La ANDIS restituyó casi 16 mil pensiones por invalidez suspendidas tras la auditoría cuestionada
Una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad acató una cautelar de la Justicia de Formosa que ordenó reactivar los pagos interrumpidos desde julio. El fallo criticó la falta de notificaciones adecuadas durante el control iniciado bajo la gestión de Diego Spagnuolo. El costo de la medida superaría los $10.000 millones.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) resolvió restituir 15.838 pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas desde julio pasado, en el marco de una auditoría implementada durante la gestión de Diego Spagnuolo. La decisión fue adoptada por el actual interventor del organismo, Alejandro Vilches, quien firmó una resolución para cumplir con una medida cautelar dictada por la Justicia de Formosa.
El fallo judicial ordena dejar sin efecto las bajas y reanudar el pago de los haberes "a partir del período mensual en que fueron dispuestas las suspensiones". De acuerdo con datos del Ministerio Público de la Defensa, los montos equivalen al 70% de una jubilación mínima, por lo que la restitución total implicaría un desembolso superior a los $10.000 millones.
La causa judicial tuvo origen en una presentación de la Defensoría del Pueblo de Formosa, que denunció irregularidades en la forma en que Andis llevó adelante el proceso de revisión de los beneficios. El Estado nacional apeló la medida, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó la cautelar y ratificó el fallo.
En su resolución, la Justicia advirtió que muchas de las notificaciones enviadas a los beneficiarios fueron "infructuosas", lo que impidió que las personas convocadas pudieran realizar las evaluaciones médicas exigidas para conservar la pensión. Algunas citaciones llegaron a domicilios desactualizados, otras se emitieron con escasa anticipación o fijaron audiencias en localidades alejadas, lo que imposibilitó el traslado de los titulares.
El fallo no se pronunció sobre la validez de los beneficios en sí mismos -es decir, si los beneficiarios cumplen los requisitos para recibir la pensión-, sino sobre la forma en que se implementaron los controles. Por eso, otorgó un plazo de tres meses para que los afectados presenten la documentación necesaria y puedan completar el proceso de revisión bajo las condiciones adecuadas.
En Formosa, las pensiones restituidas representan el 38,6% de los 40.990 beneficiarios registrados en 2023, según datos de la Jefatura de Gabinete, y equivalen al 6,4% de la población provincial, de acuerdo con el Censo 2022 del Indec.
El informe que la Jefatura de Gabinete presentó el 27 de agosto ante la Cámara de Diputados defendió la auditoría implementada por Andis, argumentando que su objetivo era "identificar y redirigir recursos de manera más efectiva". De los 997.654 beneficiarios citados en todo el país, el 45% concurrió a las evaluaciones, mientras que 111.463 pensiones fueron suspendidas y otras 418.374 permanecen en proceso de verificación.