Juicio contra YPF: víctimas de terrorismo buscan parar el argumento de "inmunidad soberana" de Argentina
Familiares de militares caídos en ataques respaldados por Irán se inmiscuyen en el pleito por los US$16.100 millones. Su objetivo: impedir que Argentina invoque la inmunidad soberana, temiendo que un fallo a favor del país afecte sus demandas contra Estados patrocinadores del terrorismo.
El multimillonario litigio internacional que enfrenta a Argentina por la estatización de YPF en 2012, con una condena en primera instancia de US$16.100 millones, ha tomado un rumbo inesperado. Lo que originalmente era una demanda comercial por la expropiación, podría sentar un precedente crucial sobre la inmunidad soberana de los Estados Unidos.
Un grupo de familiares de víctimas de terrorismo internacional en EEUU (incluyendo casos de ataques perpetrados por la Red Haqqani y al-Qaeda, organizaciones vinculadas a Irán), se ha presentado como amicus curiae (amigos de la corte) ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
El argumento clave: inmunidad y ejecución de sentencias
Estos demandantes civiles contra Irán buscan apoyar al fondo Burford Capital (que adquirió el derecho a litigar en nombre de los exaccionistas minoritarios Petersen e Eton Park) y, concretamente, derribar uno de los argumentos centrales de la defensa argentina: la inmunidad soberana del país en la estatización.
La preocupación de las víctimas de terrorismo radica en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). Sostienen que si la Corte le da la razón a Argentina y anula la orden de la jueza Loretta Preska (que exigía la transferencia del 51% de las acciones de YPF, o ADRs, en Nueva York), se podría debilitar el marco legal que permite a las víctimas hacer cumplir las sentencias obtenidas contra Estados patrocinadores del terrorismo. Buscan que la Corte ratifique que la inmunidad soberana no puede impedir el embargo o la ejecución de propiedades que han sido legalmente entregadas para cumplir con una sentencia en EE. UU.
La postura de Argentina: un caso comercial, no terrorista
La Procuración del Tesoro, que lidera la defensa del país, sostiene que la intervención de las víctimas de terrorismo es irrelevante para el pleito y no afectará el curso de la apelación.
El argumento argentino es que el escrito de los amici curiae se basa en una excepción de la FSIA diseñada exclusivamente para casos de terrorismo estatal, que ofrece herramientas de ejecución mucho más amplias. "El juicio que enfrenta la República Argentina no es un caso de terrorismo, sino que ha sido tratado por la justicia norteamericana como un caso bajo la excepción de inmunidad por actividad comercial," afirmó el organismo.
La Procuración concluye que la orden de Preska se basa en normas más restrictivas que exigen que los bienes estén físicamente en EE. UU. y se usen para actividades comerciales allí, por lo que intentar trasladar reglas de terrorismo a este ámbito "no aporta nada útil" a la apelación.
Así, el juicio por la expropiación de YPF, impulsado por el fondo Burford Capital tras la quiebra de las firmas de los Eskenazi, ahora se ve condicionado por las implicaciones geopolíticas y la lucha legal de las víctimas estadounidenses de ataques terroristas vinculados a Irán, un país con el que la Argentina ha endurecido su postura política.