Funcionarios judiciales repudiaron la decisión de la Corte sobre la "Cláusula C"
La Suprema Corte de Mendoza reconoció el incumplimiento del Gobierno en la actualización salarial de los funcionarios, pero derivó la solución al ámbito de la paritaria, lo que el gremio califica como un "fraude de etiquetas" que anula diez años de litigio.
La Asociación de Funcionarios Judiciales de Mendoza ha emitido un fuerte comunicado catalogando de "triste y desoladora" la reciente sentencia de la Suprema Corte provincial respecto a la aplicación de la "Cláusula C".
A pesar de que el máximo tribunal validó el acuerdo paritario de 2013 y admitió el "incumplimiento" y la "mala fe" del Poder Ejecutivo, la mayoría de los ministros optó por devolver el conflicto salarial a la mesa de negociación. Para el gremio, esta medida equivale a "no hacer lo que deben: JUSTICIA", ya que obliga a los trabajadores a "renegociar algo que ya había sido objeto de negociación".
La paradoja del fallo
La controversia radica en la Cláusula C, un compromiso suscrito en 2013 y ratificado por ley, que buscaba evitar que "se amplíe la brecha existente entre el salario de los funcionarios y el salario de los magistrados", manteniendo así la relación histórica entre ambos escalafones.
La Corte falla a favor de los funcionarios y exige una propuesta salarial al Ejecutivo
El fallo de la mayoría, integrado por Julio Gómez, María Teresa Day, Norma Llatser, José Valerio y Dalmiro Garay, creó una evidente paradoja:
El Tribunal sostuvo que la cláusula "tenía operatividad" y que el Ejecutivo "incumplió la obligación asumida en 2013".
Sin embargo, se declaró incompetente para establecer los porcentajes o liquidar automáticamente las diferencias, e "intimó al Ejecutivo a formular una 'propuesta razonable' de recomposición salarial" en el ámbito paritario.
Desde la Asociación, critican duramente que esta decisión "retrotrae al ámbito paritario la determinación de los alcances de un derecho que los trabajadores ya habían obtenido". Irónicamente, el gremio se preguntó qué diferencia queda "entre una paritaria y una charla de café" si la Corte ahora sugiere que una cláusula homologada por ley "no es operativa".
La respuesta de la IA
Para ilustrar la complejidad que demoró dos años en ser resuelta por la Corte, el gremio reveló que incluso consultaron a la Inteligencia Artificial sobre la Cláusula C. El sistema ChatGPT respondió de inmediato que, si aumenta el sueldo de magistrados, "también debe aumentarse el de funcionarios en una proporción que mantenga la misma relación", y citó la prohibición de regresividad salarial (art. 7 y 8 PIDESC). La conclusión del gremio fue contundente: "no era tan difícil..."
La postura disidente de los ministros Mario Adaro y Omar Palermo ratificó la magnitud del daño. Ellos propusieron admitir la demanda y ordenar el pago directo de las diferencias salariales. Según la argumentación de la disidencia, la brecha salarial acumulada entre 2014 y 2019 alcanzó cifras de hasta el 97,99% en algunos períodos.
El comunicado de la Asociación cerró citando la crítica del Dr. Palermo: "Lo cuestionable, es que la misma es regresivamente utilizada en perjuicio de los derechos de los trabajadores".