Embargo y restricciones para dos imputados por defraudar al Estado mendocino
Fueron denunciados por el Gobierno de Mendoza por acciones desarrolladas desde adentro del Ministerio de la Producción a través del programa Enlazados.
La justicia mendocina avanzó en una causa por presunto fraude a la administración pública que habría ocasionado un perjuicio superior a los 27 millones de pesos al Estado. La maniobra, según la investigación fiscal, fue ejecutada entre octubre de 2023 y abril de 2024 desde el Ministerio de Producción, mediante el uso irregular del programa de empleo "Enlazados".
La investigación está a cargo de la fiscal Gabriela García Cobos, titular de la Fiscalía de Instrucción 39 de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos. La causa, caratulada "Fiscal c/ Cáceres Dimarco, Valentina Clara y Valdeomillos Tobares, Germán Exequiel p/ Defraudación agravada por fraude en perjuicio de la administración" (Expte. P-52223/24), tiene como imputados a Valentina Clara Cáceres Dimarco y Germán Exequiel Valdeomillos Tobares, acusados de ser coautores de una maniobra de estafa contra el Estado.
Desde la Casa de Gobierno han destacado que esta actuación judicial "pretende dejar en claro que en Mendoza, quien las hace, las paga".
Una "maniobra sistemática"
De acuerdo con la resolución dictada el 16 de octubre de 2025, Cáceres Dimarco -técnica contratada por el Fideicomiso de Fomento y Sostenimiento al Empleo- habría utilizado su acceso al sistema informático del programa "Enlazados" para simular relaciones laborales inexistentes. Con la colaboración de su pareja, Valdeomillos Tobares, exempleado de la misma dependencia, ambos inscribieron a personas como supuestos empleados de empresas ficticias con el fin de cobrar los subsidios que el programa otorgaba a firmas privadas que crearan puestos de trabajo formales.
Entre las empresas apócrifas detectadas figuran Ventury Shop S.A., Sabor MZA, Sacro S.A., Metalúrgica ARGS S.A., Grupo MM S.A., Green Red S.A. y otras firmas a nombre de particulares. Los pagos se gestionaban justo antes del cierre mensual, y una vez transferidos los fondos desde el fideicomiso provincial a las cuentas de los supuestos beneficiarios, se eliminaban las inscripciones del sistema para dificultar su detección.
Según la pericia contable incorporada a la causa, el perjuicio económico para el Estado provincial asciende a 27.222.400 pesos.
Medidas judiciales
La fiscal García Cobos ordenó el embargo preventivo de los bienes de los imputados, así como la prohibición de salida del país y de la provincia, la retención de sus pasaportes y la prohibición de emitir nuevos documentos de viaje. Además, deberán presentarse mensualmente ante la Unidad Fiscal para acreditar su comparendo y sujeción al proceso.
La Provincia de Mendoza interviene como Querellante Particular y Actor Civil, en resguardo de los intereses patrimoniales del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 967/24 firmado por el gobernador.
El expediente incluye el análisis de los equipos informáticos secuestrados en la Dirección de Empleo de la Casa de Gobierno, con el objetivo de rastrear la actividad digital vinculada al usuario "VCACERES" en la plataforma del programa Enlazados.
El programa Enlazados
El plan "Enlazados" fue creado por la Ley 9330 y su decreto reglamentario 955/21, con el propósito de incentivar la creación de empleo formal mediante subsidios directos del Estado a los nuevos trabajadores registrados. En este esquema, la provincia abonaba una parte del salario por un período determinado, mientras las empresas completaban la remuneración y mantenían la relación laboral.
La detección de irregularidades en los controles internos de la Dirección de Empleo permitió descubrir las inscripciones falsas y dar origen a la denuncia que derivó en el actual proceso penal.