Un shopping que no se hará: Impiden a Cencosud continuar con un mall en Vitacura
La empresa dueña en Argentina de Super Vea, Makro, Jumbo y Easy considero "arbitraria" la decisión de rechazar el pedido de autorización para avanzar con la construcción. Cómo fue el proceso y por qué lo impiden.
Por 28 meses, el proyecto Centro Comercial Cenco Malls en Vitacura avanzó -con tropiezos- por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y las instancias de mitigación vial requeridas por la normativa. Pero la reciente invalidación del Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) cambió por completo el escenario.
La decisión de la Secretaría de Transportes Metropolitana, emitida el viernes pasado dejó al proyecto sin una autorización clave y abrió un nuevo capítulo de incertidumbre regulatoria. Con un IMIV anulado, la propia compañía calificó la iniciativa como "regulatoriamente inviable".
La historia reciente permite entender cómo se llegó hasta este punto. El proyecto inició su tramitación ambiental en julio de 2023, y un año más tarde -julio de 2024- logró la aprobación del IMIV Mayor, tras corregir observaciones técnicas. Sin embargo, la resistencia se consolidó en los meses siguientes. En octubre de 2024, cuatro juntas de vecinos de Vitacura solicitaron la invalidación del permiso por supuestos vicios de ilegalidad.
A ese frente se sumaron las municipalidades de Vitacura y de Huechuraba en, objetando principalmente los efectos viales en la zona de conexión entre ambas comunas. La tensión escaló en junio de 2025, cuando la "Seremi", la Secretaría de Transporte, decidió abrir un proceso de invalidación del IMIV.
Cencosud intentó frenar esa instancia, sin éxito. Luego, en septiembre de 2025, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, entregó un informe apoyando la solicitud de invalidación. Ese mismo mes, un oficio de la Conadi advirtió al SEA que el proyecto no había entregado antecedentes suficientes para descartar un eventual impacto a la Asociación Indígena Dheghn-Winkul.
Dos meses después, en noviembre de 2025 la Seremi cerró el proceso invalidando oficialmente la Resolución Exenta Nº 3512 que aprobó el IMIV.
"El proyecto se ha vuelto regulatoriamente inviable"
La compañía respondió con un comunicado donde aseguró que "Cenco Malls fue notificada de una resolución de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Transportes de la Región Metropolitana, la cual invalida el Informe de Mitigación de Impacto Vial de IMIV conjunto del proyecto 'Centro Comercial Cenco Malls en Vitacura y acceso terreno Holy Cross', que había sido aprobado en julio de 2024".
Además, criticó el fundamento de la autoridad: "La invalidación se basa en supuestos errores administrativos cometidos por la propia autoridad durante el proceso. Esta decisión no permite presentar instancias de revisión, lo que deja a la compañía sin opciones para revertirla".
"Esta invalidación, en la práctica, deja sin efecto el trabajo de más de un año realizado por cientos de especialistas y organismos del Estado durante la tramitación ambiental, que habían depositado su confianza en la estabilidad del IMIV aprobado, lo que representa una pérdida de recursos públicos"
La firma apuntó directamente a la Seremi, señalando que "a juicio de Cenco Malls, resulta lamentable que, luego de 16 meses de haberse aprobado un IMIV robusto y que no fue cuestionado por su idoneidad técnica, la Seremi de Transportes decida anularlo. La Seremi es la entidad que mejor conoce su propio procedimiento, por lo que resulta incomprensible que haya exigido contenidos adicionales al IMIV y luego haya utilizado esa misma circunstancia como argumento para invalidarlo".
Añadió que "el criterio aplicado es inédito y constituye una decisión arbitraria, con lo cual el proyecto de centro comercial en Vitacura, lamentablemente, se ha vuelto regulatoriamente inviable. El IMIV es un permiso clave para continuar con la evaluación ambiental del proyecto. Sin él, se pone en riesgo el avance del proceso ambiental y se retrasa un hito fundamental para que el proyecto pueda seguir adelante".
"Asimismo, la Compañía manifiesta su preocupación por la postura que adoptó la Municipalidad de Vitacura, que presentó argumentos y antecedentes para apoyar la anulación del informe, poniendo en entredicho un proyecto que ha sido desarrollado con los más altos estándares, que acogió valiosos aportes de los equipos técnicos de la Municipalidad y realizó un amplio relacionamiento con los vecinos del área de influencia, tanto en la Participación Ciudadana Temprana voluntaria como en la Participación Ciudadana formal". También resaltó que "esta invalidación, en la práctica, deja sin efecto el trabajo de más de un año realizado por cientos de especialistas y organismos del Estado durante la tramitación ambiental, que habían depositado su confianza en la estabilidad del IMIV aprobado, lo que representa una pérdida de recursos públicos".
Desde la autoridad regional entregaron su postura por escrito. Según indicaron a El Mercurio, "su decisión está basada en criterios técnicos y en estricto cumplimiento del marco regulatorio". Asimismo, manifestaron que "se reitera que tras la notificación de esta decisión, la empresa cuenta con un plazo legal de cinco días hábiles para presentar un recurso de reposición o jerárquico ante la Subsecretaría de Transportes".
Fuentes cercanas al proceso señalaron que la compañía tiene hasta este viernes para decidir si presentará dicho recurso. Según afirmaron a El Mercurio, "es lo más probable", considerando la extensión del proceso y que no tienen intención de desistir.
Cómo sigue el proceso
Con el IMIV invalidado, el foco se traslada al segundo informe de mitigación, aquel que -según especialistas- nunca recibió un pronunciamiento formal de la autoridad. Fuentes conocedoras explicaron a La Tercera que "lo que corresponde ahora es que la autoridad se pronuncie respecto del segundo informe, considerando que en su momento no lo hizo". La compañía advirtió en su comunicado que, con un IMIV anulado, el proyecto "se vuelve inviable desde el punto de vista regulatorio".
Sin esa autorización, la evaluación ambiental queda congelada, porque los servicios públicos competentes habían trabajado bajo la premisa de que el informe estaba aprobado. Quienes siguen la tramitación sostienen que, si la autoridad resuelve el segundo informe en un plazo breve, el retraso podría ser acotado. De lo contrario, el proyecto podría enfrentar meses de inmovilización.
El decano de Ingeniería y Ciencias de la UDP, Louis de Grange, advirtió que el trasfondo del conflicto es mucho más profundo que una disputa administrativa. Según explicó el expresidente del directorio de Metro a Emol, "todos los proyectos de este tipo se aprueban de la misma forma: en etapas sucesivas y ajustes de común acuerdo entre las partes. Quienes buscaron la invalidación del IMIV alegaron dos cosas fundamentalmente: primero, un tema administrativo, que se refiere a que la normativa permite solo una instancia de revisión/aprobación".
Detalló que "luego hubo IMIV 2 (que incluía las observaciones acordadas entre las partes), pero posteriormente de eso en una negociación en que los representantes del Estado exigieron más medidas de mitigación, y eso lo recogió el IMIV 3 ingresado final y que fue el aprobado". "Pero los abogados que representan a quienes se oponen al proyecto, alegaron que no puede existir un IMIV 3, porque sería una segunda instancia de correcciones. Es algo absolutamente Kafkiano", añadió. "Supongo y espero que Cencosud vaya a la justicia para hacer valer el Estado de derecho. No es posible que, por presiones de unos pocos que buscan mantener sus privilegios, y que influyen fuertemente en las decisiones del Municipio, se dilaten o incluso se impidan proyectos de este tipo. Eso habla mal de las autoridades y del funcionamiento del Estado", subrayó De Grange.
En tanto, Ángela Prado, subdirectora del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de los Andes, coincidió en que el caso revela un problema mayor. "Invalidar permisos que fueron tramitados y aprobados conforme a la normativa no solo profundiza la crisis de permisología: erosiona la confianza pública y debilita la institucionalidad que sostiene la planificación y el desarrollo urbano. La estabilidad regulatoria no es un detalle técnico, es un pilar del Estado de Derecho", señaló a Emol.