgoa: ética pública, impunidad y crisis de representación
Finalmente, el 2 de junio, Balsells Miró dispuso el cierre temporario del expediente, con la opción de reactivarlo si surgieran novedades, aunque el caso ya había sido formalmente archivado por el Concejo Deliberante el 29 de mayo.