Política

El Gobierno anticipa derrota en el Congreso y busca postergar la ejecución de leyes clave

Frente a la segura aprobación de los vetos al financiamiento del Garrahan y de las universidades, la Casa Rosada proyecta dilatar la aplicación de los fondos y apunta a que sean denuncias de particulares las que cuestionen la erogación.

En la Casa Rosada reconocen que no cuentan con los apoyos suficientes para frenar las leyes de financiamiento al Hospital Garrahan y a las universidades, y ya proyectan retrasar la aplicación de esos fondos al próximo período presupuestario. Desde Nación aseguran que el resultado en la Cámara de Diputados es "irremontable" y descartan lograrlo en el Senado.

"Esperamos que sea una sesión rápida y que no haya disturbios", afirmaron fuentes oficiales. Por eso, el Ministerio de Seguridad desplegará un vallado alrededor del Congreso y ubicará a los agentes federales detrás de las barreras, sin recurrir al operativo antipiquete, manteniendo abiertas las calles para la circulación.

El Ejecutivo busca replicar la estrategia utilizada con la Ley de Emergencia en Discapacidad, ratificada por el Congreso tras el veto presidencial, y que permitió habilitar su promulgación mientras se estudiaban mecanismos para suspender la ejecución de fondos. 

Según explican, no iniciarán acciones judiciales para bloquear la erogación presupuestaria; en cambio, dejarán que eventuales denuncias las presenten particulares, con el objetivo de atomizar los procesos. "Si la ley la promulgamos y no la aplicamos, lo más probable es que nos denuncien. El proceso no lo vamos a iniciar nosotros", detallan desde Balcarce 50.

La argumentación oficial se apoya en el "impacto fiscal" de estas medidas y en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que establece que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".

Además, la Casa Rosada recalca que la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional constituye la "herramienta primordial para el ordenamiento y planificación del accionar gubernamental", y que corresponde a Nación fijar el presupuesto general de gastos junto al cálculo de recursos de la administración.

Para reforzar esta posición, la mesa jurídica del Gobierno, integrada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y sus equipos de abogados administrativos, analiza jurisprudencia que respalde la postura de Nación frente a la ejecución de estas leyes.

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