La Corte falla a favor de los funcionarios y exige una propuesta salarial al Ejecutivo
El máximo tribunal reconoció que la "cláusula C" fue incumplida y que la brecha salarial con los magistrados se amplió durante años. Ordenó al Gobierno presentar una recomposición razonable y dejó abierta la revisión de períodos pendientes.
La Suprema Corte provincial resolvió -con una mayoría ajustada y posiciones enfrentadas- el extenso litigio iniciado por funcionarios judiciales por el incumplimiento de la conocida "cláusula C", un acuerdo paritario firmado en 2013 que obligaba al Ejecutivo a preservar la relación histórica entre sus salarios y los de los magistrados.
El conflicto surgió porque, pese al compromiso asumido por el Gobierno y la propia Corte, la brecha salarial entre ambos escalafones se amplió en los años siguientes. Secretarios, prosecretarios, profesionales forenses, peritos, ayudantes fiscales, inspectores judiciales y el secretario administrativo del tribunal presentaron su demanda en noviembre de 2017. Las pericias incorporadas al expediente confirmaron que el mecanismo de actualización salarial no se aplicó correctamente y que el perjuicio se acumuló en distintos períodos.
La postura de la mayoría
Los ministros Julio Gómez, Teresa Day, Norma Llatser, José Valerio y Dalmiro Garay coincidieron en reconocer tres puntos centrales: que la cláusula era válida y exigible, que los funcionarios tenían legitimación para reclamar y que el Ejecutivo incumplió lo pactado en 2013.
Pero también remarcaron un límite institucional: el Poder Judicial no puede reemplazar a la negociación paritaria fijando porcentajes propios de recomposición ni ordenar pagos automáticos. Con ese criterio, optaron por un remedio acotado: intimaron al Gobierno provincial a presentar una propuesta "razonable" de actualización salarial -particularmente respecto de 2016- y dejaron abierta la revisión de las diferencias correspondientes a 2018 y 2019.
La disidencia
Los jueces Mario Adaro y Omar Palermo coincidieron en que la cláusula se debía aplicar y que los derechos salariales de los funcionarios fueron vulnerados. Sin embargo, plantearon que la Corte debía avanzar un paso más y resolver el conflicto en su totalidad.
Propusieron calcular judicialmente las brechas acumuladas y ordenar el pago directo de las diferencias, con intereses. En su voto consignaron que, según las pericias, la distancia salarial entre funcionarios y magistrados alcanzó porcentajes de 7,05 %, 23,73 %, 27,73 %, 51,79 % y 97,99 % en distintos períodos entre 2014 y 2019. Para ellos, la sentencia debía cuantificar la deuda y exigir su cancelación formal.
Un litigio marcado por la demora
Aunque las pruebas estaban listas hacía años, el expediente permaneció sin definición definitiva durante casi doce años. Los actores señalaron que el principal motivo de esa dilación fue el impacto presupuestario que implicaría una sentencia plenamente favorable. Esa dinámica -indicaron- es habitual en juicios salariales contra el Estado: convenios homologados que no se cumplen, dictámenes técnicos que confirman el perjuicio y procesos que se extienden por las consecuencias fiscales que acarrearía un fallo condenatorio.