Otra vez el debate de glaciares y controles

Parece un clásico, pero cada vez que hay que debatir sobre el tema minero vuelven a aparecer los agitadores profesionales que movilizan a persona de buena fe que se asustan por los riesgos que estos agitadores les cuentan. Esta semana se volvió a vivir el problema con un pequeño grupo de manifestantes que se hicieron presentes en la zona donde funcionan las comisiones de la Legislatura donde se debatía sobre el proyecto San Jorge, y tuvieron actitudes reñidas con el espíritu democrático, toda vez agredieron a un periodista e intentaron hacer lo mismo con la ministra Jimena Latorre.

Más allá del oportunismo, hay que recordar que estos personajes, que están financiados por empresas privadas que no quieren que los mineros les compitan con los sueldos, que son mucho mayores, para no tener problemas con sus empleados, son profesionales de los conflictos y utilizan métodos violentos sin ningún problema.

No obstante, se instaló el debate sobre La ley de Glaciares, que el presidente Milei quiere derivar a las provincias su reglamentación, en su área de influencia. El tema es delicado porque eso no es federalismo sino no hacerse cargo. El área tanto glaciar como periglaciar son del dominio natural de la Nación y no se puede arriesgar a que cada provincia dicte una norma distinta a otra. Está bien ser eficientes, pero está muy mal no hacerse cargo porque ¿quién dará las pautas a las provincias o cada una hará que le plazca?

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El tema es delicado porque ni siquiera es posible un debate político porque el tema es científico. El primer inventario de glaciares lo hizo el Ianigla y quien lo encabezaba, el Dr. Villalba, tuvo que renunciar poque le hicieron una denuncia penal. La realidad es que hay muchos intereses en juego y, dado lo delicado del tema, debería ser la Nación quien dicte las normas.

La ley actual está vigente, pero hay artículos de esta que no fueron reglamentados y uno de ellos es que el que debía establecer los limites técnicos del área glaciar y la periglaciar. Vale aclarar que no fue iniciativa del gobernador Cornejo esta propuesta de Milei sino del gobernador de San Juan, Orrego, porque es en su área donde están las inversiones que chocan con estos conceptos.

El problema de los controles

Desde la época en que se discutía la 7722 se viene planteando que uno de los principales problemas, y es donde reside la licencia social, es que los ciudadanos no confían que el gobierno vaya a efectuar los controles adecuados para evitar daños en las tierras o en las personas que habitan en las regiones. Es de que el decir, los vecinos de las distintas zonas tiene miedo de que el Estado los abandone, una vez más.

Al comienzo de su gestión Cornejo había propuesto la creación del cuerpo de Policía Ambiental Minera, un cuerpo técnico que fiscaliza el cumplimiento de la normativa ambiental y de seguridad en la actividad minera en toda la provincia, desde la Ley 9529. Su misión es proteger el ambiente, las personas y los recursos naturales, además de promover prácticas sostenibles.

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La realidad es que esta policía fue creada sin ninguna mística y el mismo gobierno que la creó no la "vendió" como debía. Este cuerpo debería tener un programa de comunicación con la sociedad, además de controlar a empresas, para que la sociedad los vea trabajar, los pueda controlar e ir ganando la seguridad que necesitan. Alguna vez dije que esta policía debía ser creada con la misma mística que los cuerpos de Guardaparques, sobre los que nadie duda.

Por otra parte, es fundamental que se conozcan las acciones que se llevan a cabo porque es la forma de ponerle freno a los oportunistas que se quieren adueñar del poder de policía ambiental. Ellos sostienen que ellos, los ambientalistas, son más puros que los funcionarios, pero el poder de policía, en todos sus aspectos, es un poder monopólico del Estado y no lo puede ceder o tercerizar.