Con apoyo parcial de la oposición, Mendoza se hace cargo de obras que debía ejecutar Nación
El Senado provincial aprobó el convenio entre Cornejo y el Gobierno nacional para que la provincia asuma, con fondos propios, la ejecución y mantenimiento de tramos de las rutas 7, 40 y 143. Críticas por el uso de recursos locales para cubrir responsabilidades federales.
Con el respaldo del oficialismo y parte de la oposición, el Senado de Mendoza dio sanción definitiva al convenio que habilita a la provincia a realizar obras públicas en rutas nacionales. La iniciativa, impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo y avalada por el Gobierno de Javier Milei, permitirá a Mendoza ejecutar, conservar y mantener tramos clave de las rutas 7, 40 y 143 durante un período inicial de tres años, prorrogable según el avance de los trabajos.
El proyecto ratifica el Decreto Nº 1.165 y formaliza el traspaso de responsabilidades desde la Dirección Nacional de Vialidad a la provincia. Fue aprobado por mayoría, aunque con abstenciones del PRO y el demarchismo, y con críticas del peronismo, que de todos modos votó dividido ante la urgencia de las obras.
Según explicó el senador oficialista Walther Marcolini, el alcance del acuerdo incluye la Ruta Nacional 7 entre Palmira y el Nudo Vial de Costanera (casi 29 km), distintos tramos de la Ruta 40 en el Gran Mendoza (más de 74 km) y la Ruta Nacional 143 entre Pareditas y San Rafael (109 km). Se trata de corredores estratégicos para la conectividad, la seguridad vial y la economía provincial.
La senadora Natacha Eisenchlas defendió la medida al destacar la necesidad de dar respuesta a una infraestructura deteriorada. Desde el oficialismo provincial remarcaron que los trabajos podrán ejecutarse por administración directa o mediante licitaciones, según lo disponga la normativa local.
No obstante, desde la oposición surgieron fuertes cuestionamientos. El senador del Partido Verde, Dugar Chappel, advirtió que Mendoza está asumiendo con recursos propios obras que le corresponden al Estado nacional. Desde el PRO, Germán Vicchi se abstuvo y señaló que el convenio carece de definiciones claras sobre los mecanismos de financiamiento.
El peronismo expresó preocupación por el antecedente que podría dejar este acuerdo, al convalidar que Nación se desentienda de su rol en la obra pública federal. A pesar de ello, algunos de sus legisladores votaron a favor ante la falta de respuestas concretas del Gobierno central.
El senador Félix González fue más allá y criticó a Cornejo por utilizar parte de los más de 1.000 millones de dólares del resarcimiento nacional por la promoción industrial para financiar obras que, en su opinión, deberían correr por cuenta de la Nación.
Aunque el convenio no establece un sistema de repago, sí contempla la posibilidad de que Mendoza gestione ante el Ejecutivo nacional la autorización para implementar peajes en los tramos intervenidos.
El acuerdo será válido por 36 meses desde su promulgación, con posibilidad de extenderse en función del avance y complejidad de las obras. La provincia, de esta manera, asume un rol central en la recuperación de rutas clave, en medio de un escenario de retiro de la inversión nacional en infraestructura.