La Suprema Corte suspende una multa millonaria contra Janina Ortiz
El máximo tribunal detuvo provisoriamente la ejecución del fallo del Tribunal de Cuentas que imponía cargos por más de $78 millones a Ortiz, hasta que exista una sentencia firme. La exfuncionaria deberá presentar una garantía por $9,4 millones.
La Suprema Corte de Justicia suspendió de manera provisoria la ejecución del fallo del Tribunal de Cuentas que había impuesto a Janina Ortiz, exsecretaria de Gobierno de Las Heras, una multa y cargos patrimoniales que superan los $78 millones. La medida se extenderá hasta que haya una resolución definitiva en la causa principal.
El fallo original del Tribunal de Cuentas (número 18.198), fechado el 24 de abril, establecía una multa de $600.000 y tres cargos por $33,9 millones, $36,5 millones y $7,6 millones, compartidos en parte con el exintendente Daniel Orozco, por irregularidades en la gestión municipal durante 2023.
La Corte, en una resolución firmada por los jueces Dalmiro Garay, Teresa Day y Julio Gómez, indicó que la suspensión se hará efectiva cuando Ortiz presente una caución real u otra garantía por $9.453.879. En su presentación del 13 de mayo, Ortiz argumentó que la medida era necesaria para proteger la efectividad de un eventual fallo favorable y garantizar el derecho al debido proceso.
El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado no se opusieron a la suspensión, aunque ambas solicitaron que se fije la contracautela correspondiente. Los jueces de la Corte señalaron que se cumplían los requisitos legales y que no existía impedimento para conceder la medida cautelar.
Entre las irregularidades detectadas por el Tribunal, se encontraron falencias en la contratación y en la documentación de respaldo de la compra de bolsones de carne subsidiados, que debía ser entregada a vecinos beneficiarios. Además, se advirtió que la misma persona certificaba la recepción de los bienes y había participado en el pedido y selección del proveedor, generando incompatibilidad según la normativa vigente.
Ortiz también había conformado facturas y firmado informes sobre la entrega de los bolsones y avalado el pedido de suministro. Otra irregularidad señalada fue la contratación de servicios con la cooperativa Manos a la Obra, que no fue acreditada. Estos hechos están siendo investigados en una causa penal por peculado que involucra tanto a Ortiz como a Orozco.