Un grupo de gobernadores, entre ellos Cornejo, acordaron respaldar sólo los proyectos que refuerzan fondos para las provincias

Esta tarde el Senado será escenario de una pulseada clave: un grupo de gobernadores que formaron parte de Juntos por el Cambio decidió no acompañar la aprobación de varios proyectos de ley que ya cuentan con media sanción. Según sostienen, estas iniciativas -como la reactivación de la moratoria previsional, los aumentos para jubilados y la emergencia en discapacidad- representarían un impacto del 2,5% del PBI y pondrían en riesgo la meta de equilibrio fiscal.

Los gobernadores que integraron la ex coalición de Juntos por el Cambio, entre ellos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (CABA) entre otros, mantuvieron ayer una reunión virtual con sus senadores y acordaron impulsar una maniobra para dividir la sesión en dos partes. La idea es interrumpir el debate con un cuarto intermedio y, luego, avanzar con la votación de los proyectos que sí cuentan con respaldo de las 24 provincias: entre ellos, el reparto del 50% de los Aportes del Tesoro Nacional, la eliminación de fondos fiduciarios y cambios en el impuesto a los combustibles. Estos puntos, aseguran, implican un gasto marginal del 0,11% del PBI.

La jugada busca mostrar diferencias con la oposición kirchnerista y, al mismo tiempo, enviarle un mensaje al Ejecutivo: estos gobernadores pretenden dejar en claro que no buscan desestabilizar ni sumarse a propuestas "fiscales irresponsables", como señalaron fuentes cercanas a ese bloque.

Se desmarcan así de la postura del kirchnerismo, que impulsa iniciativas como el aumento de jubilaciones y emergencia en discapacidad, que para este grupo de gobernadores se trata de una "bomba fiscal".

Estos mandatarios provinciales plantean la importancia de que el Gobierno cumpla con las leyes y les envíen a las provincias los recursos que les corresponden. Advierten: "No queremos romper todo, pero tampoco queremos que nos sigan sacando los recursos".

De todos modos, desde Casa Rosada han planteado una estrategia diferente: no negociar y atacar, por lo que el presidente salió a criticar duramente a legisladores y mandatarios provinciales; sostuvo que la aprobación de esas leyes pone en juego el equilibrio fiscal, hará subir la inflación y el riesgo país y amenazó con vetar esas las leyes, e incluso judicializarlas.

Esto plantea otro escenario a partir de lo que suceda hoy en el Senado:

Unión por la Patria liderará la embestida y se comprometió a conseguir el quórum junto con un voto del PRO y algunos radicales. Es la oposición más pura, moviéndose en un año electoral. Sólo luego de que haya quórum entrarán al recinto los senadores vinculados con los gobernadores.El endurecimiento del Gobierno con los gobernadores frente al reclamo de fondos es la misma estrategia que desplegó para intentar negociar listas con los mandatarios provinciales. El Gobierno parece preferir la rendición antes que la negociación.Si hoy los gobernadores alineasen a sus senadores y lograsen aprobar sus dos proyectos de ley, la situación no sería terminal: faltaría todavía que las aprueben Diputados. La pregunta es si el Gobierno aprovechará ese tiempo para buscar un acercamiento, al menos con los gobernadores aliados.Milei puede vetar las leyes que se aprueben y cada cámara del Congreso tiene la atribución de insistir con esos proyectos. El éxito de Milei dependerá de que se ingenie en reunir los 85 héroes que respalden su veto.Pero en la pulseada gana el Congreso, ya que si insiste con la sanción de la ley, esa norma será promulgada y el Ejecutivo no podrá judicializarla, por más que Milei crea que sí puede hacerlo. La Constitución Nacional es taxativa y bien precisa en el sistema de sanción y promulgación de las leyes y no prevé la intervención de la Justicia.