Para comparar entre provincias, lo primero es entender la Coparticipación

En el debate sobre el federalismo fiscal argentino, las comparaciones entre provincias suelen ser inevitables. Sin embargo, muchas veces estas comparaciones resultan engañosas si no se toman en cuenta las profundas diferencias estructurales entre las jurisdicciones. No todas las provincias recaudan igual, ni todas tienen el mismo nivel de autonomía para financiarse. Mientras algunas viven mayormente de lo que envía la Nación por el sistema de coparticipación federal, otras deben sostener su funcionamiento cotidiano con un fuerte porcentaje de recursos propios, lo que supone mayores costos políticos y económicos.

Mendoza se encuentra en este segundo grupo. Es una de las provincias con menor índice de coparticipación per cápita del país (la penúltima), lo que la obliga a realizar un esfuerzo de recaudación mucho más intenso que la mayoría de sus pares (incluyendo sus vecinos, con los que algunos descuidados pretenden comparar). El contraste es evidente: mientras algunas jurisdicciones pueden darse el lujo de pagar onerosos bonos a sus agentes públicos de salud y educación, o sostener estructuras estatales abultadas gracias a la caja nacional, Mendoza tiene que valerse en buena medida de sus propios contribuyentes para garantizar el financiamiento de servicios esenciales.

El sistema de coparticipación, creado en los años '80 y reformado en distintas ocasiones, reparte los impuestos nacionales entre las provincias bajo criterios que combinan población, necesidades básicas y, en no pocos casos, acuerdos políticos históricos (criterios mágicos). El resultado es un esquema que, lejos de promover una convergencia, acentuó desigualdades. 

Hay una gran cantidad de provincias que reciben transferencias que superan largamente lo que logran recaudar por sí mismas. Un reporte de la consultora GALOIS muestra que, si estas jurisdicciones tuvieran que sostenerse con sus recursos propios, deberían multiplicar varias veces su recaudación de Ingresos Brutos para alcanzar un nivel comparable al de las provincias más autónomas.

Mendoza, en cambio, está en las antípodas. Junto con Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y en menor medida Chubut, integra el grupo de provincias que menos dependen de Nación. 

Su situación fiscal se caracteriza por un esfuerzo tributario propio sostenido por sus empresas, comercios y ciudadanos. Y dicho esfuerzo no es un mero dato estadístico: implica que las decisiones de política tributaria tienen un costo político mucho más alto que en otras provincias. Bajar un punto de Ingresos Brutos en Mendoza significa resignar recursos genuinos que sostienen hospitales, escuelas y seguridad. Bajar el mismo punto en provincias fuertemente subsidiadas, en cambio, apenas mueve la aguja porque la coparticipación compensa. Y, así y todo, Mendoza sigue bajando Ingresos Brutos año a año, en un esfuerzo más que destacable.

En total, concluye el mencionado estudio de Galois, son 17 las jurisdicciones que deberían aumentar Ingresos Brutos (algunas en porcentajes muy elevados) para mantener el equilibrio, mientras que solo cinco provincias -entre ellas Mendoza- podrían reducir su presión fiscal. En otras palabras, Mendoza está obligada a recaudar más en lo provincial porque recibe menos del reparto nacional por habitante.

Este dato cambia por completo el ángulo de la discusión. Por ejemplo, no es justo comparar a Mendoza con provincias vecinas como San Juan o San Luis (como algunos pretenden), que reciben una coparticipación per cápita muy superior. Tampoco tiene sentido medirla contra la mayor parte del NOA o del NEA, entre varias otras que también basan su supervivencia fiscal en las transferencias nacionales. La comparación solo es válida con las grandes provincias productivas, aquellas que sostienen con sus propios contribuyentes gran parte de su funcionamiento: Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. En ese grupo reducido, Mendoza se distingue por la magnitud de su esfuerzo recaudatorio en relación con su baja coparticipación.

Pero este esfuerzo tiene un costo. El peso de los impuestos provinciales se hace sentir en la actividad económica. Empresarios y comerciantes mendocinos, suelen señalar que la presión fiscal (ingresos brutos encima es un impuesto distorsivo), sumada a las dificultades macroeconómicas nacionales, limita la competitividad de la provincia. Aun así, no existe alternativa realista: sin esos ingresos propios, Mendoza no podría financiar su infraestructura ni sus servicios básicos, por lo bajo de su coparticipación per cápita. Es por eso que Mendoza espera ansiosa la reforma tributaria nacional, que hoy se trabaja en el Consejo de Mayo. Pero ojo.... la reforma tributaria no es solo el Super-IVA, o bajar Impuesto al Cheque, también es reformar de forma urgente la coparticipación.

El contraste con las provincias más subsidiadas es cada vez más visible y plantea un problema político de fondo. ¿Es justo que algunas provincias vivan casi exclusivamente de la coparticipación mientras otras deben soportar la impopularidad de cobrar impuestos propios, que encima son distorsivos? ¿Es sostenible un esquema federal donde el esfuerzo está tan desigualmente distribuido? Las respuestas no son sencillas, pero la evidencia estadística muestra que la actual distribución no premia a las provincias más responsables ni estimula la generación de recursos genuinos.

En definitiva, Mendoza está entre las provincias que más esfuerzo hacen para recaudar y sostenerse, mientras muchas otras viven subsidiadas por la coparticipación. Es risueño escuchar ese arco local (pequeño, pero bullicioso) que sostiene que a Mendoza hay que compararla con sus vecinos (San Juan y San Luis): no entienden o no se han puesto a estudiar cómo funcionan las respectivas estructuras económicas. Reconocer estas diferencias no es solo un ejercicio de prudencia estadística: es el primer paso para discutir un federalismo más equilibrado, donde no haya provincias premiadas por su dependencia, ni otras castigadas por su autonomía y su esfuerzo fiscal. Más bien debería ser al revés.