Economía

Gobernadores presionan por mayor reparto del fondo ATN mientras Nación limita giros a provincias

En 2025, solo el 20% del Fondo de Asistencia Financiera para Emergencias fue distribuido a las provincias, lo que desató un fuerte reclamo de los mandatarios. La Ciudad de Buenos Aires acapara más del 50% de estos recursos por una cautelar de la Corte Suprema, y los gobernadores presentaron proyectos para modificar la distribución en el Senado.

 En medio de crecientes tensiones fiscales, los gobernadores provinciales elevaron al Senado proyectos para reclamar una distribución más equitativa de los fondos no automáticos que el gobierno nacional destina a las provincias, especialmente el remanente del Fondo de Asistencia Financiera para Emergencias (ATN) y los recursos del impuesto a los combustibles líquidos.

Según datos oficiales, en el primer semestre de 2025 se ejecutó apenas el 20% del total acumulado del fondo ATN, que asciende a más de 451 mil millones de pesos. Aunque en términos reales los giros aumentaron respecto al año anterior, el volumen sigue siendo uno de los más bajos en dos décadas.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es la principal beneficiaria, concentrando el 52,1% de estos recursos -más de 153 mil millones de pesos- gracias a una cautelar dictada por la Corte Suprema que obliga al gobierno nacional a cumplir con la coparticipación.

Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Chaco y Santa Fe recibieron porcentajes mucho menores, y varias jurisdicciones del norte y sur del país fueron las que menos fondos percibieron.

El malestar entre los gobernadores crece, tras una reunión con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, donde el Ministerio de Economía rechazó las propuestas presentadas por las provincias. El reclamo principal apunta a que estos fondos deberían distribuirse en función de criterios más justos y que sean parte de la coparticipación automática.

El debate pone en evidencia la disputa por recursos clave para la gestión provincial, en un contexto de fuerte presión fiscal y necesidades crecientes para obras públicas y servicios.

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