Cristina Fernández busca revertir su inhabilitación en la CIDH, mientras el peronismo se moviliza en su defensa
La expresidenta recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para anular el fallo de la Corte y poder ser candidata. En paralelo, diputados y senadores de Unión por la Patria lanzaron un plan de acción político y legislativo en rechazo a lo que consideran una "proscripción política".
La ofensiva política y judicial de Cristina Fernández de Kirchner tras el fallo adverso de la Corte Suprema ya está en marcha. Mientras se prepara para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de revertir su inhabilitación para ejercer cargos públicos, el peronismo en el Congreso activó una serie de medidas en su respaldo, combinando estrategias institucionales con movilización callejera.
El equipo legal de la exmandataria pedirá una medida cautelar ante la CIDH para suspender los efectos de la sentencia que la condena a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad. Según la presentación -ya redactada y en proceso de análisis por abogados en Washington, según consigna TN-, la Justicia argentina vulneró derechos políticos fundamentales de la expresidenta. Como antecedente, citarán el caso de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, quien fue rehabilitado por una medida similar del sistema interamericano luego de ser inhabilitado en su país.
Cristina Fernández pretende que la CIDH le garantice no solo la posibilidad de competir en elecciones futuras, sino también su libertad mientras avanza el proceso. El cronograma electoral apremia: busca que la cautelar se resuelva antes de los comicios bonaerenses del 7 de septiembre, donde por el momento no puede participar.
Pero la pelea no es sólo jurídica. En las filas del peronismo comenzó a desplegarse una reacción política. Diputados y senadores de Unión por la Patria definieron una batería de acciones que incluyen el retiro de comisiones legislativas, actos de apoyo en todo el país y una agenda parlamentaria de alto impacto para reforzar su posicionamiento público.
Desde el mismo momento en que se conoció la decisión de la Corte, los legisladores más cercanos a Cristina Fernández se congregaron en la sede nacional del Partido Justicialista. Luego participaron de concentraciones en Plaza de Mayo, en el barrio porteño de Constitución -donde reside la expresidenta- y en sedes partidarias del interior. A esto se sumaron reuniones virtuales entre dirigentes, gobernadores y sindicalistas para coordinar una respuesta nacional.
Carlos Heller, diputado con larga trayectoria, celebró el clima de unidad: "Puede ser el inicio de algo muy importante", señaló. En la misma línea, Tomás Ledesma -uno de los referentes jóvenes ligados a La Cámpora- aseguró que "el bloque tiene que actuar con cohesión total" y que las próximas acciones estarán alineadas con las decisiones de la propia Cristina.
Por ahora, hay gestos concretos: este miércoles, legisladores oficialistas suspendieron su participación en comisiones, incluyendo el debate de una reforma al Código Penal. "Nos parece verdaderamente insólito continuar como si nada", expresó Martín Soria al retirarse de una sesión. En paralelo, en el Senado se trabaja para sancionar leyes clave como la emergencia en discapacidad y el aumento a jubilados, que ya cuentan con media sanción.
En las provincias también hay movimiento. "Las bases están activadas en todo el país, no es un fenómeno limitado a Buenos Aires", destacó Ledesma. Blanca Osuna, desde Entre Ríos, reforzó ese mensaje: "La figura de Cristina sigue viva en la memoria de los ciudadanos por lo que representó su gestión".
Desde Chubut, Eugenia Alianiello fue más allá: "Esto es una prueba para el peronismo. Si respondemos con unidad, vamos a salir fortalecidos". Y agregó que la respuesta no debe ser solo institucional, sino también electoral: "La verdadera herramienta para enfrentar esta ofensiva judicial es la movilización política en las urnas".
En paralelo, el bloque de diputados de Unión por la Patria difundió un documento firmado por Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca, donde expresan un "enérgico repudio a la proscripción política" de Cristina Kirchner y cuestionan con dureza el accionar del máximo tribunal.
La cuenta regresiva ya comenzó: el 18 de junio Cristina deberá presentarse en Comodoro Py, salvo que una cautelar desde Washington le abra otro camino.