El Gobierno acelera su agenda minera en Mendoza con cuatro proyectos clave
Con el Presupuesto 2026 ya sancionado y con apoyo opositor, la administración de Alfredo Cornejo busca ahora avanzar, en conjunto, con las declaraciones de impacto ambiental de dos proyectos estratégicos y con las nuevas leyes de regalías y del Fondo de Compensación Ambiental para ampliar la matriz productiva y ordenar la actividad minera.
Tras lograr la aprobación del Presupuesto, Avalúo e Impositiva 2026 en ambas Cámaras -con acompañamiento mayoritario del PJ y de La Unión Mendocina- el Gobierno provincial se prepara para el siguiente paso: conseguir la sanción de cuatro iniciativas centrales para activar la minería en Mendoza, un sector que el gobernador Alfredo Cornejo considera determinante para diversificar y robustecer la economía local.
El oficialismo obtuvo, además, autorizaciones legislativas para refinanciar deuda y acceder a créditos internacionales destinados a obras viales y de infraestructura educativa, estas últimas incorporadas a pedido del peronismo. Con ese escenario despejado, la prioridad pasa ahora a las propuestas vinculadas al desarrollo minero.
Cuatro proyectos en línea de largada
En un plenario de comisiones que incluyó la presencia de funcionarios de Energía, Ambiente y Minería, avanzaron los tratamientos simultáneos de:
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata.
Las DIA de los 27 proyectos de exploración del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II).
La creación del Régimen de Regalías Mineras.
La creación del Fondo de Compensación Ambiental.
La intención del oficialismo es emitir los despachos "lo antes posible" para llevar los cuatro expedientes juntos al recinto, según confirmó el presidente de Legislación y Asuntos Constitucionales, Franco Ambrosini.
PSJ Cobre Mendocino y los controles ambientales
El proyecto Cobre Mendocino prevé una inversión estimada de USD 560 millones en su etapa de construcción. Tendría una vida útil inicial de 16 años, ampliable hasta 27 años si las condiciones del mercado permiten reducir la ley de corte.
El Gobierno remarcó que la fiscalización ambiental se apoyará en herramientas como la Unidad de Gestión Ambiental (UGA-PSJ), un fondo socioambiental y un esquema de monitoreos participativos.
"Desde el punto de vista técnico, legislativo y ambiental no tenemos nada que envidiarle a Chile", señaló el director de Minería, Jerónimo Shantal.
Respecto de las observaciones del Ianigla sobre posibles áreas periglaciares vinculadas a MDMO II, la ministra Jimena Latorre aclaró que, ante la falta de un inventario nacional completo, se elaboró una guía específica para que los proponentes sepan qué información recabar, cómo reportarla y quién auditará esos datos. "Nos permitirá construir información conjunta", explicó.
Regalías mineras y Fondo de Compensación: el andamiaje normativo
El Gobierno busca establecer un régimen provincial de regalías alineado con la Ley Nacional 24.196. La iniciativa fija un tope del 3% del valor boca mina y obliga a las empresas a presentar declaraciones juradas trimestrales con datos productivos, técnicos y contables.
La distribución planteada replica el esquema hidrocarburífero:
88% para Rentas Generales.
12% para los municipios que adhieran a la norma.
En paralelo, el Fondo de Compensación Ambiental apunta a financiar acciones de remediación, saneamiento y reparación ante eventuales daños colectivos. Será administrado por el Ministerio de Energía y Ambiente y se nutrirá de multas, tasas, indemnizaciones judiciales, aportes, subsidios, donaciones, convenios y créditos nacionales o internacionales.