No es un caso, es una condena cotidiana

No es un caso, es una condena cotidiana

Autor: Mauricio A. Castillo . Docente- Tec. Univ. en Gestión y Administración en Inst. Públicas - Coach Laboral-Ejecutivo-Educativo.

Ya pasado el 19 de noviembre, y todavía transitando este mes, por cierto, cargado de abordajes de distintos temas que atraviesan nuestra humanidad; y ese día celebramos el Día del Hombre, y quizás paso inadvertido, el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, nos ponemos a tono y transmito mi sentir:

Frente al abuso: cuando el SILENCIO firma a favor del agresor.

En las aulas se habla de proyectos, competencias, innovación pedagógica, educación emocional. En los baños escolares, en cambio, se derrumba la parte del sistema que nadie quiere mirar: ahí están los chicos llorando solos, con la vida hecha pedazos y la sensación de que nadie va a hacer nada.

En un trabajo académico (análisis de caso hipotético) que sirve de base a este artículo, una docente encuentra a una adolescente de 14 años encerrada, quebrada, sin aire. No es un "día difícil", no es "cosas de la edad": es una chica abusada por su propio padre, desmentida por su madre, abandonada por los adultos que deberían ser su escudo.

Lo perturbador no es el caso en sí. Lo realmente inquietante es lo conocido que suena.

Porque esto no es excepcional; es cotidiano, y ahí está el punto: "cuando una situación tan grave ya nos resulta familiar, el problema no es el caso, es la cultura que lo tolera."

Los derechos escritos en ley, parecen despedazados en la vida real. En el papel, la niña está blindada:

Convención sobre los Derechos del Niño.Ley 26.061 de Protección Integral.En Mendoza, Ley 9054, Decreto Reglamentario 1187/18, Ley 9139.

Un compendio normativo impecable. Ningún país admitiría públicamente que no protege a sus chicos, como podemos apreciar y concluir que, lo jurídico está en orden.

Pero..., en la práctica, la adolescente del "caso" que se utiliza para analizar, vive otra película: El padre invade su intimidad, la toca, la somete. La madre elige creer que su hija "inventa". El hogar, que debería ser lugar de amparo, se convierte en escenario del delito.

El "derecho a la integridad física, psíquica y moral, el "derecho a una vida libre de violencia", el "derecho a ser escuchada y protegida" se convierten en letra muerta cada vez que un adulto prefiere no ver.

La distancia entre el texto legal y la vida real es el espacio donde se instala la violencia. Es ahí donde entran en juego la escuela, las familias y el Estado.

El famoso "interés superior del niño": todos lo nombran, pocos lo aplican.

En conferencias, capacitaciones y actos protocolares, el "interés superior del niño" es la estrella conceptual. Se lo cita como si fuera un un verdadero mantra o que se cumple al pie de la letra. Se lo imprime en banners, se lo repite en discursos.

Volviendo al "caso", en la vida de esta adolescente, en cambio, su "interés superior" perdió por goleada frente a otras prioridades:

El padre prioriza su poder.La madre prioriza la tranquilidad de no confrontar con su pareja.El entorno familiar prioriza la apariencia.

Y surge, aparece en escena, un actor tan real como el aire que respiramos; recién cuando la docente se detiene, escucha, contiene y decide actuar, la ley deja de ser un párrafo y se convierte en ese camino posible.

Y aquí vuelvo a detenerme y pienso que aplicar el interés superior del niño no es solo declamarlo; es tomar decisiones, y esas decisiones que resultan algo incómodas, pero en definitiva tomar riesgos:

1. Separar a la víctima del agresor, aunque eso implique ruptura familiar.

2. Activar equipos interdisciplinarios, aunque eso desordene escuelas y oficinas.

3. Creerle al chico, aunque eso arruine la imagen de un adulto "respetable".

El sistema dice que el niño es prioridad. La realidad indica que la comodidad adulta le gana demasiadas veces.

"La escuela": primera línea de fuego, última en recibir el respaldo.

La docente del caso hace lo que millones de docentes hacen todos los días: sostener emocionalmente lo que el sistema familiar y estatal desatiende. Pero en este caso, además, da un paso clave: "toma la palabra de la alumna como un hecho grave que exige acción, no como un drama pasajero."

El marco normativo de Mendoza es claro: La escuela no es un testigo mudo; tiene "obligación de denunciar". No "sugerencia", no "recomendación": "obligación".

Eso exige, "Escucha activa y contención"; sin interrogar ni desmenuzar el relato como si fuera una fiscalía, pero tampoco minimizando.

El registro objetivo de los hechos, intentando dar una información que debe ser pública, y especialmente de conocimiento del docente: Acta clara, concreta, sin opiniones ni adjetivos, describiendo lo que la alumna relató y cómo se presentó la situación, adjuntando solamente como documentación a esta acta, el certificado de nacimiento del alumno, alumna.

Y en forma inmediata la comunicación inmediata con los organismos competentes: Asesoría de Personas Menores e Incapaces, órganos administrativos de protección (como la OAL/ETI), equipos técnicos.

Suena razonable, casi obvio. Sin embargo, docentes y directivos muchas veces, dudan por miedo a equivocarse, temen represalias de la familia, no tienen protocolos claros ni acompañamiento real, sienten que si denuncian, "el lío les queda a ellos".

Y ésta es la parte incómoda para el sistema educativo: cuando la escuela no actúa, la violencia vuelve con el alumno a su casa todos los días, legitimada por el silencio institucional. Triste pero real, y sucede...

Los padres: el mito de que el peligro siempre está afuera, a quienes, parece que les conviene?, justifican?, se protegen? tener la idea de que el peligro está en la calle, en las redes, en "los demás".

A la hora de hablar de abuso sexual infantil y de adolescentes, la realidad es mucho menos cómoda: en una gran cantidad de casos, el agresor es parte del entorno cercano. A veces, el propio hogar.

En este caso hipotético, que refleja una realidad dolorosamente frecuente, la madre no solo no protege; traiciona, así de cruda su actitud.

Prefiere pensar que su hija "miente" antes que enfrentar la posibilidad de vivir con un abusador.

Para los adultos responsables, el mensaje es brutalmente simple:

El primer deber no es defender la estructura familiar, sino al niño.Negar el relato de un hijo que habla de abuso "no es neutralidad", es complicidad.
Proteger al agresor en nombre de "la familia" es sacrificar a la víctima, por una cuestión de imagen social.

Las leyes protegen a la niñez y adolescencia. La cultura, demasiadas veces, protege al adulto incómodo, otra realidad aún más cruda e injusta.

Ahora vamos por el o los funcionarios: derechos sin recursos son solo buenos discursos; en las normas, el sistema de protección integral es robusto. En la práctica, suele funcionar a medias:

Protocolos que nadie conoce o que se difunden a medias.Capacitaciones formales que se reducen a firmas en planillas y diapositivas olvidadas.Equipos interdisciplinarios saturados, mal pagos y desbordados.Escuelas que denuncian y después quedan solas frente a la presión territorial.

Se repite hasta el cansancio que la niñez es "prioridad de Estado". Si esa frase fuera cierta: "cada escuela" sabría exactamente qué hacer y con quién comunicarse ante una sospecha o un relato de abuso; "cada docente" tendría formación real, no solo normativa, para manejar estas situaciones; "cada caso denunciado" tendría seguimiento, trazabilidad y resultados visibles.

Cuando eso no pasa, el mensaje que el sistema envía es simple: tu dolor nos importa... hasta que implica presupuesto, trabajo sostenido y decisiones políticas impopulares.

El mínimo legal y el máximo ético, legalmente, la obligación es clara:

Docentes, directivos, profesionales de salud, funcionarios, todos forman parte de una red de protección que "debe" activarse ante el riesgo o la vulneración de derechos.

El deber ético va todavía más lejos: Un docente que escucha no puede "dejar la cosa ahí" para no complicarse. "Un directivo no puede tapar un caso para "cuidar la imagen de la institución". "Un funcionario no puede esconderse detrás de la burocracia cuando sabe que su demora mantiene a un chico en manos del agresor.

El trabajo académico que inspira este artículo lo resume de forma contundente: los derechos de la niñez y de la adolescencia "no se negocian". Lo que sí se negocia, una y otra vez, es el coraje adulto para enfrentarse al conflicto.

Este texto no pretende sensibilizar a nadie. A esta altura, el que no sabe, es porque no quiere saber. Pretende algo más, "dejar en evidencia que cada adulto tiene una cuota de responsabilidad frente a estas situaciones."

Los docentes y directivos no son terapeutas, pero sí son puerta de entrada al sistema de protección. Necesitan protocolos claros, respaldo institucional y formación. Y también decisión para actuar.

Los padres y madres, debemos tener en claro que la confianza con los hijos no se construye solo con abrazos, sino creyendo y actuando cuando algo es extraño, que llama atención, aunque eso implique denunciar a quien hasta ayer dormía en la misma cama.

Los funcionarios y equipos técnicos, considero que deben tener en cuenta que las normas que firman y los programas que anuncian se ponen a prueba en un solo lugar: en la vida concreta de niñas, niños y adolescentes. Si no se llega, todo lo demás es escenografía.

La adolescente del baño escolar no necesita un nuevo PowerPoint sobre derechos, necesita adultos que se la jueguen por ella.

Los derechos están escritos, lo único que debemos mejorar es esa voluntad de tomarlos con la seriedad y el compromiso real, para una sociedad más justa y sana.