Reversión confirmada: la provincia no renovó la concesión petrolera de Atamisqui

El Gobierno de Mendoza confirmó la caducidad de la concesión hidrocarburífera del área Atamisqui y rechazó de manera definitiva los recursos presentados por Petrolera El Trébol S.A., argumentando incumplimientos formales, técnicos y regulatorios. La decisión quedó plasmada en los Decretos 2431 y 2433, publicados en el Boletín Oficial, que ratifican que la empresa no cumplió con los requisitos para obtener una prórroga y validan el inicio del proceso de reversión del área a favor del Estado provincial. sin respaldo téc

La administración de Alfredo Cornejo sostuvo que la compañía presentó su pedido de prórroga fuera del plazo exigido por la normativa. Tanto la Ley Nacional 17.319 (modificada por la 27.007) como la Ley Provincial 7.526 establecen que la solicitud de extensión debe iniciarse con un mínimo de un año de antelación al vencimiento de la concesión.

En el caso del área Atamisqui, la concesión expiró el 7 de septiembre de 2025, pero la empresa presentó su pedido en septiembre de 2024, por lo que la Provincia consideró que el trámite fue iniciado de manera extemporánea.

Además del incumplimiento temporal, los dictámenes técnicos y jurídicos remarcaron que la documentación presentada no acreditaba el cumplimiento de las obligaciones previas del concesionario. 

Los informes internos de la Dirección de Hidrocarburos describieron un plan de inversiones insuficiente y carente de consistencia: la empresa proponía USD 1,68 millones para un período de diez años, una cifra considerada demasiado baja para sostener la operación y recuperar la declinación productiva del yacimiento.

Según los técnicos, el proyecto se limitaba a tareas de mantenimiento correctivo, sin contemplar nuevas perforaciones, actualización tecnológica ni acciones destinadas a aumentar la productividad del área. Incluso, se detectaron deficiencias de mantenimiento en las instalaciones, la planta de tratamiento de crudo y el sistema contra incendios.

Un proceso que ya estaba en marcha

La decisión del Ejecutivo no surge de un conflicto puntual, sino de un análisis administrativo iniciado a mediados de año. En agosto, el Ministerio de Ambiente y Energía -a cargo de Jimena Latorre- había emitido la Resolución 173/2025 rechazando la prórroga por las mismas razones: presentación fuera de término y plan de inversiones insuficiente.

Posteriormente, la Decisión Administrativa 21/2025 declaró concluida la concesión y autorizó el comienzo del proceso de reversión del área. Petrolera El Trébol apeló ambas decisiones, pero los decretos publicados esta semana rechazaron los recursos jerárquicos y ratificaron cada una de las medidas adoptadas.

Los dictámenes jurídicos también resaltaron que no existían argumentos para suspender los efectos de la caducidad, ya que la concesión se encontraba efectivamente vencida.

Qué implica la reversión del área

La reversión formal del área Atamisqui implica que el Estado provincial recupera la administración y control sobre los activos del yacimiento, lo que abre dos caminos posibles:

Asignación temporal a una empresa estatal o tercero encargado del mantenimiento, para garantizar la integridad de las instalaciones hasta la definición del destino final del bloque.

Llamado a un nuevo concurso o proceso de adjudicación, donde la Provincia pueda seleccionar un operador que presente un plan técnico y económico alineado con los estándares exigidos por la normativa.

Mientras tanto, la Dirección de Hidrocarburos continuará supervisando las condiciones de seguridad, el estado de las instalaciones y la transición hacia un nuevo esquema operativo.

El mensaje político y regulatorio

Para la administración provincial, el caso Atamisqui busca marcar un precedente: el cumplimiento estricto de los plazos y la consistencia técnica de los proyectos serán requisitos indispensables para la continuidad de cualquier concesión. En paralelo, la Provincia refuerza su postura de que la inversión y el mantenimiento adecuado son condiciones esenciales para sostener la actividad hidrocarburífera en un contexto de madurez de los yacimientos tradicionales.

Con los decretos publicados, el Gobierno cerró la vía administrativa y dio un paso más en el proceso de recuperación del área, a la espera de definir cuándo y cómo volverá a licitarla.