El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor vuelve a Diputados para su aprobación definitiva

El Senado de Mendoza aprobó este martes la adhesión al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, previsto en la Ley Nacional 27.743. La propuesta, impulsada por legisladores de distintos espacios políticos, fue votada con modificaciones, lo que obliga su regreso a la Cámara de Diputados en segunda revisión. El proyecto unifica tres iniciativas y tiene como objetivo principal que en facturas, tickets y comprobantes se especifiquen los tributos provinciales vinculados a la actividad del emisor, incluyendo la alícuota de Ingresos Brutos.

La autoridad de aplicación será la Administración Tributaria Mendoza (ATM), que tendrá a su cargo la fiscalización y el control del cumplimiento del régimen en toda la provincia. Durante el debate, se recordó que la iniciativa surgió de la ONG Lógica y que a nivel nacional comenzó a implementarse parcialmente en enero de 2025, para luego extenderse en abril a todos los contribuyentes.

El senador Valentín González explicó que el proyecto acumuló expedientes con temáticas similares y destacó la importancia de visibilizar la carga impositiva. Señaló que, así como actualmente los consumidores pueden ver en los comprobantes el IVA y el precio del producto, el objetivo ahora es "correr el velo fiscal" para mostrar con claridad los impuestos nacionales, provinciales y municipales que encarecen el consumo en un país con una de las presiones tributarias más altas del mundo.

La Ley Nacional de Transparencia Fiscal, sancionada el 28 de junio de 2024, tiene como finalidad que los ciudadanos conozcan con detalle los impuestos que abonan en la compra de bienes o servicios. El esquema elimina la prohibición de discriminar el IVA en las operaciones con consumidores finales, impone su obligatoriedad y establece que los precios deben publicarse con el valor neto más el detalle de los tributos. La norma fue respaldada por más de 50.000 firmas en Change.org.

Con la aprobación definitiva, Mendoza se sumará a Chubut, la única provincia que ya había adherido, mientras que Entre Ríos obtuvo media sanción y Córdoba junto con la Ciudad de Buenos Aires siguen en debate legislativo. Desde la ONG Lógica, que impulsó el proyecto, se destacó que el objetivo es que el consumidor distinga claramente cuánto corresponde al valor real del producto y cuánto a la carga impositiva que lo encarece.